El 30 de septiembre, día de cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también finalizó el mandato del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, uno de los cinco mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021.

Desde el Artículo 1 del decreto, la Comisión se concibió como “un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria”.

Asimismo, su labor debería facultar investigaciones ministeriales, procesos judiciales, y movilizar las instituciones responsables de la atención a las víctimas. Estos fueron los cinco mecanismos de la Comisión: 1. Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). 2. Comité para el Impulso a la Justicia. 3. Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 4. Programa Especial de Reparación Integral y Compensación. 5. Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición.

 Informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico

Con motivo de la presentación del Informe del primer mecanismo, el MEH, por parte de los tres comisionados, Dávalos, Pérez-Ricart y Barrera, en la Universidad Iberoamericana León, el día 3 de octubre, condenso en esta columna unos comentarios sobre este trabajo.

Antes de todo, lo considero fundamental para la comprensión de la historia reciente del país desde la perspectiva de la lucha social y la construcción de memoria, a partir de la visión de víctimas y sobrevivientes, y de los derechos humanos como repertorio reivindicativo y campo contencioso.

Dentro del MEH, las personas comisionadas resolvieron dividirse en dos equipos de trabajo e hicieron públicos los resultados de sus investigaciones entre agosto y septiembre pasados.

Tres años de trabajos de campo, investigación documental y hemerográfica, pesquisa en archivos y dependencias, entrevistas y visitas, foros con víctimas y sobrevivientes, finalmente se materializaron en un informe con dos partes.

Una, titulada “Verdades innegables: Por un México sin Impunidad”, fue coordinada por la investigadora Eugenia Allier y se centró en la violencia de Estado contra cuatro grupos de víctimas de la represión: organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles, disidencias laborales-sindicales, organizaciones para la defensa de los derechos humanos y de familiares de las víctimas (o “redes de apoyo contra la represión”).

La otra, titulada “Fue el Estado (1965-1990)”, fue coordinada por David Fernández Dávalos S.J., exrector de la Universidad Iberoamericana, Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Carlos A. Pérez-Ricart, investigador del CIDE, identifica once conjuntos más de víctimas de la represión estatal: Comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia; Poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; Habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; Personas marginalizadas y criminalizadas; Integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; Disidencias político-partidistas; Movimientos urbano-populares; Disidencias sexo genéricas; Disidencias religiosas; Periodistas; Personas refugiadas guatemaltecas.

Gobernación

Cabe destacar que los tres comisionados presentaron y siguen presentando su trabajo ante la sociedad y las víctimas, sin embargo, no ha habido como tal un acto de entrega al ahora expresidente López Obrador.

Más bien, este acto fue sustituido, de alguna manera, por la divulgación, por parte de la Secretaría de Gobernación, presidida por Arturo Medina Padilla, de un resumen ejecutivo de todos los informes de los varios mecanismos, del cual fueron excluidos hallazgos y secciones significativas del trabajo del propio MEH.

El documento incluso dedica algunos apartados a señalar a los autores por haber incorporado una temporalidad qué excede el periodo 1965-1990. Además, se excluyeron del resumen ocho de los once conjuntos de víctimas identificados por el MEH.

“Omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal. Es un intento por borrarlas de la historia nacional”, expresaron los tres comisionados en un comunicado.

Lo anterior restó al Informe una parte de su impacto político y oficialidad, por así decirlo, por lo que los autores han invitado a realizar una apropiación social de su contenido y una agenda basada en sus recomendaciones finales al Estado mexicano.

Su propósito es, de hecho, que el ejercicio de memoria y verdad no termine, sino que se conforme como “un punto y seguido en la lucha incansable que los colectivos de víctimas y familiares han mantenido por décadas, en aras del derecho a la memoria, la verdad, la no repetición, la reparación y la justicia”.

De lo que se trata, pues, es de abrir procesos de justicia transicional a partir de este diagnóstico, de las recomendaciones y de la labor de la Comisión de la Verdad.

Entre las fallas del proceso, que nos deben llevar a una reflexión útil para eventuales futuras experiencias de este tipo, los comisionados han señalado, asimismo: la falta de voluntad política para apoyar sus labores en tramos críticos; el fracaso del eje de justicia y circunstancias que orillaron a la renuncia de dos de los integrantes del Comité de Impulso a la Justicia; el desmantelamiento del equipo de investigación sobre Guerra Sucia de la Comisión Nacional de Búsqueda; la ausencia de apoyo para dar curso a la iniciativa de Ley de Memoria y la formación de un Centro Nacional de Memorias; la ineficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que carece de facultades y recursos; la cerrazón de SEDENA en la entrega de documentos; la falta de claridad presupuestal y formas de injerencia desde Gobernación que entorpecieron el trabajo de investigación y orillaron a la renuncia de una de las comisionadas.

Sobre el Informe “Fue el Estado”

Cada volumen de la obra redactada por el MEH responde una pregunta específica en aras de aportar a la construcción de la verdad y de una narrativa distinta de la que típicamente se ha venido manejando sobre el periodo de la llamada “Guerra Sucia” o, mejor dicho, de la época de la contrainsurgencia en México.

¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué sigue pasando? ¿Cómo evitar que siga pasando? Estas son las preguntas que, con su dimensión profundamente política, ética e histórica, han guiado la redacción del texto.

El InformeInforme, entonces, va hilando relatos y documentos sobre graves violaciones a derechos humanos, cometidas en contra de numerosos conjuntos de víctimas durante la “guerra sucia” y, en ciertos casos, hasta el presente. Luego los va relacionando con el análisis de las causas y del perfil de los perpetradores, ya sea individuales o institucionales, y con los factores de persistencia y las recomendaciones finales.

El Informe “Fue el Estado” se alimenta de un esfuerzo constante de diálogo entre pasado, presente y futuro con el fin de articular una narrativa distinta a la tradicional sobre las graves violaciones a los derechos humanos en México en el siglo XX, pero también sobre la persistencia de la violencia en el presente y las posibilidades para el futuro.

Los autores dicen que “fue el Estado”, citando el propio texto, “porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente”.

Desde el Estado, escriben, “se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia, en aras de mantener una supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios. Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas sólo significó una vuelta de tuerca más en esta larga historia de represión”.

Igualmente, sostienen, “fue el Estado quien, por su acción, omisión o aquiescencia, permitió la comisión de violaciones graves a derechos humanos; fue quien les negó la justicia a las víctimas, y a quien ahora demandamos la no repetición”.

Según el Informe, “entre 1965 y 1990 México vivió años aciagos”.

Un Estado, definido como “autocrático” y “violento”, llevó a cabo una política contrainsurgente, socavando el estado de derecho y violando derechos humanos de manera sistemática y generalizada.

Luego, desde la década de 1990, “con el desgaste de la lógica del enemigo interno, el Estado encontró en la guerra contra las drogas justificación para su acción contrainsurgente”. Pero, “esto es rastreable incluso desde antes del final de la Guerra Fría con las violaciones graves a derechos humanos cometidas desde inicios de 1970 en Sinaloa dentro del combate contra el cultivo de enervantes hasta nuestros días”.

Contrainsurgencia ampliada

De hecho, para explicar la violencia actual y el nuevo papel del Estado en ella, investigadoras y activistas como Dawn Marie Paley y Raquel Gutiérrez hablan de “contrainsurgencia ampliada”.

Entiendo el concepto como un dispositivo, un mecanismo, una extensión quizás más reticular y difusa, pero no menos efectiva y disruptiva, de lo que conocíamos como “contrainsurgencia” durante la llamada “guerra sucia”, en el contexto internacional de la Guerra Fría.

En cambio, en el marco actual de la globalización neoliberal, de las políticas neoextractivistas y de la narrativa tóxica de la “guerra a las drogas”, la contrainsurgencia se amplía.

Es decir, se despliega en múltiples dimensiones y sentidos: en el tiempo, en el espacio, en las formas, en los motivos y fines, en los actores-perpetradores, en los actores-omisos y, finalmente, en conjuntos heterogéneos y cambiantes de condiciones de posibilidad y reproducibilidad.

El detenido-desaparecido, como figura y objeto de la represión en el siglo XX en México, el Cono Sur y otros países latinoamericanos, se transfigura en las y los desaparecidos invisibilizados de la llamada “narcoguerra” y de una violencia que es privatizada, terciarizada y autorizada por el Estado en el siglo XXI.

La importancia del Informe del MEH, es, entonces, para el ayer y para el hoy: como reitera el texto, “los vasos comunicantes entre todas esas violencias muestran un tejido imbricado”, el cual no tiene fecha de inicio y de fin, sino continuidades y evoluciones hasta el tiempo presente.

En efecto, anteriormente, “cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”, explica el Informe.

El Estado trató de legitimarse en la construcción discursiva de un enemigo interno, siguiendo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional de cuño estadounidense. A partir de estas doctrinas y narrativas, el Estado “reprimió, persiguió, castigó, y en otros casos cooptó, a disidencias políticas que anhelaban un país más justo y democrático”.

Si bien, hoy en día, ya no se habla del “comunista” o de reprimir a “las disidencias”, podemos sustituir estas palabras y “enemigos” con otras como “narco” o “juventudes” y obtenemos el mismo resultado, la afirmación funciona igual en el primer cuarto del siglo XXI. También podríamos sustituir la Doctrina de la Seguridad Nacional de ayer con la Guerra al Terror o la Guerra a las Drogas de hoy.

Hacia una nueva narrativa

En conjunto, el Informe de esclarecimiento histórico inaugura una nueva narrativa sobre este periodo de nuestra historia, al mostrar que no fueron sólo tres sino, cuando menos, catorce grandes conjuntos de víctimas los que sufrieron directamente la violencia estatal en un marco contrainsurgente, yendo más allá de la idea de que ésta sólo se había cometido contra militantes políticos o movimientos sindicales y campesinos.

Ante el cierre de los canales institucionales y pacíficos para las reivindicaciones populares y democráticas, la respuesta estatal se conformó como “un campo de acción que consintió y hasta promovió que distintos actores públicos, privados y extralegales activaran las fuerzas del Estado para fines particulares —políticos y económicos— y gestionaran conflictos locales y comunitarios de diversa índole”, relata el Informe.

Un gran aporte para entender la violencia es que “la participación reticular de una variedad de actores responsables nos muestra que, dentro de la sistematicidad de las violaciones, convivieron tanto mecanismos verticales y centralizados como espacios descentralizados y contingentes”, todo ello mediado por lógicas y niveles de represión distintos del nacional y anclados de forma no homogénea a los ámbitos internacionales y locales.

Por ejemplo, lo que sucedió en Guerrero fue diferente de lo que aconteció en Chihuahua o Sinaloa, además de que las violencias y el papel del Estado, desde luego, fueron evolucionando desde los años 60 a los 80 y 2000

De la “guerra sucia” a la “guerra a las drogas”

Un aprendizaje importante del trabajo del Mecanismo es que la puesta en práctica de técnicas y tácticas de represión del siglo pasado tiende un puente con el presente, en el sentido de que se han reproducido aquellas formas de la violencia dentro de épocas, territorios y paradigmas distintos.

Refiere el texto que “la guerra contra las drogas, como nuevo articulador, tomó la estafeta reorganizando la violencia estatal en torno a un nuevo eje ideológico: la militarización de la seguridad pública y la securitización de una amplia gama de problemas públicos”, en donde “el enemigo interno de perfil comunista fue desplazado por las figuras del cártel y el capo” y “el combate al narcotráfico se convirtió en la nueva justificación para el despliegue e intervención de lo militar en la vida pública”.

No obstante, esto no significó la inexistencia de nuevos planes contrainsurgentes, al estilo de la Guerra Fría, bien entrados los años 90, como lo demuestra el caso de Chiapas después de la insurrección zapatista.

Los patrones de control social, de violencia estatal, de impunidad pactada y de corrupción e inercia institucional no terminan por ley o por un recorte del objeto de estudio.

Entonces, citando el Informe, “un ejercicio de verdad asume que la pregunta por el pasado reciente es también una pregunta por el presente”. Por ello, en el reporte “Fue el Estado (1965-1990)” se abordan factores de persistencia de la violencia estatal hasta la actualidad.

El caso relativamente exitoso de construcción democrática en los países del Cono Sur, después de las dictaduras militares, nos muestra que, de no haber procesos profundos de justicia transicional y de reforma de policías, fuerzas armadas, fiscalías y poder judicial, difícilmente una sociedad puede transitar hacia la pacificación y la reconciliación.

Hacia adelante

Como parte de la academia y de la sociedad, no puedo no expresar agradecimiento, primeramente, a quienes rindieron los testimonios y participaron en este ejercicio de memoria, dejándonos un legado invaluable, así como también a los autores y la autora del Informe y sus equipos de investigación.

Celebro que no claudicaron, pese a la reticencia o, en ocasiones, a la franca obstrucción del Ejército a la libre y completa consulta de los documentos en sus archivos.

Gracias también por hacer lo posible con el fin de cumplir con su acometido y lograr entregar el Informe, a pesar de que el mecanismo estuviera fincado en la Secretaría de Gobernación, lo cual, en efecto, originó varias críticas y problemáticas a lo largo de todo el proceso y, especialmente, en sus fases finales.

Se valora, asimismo, que la escucha de las víctimas y sobrevivientes, de sus cuestionamientos y testimonios, públicos y privados, haya estado en el centro del trabajo, pensado desde y para todos ellos y ellas, así como para la sociedad en su conjunto.

Se agradece el hecho de que el MEH decidió pasarse, extenderse, más allá de los límites temporales del periodo 1965-1990 y más allá de los límites de la narrativa clásica sobre aquella época, cuyos efectos aún vivimos, sorteando presiones burocráticas, formalistas o políticas. Al abrir la mirada, se pudieron identificar conjuntos distintos de víctimas de la represión y plantear hipótesis razonables sobre la persistencia de la violencia posterior a 1990.

Gracias por tejer hechos y palabras, imágenes y documentos, en un horizonte de sentido coherente que nos permite entender, interpretar y empatizar. Esto, para abonar a la no repetición de los crímenes, e inaugurar caminos de sanación de las heridas sociales heredadas y persistentes.

Si bien otros mecanismos de la Comisión de la Verdad no culminaron o no dieron los resultados esperados, el MEH ha podido indicar caminos y recomendar medidas consecuentes, encaminadas a reconocer agravios y conflictos, a encarar sus consecuencias, a retomar el debate público y político al respecto y a retomar procesos de justicia transicional. Me parece que, de esta forma, se mantiene viva la discusión e indómita la memoria de injusticias invisibles u olvidadas dentro de una historia que es y está presente.

El Informe nos da un marco de entendimiento más profundo y extenso a la vez, aprovechable desde la universidad, el periodismo, la política y la militancia, desde distintas disciplinas y enfoques, desde varias geografías, diferentes territorios y personas, dentro y fuera de México.

Gracias al Informe, por cómo ha sido construido y por lo que contiene, nos acercamos colectivamente a verdades que, si bien no pueden ser únicas o definitivas, sin embargo, constituyen piezas fundamentales, antes relegadas en las sombras del olvido y del silencio, para por lo menos vislumbrar rutas de justicia y paz.

Cabe reconocer que la sección de recomendaciones, incluida en el primer volumen, propone una agenda densa y puntual de medidas desglosadas por autoridad y por área de intervención.

Finalmente, esto plantea, en mi opinión, que la discusión y apropiación del Informe y su proceso son tareas urgentes en los epicentros actuales de la violencia, como el estado de Guanajuato, desde donde escribo, pues cada una de las recomendaciones y contextos analizados concierne nuestra actualidad y realidad, particularmente a entidades y municipios, grupos sociales, políticos, empresariales, académicos y eclesiales, entre otros, comprometidos con la construcción de paz.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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