La Ministra Esquivel Mossa argumentó que la SCJN no tiene competencia para revisar el texto de la reforma, al ser un ejercicio soberano del Congreso de la Unión, por lo que propuso desechar las solicitudes.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron este martes sus tres proyectos de resolución a las peticiones de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre las controversias que interpusieron para suspender la aplicación de la Reforma Judicial.
Esquivel presentó tres proyectos de resolución a las peticiones de integrantes del PJF, en los que se solicitó el análisis del contenido de la Reforma al Poder Judicial recientemente aprobada.
En estos proyectos, la Ministra Esquivel Mossa argumentó que la SCJN no tiene competencia para revisar el texto de la reforma, al ser un ejercicio soberano del Congreso de la Unión, por lo que propuso desechar las solicitudes.
La Ministra determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial no tiene facultades para revisar el contenido de la propia Constitución.
Por su parte, Juan Luis Alcántara Carrancá también presentó un proyecto para analizar la petición de otros integrantes del Poder Judicial, quienes solicitaron examinar el dictamen del decreto de reforma. En dicho asunto, se propone reencauzar la vía a la fracción XVII del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
Los proyectos serán discutidos por el pleno de la Suprema Corte el próximo 3 de octubre.
Ayer, en un hecho sin precedentes, una Jueza federal ordenó que fuera eliminada del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación mediante la cual quedó decretada el pasado 15 de septiembre la Reforma Judicial. Esto debido a que, a su parecer, hubo violaciones en el procedimiento de su aprobación.
La responsable de emitir dicha orden fue Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, quien tomó la decisión de conceder una suspensión definitiva a raíz de una solicitud presentada por una trabajadora del PJF.
De acuerdo con el fallo emitido por la Jueza, una de las violaciones en el procedimiento recayó en el hecho de que el dictamen de reforma “no fue discutido ni votado por la Cámara de origen dentro del plazo máximo de 30 días naturales a partir de su presentación”, por lo que el proceso legislativo se realizó caducamente.
El pasado 18 de septiembre, Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), abrió una nueva consulta con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si es procedente una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) interpusieron para suspender la aplicación de la Reforma Judicial, ya firmada y publicada por el Ejecutivo.
La Ministra presidenta de la Corte solicitó esta consulta para revisar el cumplimiento cabal del procedimiento legislativo que aprobó la Reforma Judicial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; así como su “contenido material”.
La consulta fue turnada como asunto urgente a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien debe presentar los proyectos al pleno para su discusión.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el domingo 15 de septiembre el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma constitucional al Poder Judicial, que fue aprobada tanto en el Congreso como en la mayoría de las legislaturas locales.
La Reforma Judicial incluye cambios importantes, como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la eliminación de la pensión vitalicia para los integrantes del máximo Tribunal y la elección de jueces y magistrados por voto popular a partir de 2025.
El Senado de la República y la Secretaría de Gobernación (Segob) también anunciaron la publicación de la Reforma Judicial, que entrará en vigor el 16 de septiembre de 2024 y representa el último paso en el proceso legislativo de esta importante modificación constitucional.
