El Ejército se ha convertido en un punto de quiebre entre los padres y madres de los 43 estudiantes y el Gobierno federal. En la décima conmemoración de los hechos, los familiares se presentan en abierta confrontación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente representó una luz de esperanza para ellos. Sin embargo, ahora sienten decepción al señalar que el mandatario ha lavado la cara a las fuerzas castrenses.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las evidencias y múltiples informes elaborados han evidenciado que el papel del Ejército, tanto durante como después de la desaparición de los normalista ha seguido el mismo patrón: falsedades y ocultamiento de la verdad.
Los familiares de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 reprochan que las fuerzas armadas han simulado entregar información sobre el caso. A pesar de que existe un mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador para proporcionar todos los datos relevantes que pudieran ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, a decir de los padres y sus asesores, el Ejército no ha cumplido con esta exigencia. Por el contrario, los padres aseguran que, a pesar de que las fuerzas armadas afirman haber entregado toda la información en realidad hay evidencia que indica lo contrario.
La actitud del Ejército de ocultar e incluso falsear información se hizo evidente desde el principio. El General Salvador Cienfuegos – quien fuera detenido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado y luego absuelto en México tras la intervención del Gobierno de López Obrador– aseguró en ese momento que el Ejército no tuvo ninguna relación ni responsabilidad en la Noche de Iguala. Sin embargo, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad contradicen esta afirmación.
Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, además de negar la participación del Ejército, se opuso a la apertura de los cuarteles durante su gestión en la Sedena y advirtió que no permitiría investigaciones sobre miembros de las fuerzas armadas. En octubre de 2015, justo cuando la Marina manipuló el basurero de Cocula, el General Cienfuegos Zepeda afirmó que los militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas.
A lo largo de los años, los militares han modificado sus declaraciones, ocultando información clave sobre su participación y conocimiento de los hechos. En el sexto informe del GIEI se expone que las versiones proporcionadas por el personal del 27 Batallón de Infantería y la Sedena, desde los primeros testimonios en 2014 hasta los más recientes, están marcadas por inconsistencias. Las declaraciones iniciales en 2014 eran vagas y carecían de detalles.
Además, la Sedena ha ocultado un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, a pesar de que hay indicios que sugieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y que incluso podría ayudar a esclarecer lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.
Actualmente, las familias sostienen que entre los documentos pendientes y que el Ejército no ha entregado se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que ya operaba en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos; pero el ocultamiento y la alteración de información han sido prácticas sostenidas por el Ejército desde el mismo día de los hechos, según los informes presentados.
Desde los primeros meses tras los hechos de Iguala, el Ejército analizó comunicaciones y tomó declaraciones a miembros del 27 Batallón de Infantería, incluyendo al comandante y otros oficiales presentes esa noche. Documentos descubiertos por el GIEI indican que hubo sanciones internas y apercibimientos al comandante del batallón, así como reconocimiento de omisiones por parte de otros oficiales durante la noche de los incidentes.
A pesar de estas evidencias documentales que demuestran la existencia de sanciones, como el arresto del Capitán Crespo por ocultar información, la Sedena negó haber realizado investigaciones internas. En un oficio de abril de 2021, se afirmó que no existía registro de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, lo que contradice los documentos hallados por el GIEI que evidencian acciones disciplinarias en el 27 Bartallón de Infanteria.
Otro ejemplo es que la Justicia Penal Militar (JPM) tomó un total de 64 declaraciones de 43 militares, y de acuerdo con informes, el Ejército también ocultó estas acciones, afirmando que no había investigaciones pertinentes relacionadas con los hechos de Iguala. Además, el GIEI solicitó las declaraciones de civiles que atendieron a los sobrevivientes, como enfermeras y médicos, pero estas tampoco fueron proporcionadas.
El último informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, coincide con los reportes del GIEI que desmantelan la versión del Ejército. Los militares no solo tuvieron conocimiento de lo que ocurrió esa noche, sino que también tenían la responsabilidad de actuar, dado que uno de sus soldados, Julio César López Patolzin, estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos, con al menos dos años de vinculación con ellos.
EL EJÉRCITO ANTES Y DURANTE LA DESAPARICIÓN
Las investigaciones del Caso Ayotzinapa han dejado claro que el Ejército sabía mucho más de lo que ha admitido sobre lo ocurrido la noche de Iguala, y que a lo largo de esta década ha ocultado información relevante.
Para entender el comportamiento del Ejército durante el ataque a los estudiantes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, es necesario considerar dos condiciones previas clave, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): la colusión con el crimen organizado y una perspectiva contrainsurgente hacia los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
La colusión de militares con integrantes del crimen organizado, particularmente con el grupo Guerreros Unidos, se evidenció en la investigación sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago. Escuchas telefónicas realizadas durante el proceso judicial contra Pablo Vega y otros en 2014 demostraron vínculos entre mandos militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería de Iguala y este grupo delictivo, según informes del GIEI.
Estas conversaciones también revelaron que Guerreros Unidos mantenía relaciones económicas con varios militares, quienes recibían pagos periódicos para facilitar las operaciones del grupo delictivo. Esta situación podría explicar, según la hipótesis del GIEI, la inacción del Ejército y su falta de protección a los jóvenes, a pesar de contar con información sobre los riesgos que enfrentaban desde las 18 horas del 26 de septiembre. La simulación de actuación del 27 Batallón durante esa noche, cuando supuestamente llegaron después de los ataques, se suma a un patrón de ocultamiento y desvío de la atención sobre su responsabilidad en la protección de los estudiantes.
Además, el GIEI reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó comunicaciones que evidencian la relación entre Guerreros Unidos y personal militar, específicamente con el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández. Esta conexión incluye a autoridades municipales y policías locales, y se extiende hasta el acceso del grupo criminal a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y a informes de los Centros de Comando (C4).
Otro aspecto destacado sobre la Sedena es el seguimiento contrainsurgente que mantenía hacia la Escuela Normal Rural. La inteligencia militar de la Sedena había establecido a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa como un objetivo de vigilancia, justificando esta acción bajo un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los jóvenes fueron monitoreadas por agentes de inteligencia infiltrados. Documentos de la Sedena, estudiados por el GIEI y la Comisión de la Verdad (Covaj), muestran el nivel de detalle de estos informes y el enfoque específico en individuos y actividades de los normalistas.
Por ejemplo, el GIEI documentó que los estudiantes de Ayotzinapa eran objeto de seguimiento por parte de las autoridades militares desde años antes de su desaparición y que contaban con un soldado infiltrado: Julio César López Patolzin, quien había estado con los normalistas durante al menos dos años.
Informes de la Comisión de la Verdad también confirman que todas las corporaciones—Ejército, CISEN, Policía Federal y Estatal—mantenían un seguimiento en tiempo real de las actividades de los normalistas. El informe más reciente de la Comisión de la Verdad establece que el soldado Julio César López Patolzin había estado infiltrado en el grupo de normalistas durante al menos dos años como parte de este entramado de espionaje. Su labor consistía en informar sobre asambleas y actividades de los estudiantes, con el conocimiento de su superior, el teniente Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. A pesar de su compromiso con el Ejército, Julio César fue abandonado a su suerte el día de la desaparición, en un claro incumplimiento de la obligación de la Sedena de proteger a su personal.
Por lo tanto, el Ejército tenía conocimiento en tiempo real de los acontecimientos de esa noche. La intervención en comunicaciones telefónicas de Guerreros Unidos durante la desaparición de los normalistas, donde se discutía el paradero de los jóvenes, demuestra el grado de vigilancia y control que ejercían las fuerzas armadas.
El GIEI también reveló que la Sedena se apoyó en una empresa que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones clave el día de la desaparición. Elementos militares llevaron a cabo al menos dos intervenciones entre Guerreros Unidos y autoridades municipales, analizando 17 mil documentos de archivos militares que corroboran la participación del Ejército en la tragedia de Ayotzinapa.
TRAS LA DESAPARICION
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Los jóvenes habían viajado a la ciudad para tomar autobuses y participar en la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. Esa noche dejó un saldo trágico con la muerte de seis personas, entre ellas tres estudiantes, y varios heridos graves, como Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano, quien permanece en estado vegetativo.
En los primeros días, la investigación fue liderada por autoridades estatales bajo el entonces Gobernador perredista Ángel Aguirre, debido a la falta de intervención federal. Esta negligencia inicial impidió el seguimiento adecuado de las pistas. Cuando el gobierno federal tomó el caso, lo trató como un secuestro por delincuencia organizada y presentó una versión en la que los 43 estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos en el basurero de Cocula, una narrativa conocida como la «verdad histórica».
Sin embargo, los padres de los desaparecidos, junto con expertos, rechazaron esta versión debido a la falta de pruebas científicas y las inconsistencias en la investigación. En noviembre de 2014, una marcha multitudinaria en Ciudad de México reflejó el descontento social y la desconfianza en la versión oficial. La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivó en la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que aportó nuevos elementos al caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) jugó un papel clave en el cuestionamiento de la «verdad histórica» presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que aseguraba que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula. El GIEI demostró que esta versión no era científicamente viable, lo que abrió nuevas líneas de investigación, pero también provocó tensiones con las autoridades, especialmente con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
A lo largo de su investigación, el GIEI solicitó entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero la PGR y la SEDENA bloquearon constantemente estas peticiones. El GIEI continuó su trabajo hasta abril de 2016, cuando el Gobierno de Peña Nieto les impidió seguir investigando. Para entonces, ya habían logrado avances significativos, pero la administración optó por «administrar» el caso, sin profundizar en nuevas investigaciones. Entre 2016 y 2018, la verdad histórica se mantuvo como la versión oficial, a pesar de las crecientes evidencias que la desmentían. El trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue clave en ese período, publicando un informe titulado «Doble Injusticia», que señalaba la tortura como una práctica sistemática en el caso Ayotzinapa.
En 2018, ante la evidente alternancia en la presidencia, los padres de los desaparecidos interpelaron al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo que reabriera la investigación. Con la llegada de López Obrador al poder en diciembre de 2018, surgieron nuevas esperanzas. Al asumir la presidencia, López Obrador prometió tomar el caso y que se encontraría la verdad.
En el nuevo periodo de investigación del GIEI, tras la invitación del nuevo gobierno mexicano ante la llegada de AMLO , el GIEI señaló al presidente de México la importancia de contar con informaciones de SEDENA, revisar archivos y documentos de la institución.
El 4 de diciembre emitió un decreto el 4 de diciembre de 2018 que reabría el caso, dando esperanzas a los padres y nuevos bríos. Santiago Aguirre, explicó que esa nueva etapa, bajo la administración actual, se caracterizó por tres pilares: un mandato claro y la Comisión para el Acceso a la Verdad, la designación de un fiscal de confianza, Omar Gómez Trejo, y el regreso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que había sido clave en desmentir la versión oficial del «basurero de Cocula» y que prácticamente había sido expulsado en la administración anterior.
La creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) como cuerpo autónomo e independiente, prometía avances significativos. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación después de 2019, esta autonomía e independencia se vieron socavadas, especialmente a partir de que su fiscal Omar Gómez obtenía mayor evidencia.
A pesar de los obstáculos, el GIEI reveló en 2022 que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía en tiempo real la noche de la desaparición, gracias a la intervención de comunicaciones de Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado. En septiembre de 2022, los expertos independientes revelaron que el Ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala porque durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y “de dónde había que mandar a los jóvenes”. En ese mismo mes, se presentó el último informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, que coincide con los reportes del GIEI que desmantelan la versión del Ejército Los militares no solo tuvieron conocimiento de lo que ocurrió esa noche, sino que también tenían la responsabilidad de actuar, dado que uno de sus soldados, Julio César López Patolzin, estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos, con al menos dos años de vinculación con ellos.
Un otro avance relevante fue que el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, encontró y recuperó evidencia crucial proveniente de autoridades estadounidenses: registros de chats de BlackBerry entre miembros del grupo Guerreros Unidos, en los que describían abiertamente sus vínculos con el Ejército y otras autoridades mexicanas, evidenciando una profunda corrupción. Estos chats revelaron la corrupción y complicidad entre los narcotraficantes y autoridades locales y federales, incluyendo elementos del Ejército. Sin embargo, cuando la investigación llegó a estas pruebas cruciales, el apoyo político comenzó a menguar.
Estos avances provocaron una fuerte reacción en contra. A los pocos meses de encontrar esta evidencia, el fiscal Gómez Trejo se vio obligado a renunciar, y el GIEI también dejó la investigación en julio de 2023 denunciando la falta de cooperación, en particular la retención de documentos militares clave.
El 31 de julio de 2023, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes dejó la investigación y ese mismo día lanzó un último mensaje en el que reiteró que la documentación entregada por la Sedena y la Semar corrobora la existencia de más información sobre la detención y el traslado de los 43 estudiantes, la cual les ha sido negada.
En junio de 2023, ocho militares fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, en agosto de 2023, el coronel Rafael Hernández Nieto, quien ocupaba el segundo cargo de mayor rango entre los militares detenidos, fue liberado para enfrentar su proceso bajo prisión domiciliaria, generando controversia.
En agosto de 2023, las madres y padres de los 43 interpusieron una demanda de amparo para exigir la entrega de documentos clave que el Ejército ha ocultado. En septiembre de ese mismo año, el Poder Judicial ordenó que estos documentos no sean destruidos, pero la tensión entre los organismos de derechos humanos y el gobierno persiste.
Desde entonces, la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha centrado en proteger al Ejército, acusando a organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), de querer “manchar” y “descalificar” la investigación que realiza el Gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
Para finales del 2023, la investigación ya estaba en una crisis. La salida de funcionarios comprometidos y la falta de transparencia en el manejo del caso llevaron a los padres a la desesperación. A pesar de ello, los padres y madres de los 43 se mantienen firmes en su exigencia de justicia, continuando con sus marchas mensuales y su lucha incansable.
En este 2024, las esperanzas de los padres se han visto empañadas por un deterioro en la situación del caso. El nuevo equipo en el gobierno mostró signos de ineficacia y falta de compromiso, según denunciaron. Las familias fueron notificadas sobre un informe enviado por el Ejécito que, lejos de avanzar en el esclarecimiento del caso, parecía más un intento de limpiar la imagen del ejército y sus responsabilidades. A pesar de los esfuerzos por mantener el diálogo, la desconfianza aumentó y los padres decidieron continuar sus marchas mensuales.
ACOSO A ALEJANDRO ENCINAS
Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión de la Verdad, sufrió hostigamiento judicial por parte del Ejército tras presentar en agosto de 2022 un informe donde afirmó que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado. En dicho informe, señaló la participación de Guerreros Unidos y de agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, incluyendo al Ejército y la Marina.
El Ejército aumentó la presión, sobre todo tras las órdenes de aprehensión del 21 de septiembre de 2022 contra el General José Rodríguez Pérez y dos militares más. Rodríguez Pérez fue acusado de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, mientras que el Capitán José Martínez Crespo y el Sargento Eduardo Mota Esquivel enfrentaron cargos por la desaparición forzada de los 43 normalistas. Rodríguez Pérez comandaba el 27 Batallón de Infantería de Iguala.
En septiembre de 2022, Encinas aseguró que no sufrió presiones ni acoso por parte de la FGR ni del Ejército en relación con la investigación de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa. Sin embargo, en ese mismo mes, los abogados de cuatro de los militares implicados acusaron a la Secretaría de Gobernación de presentar pruebas falsas y pidieron el cese de la manipulación de las investigaciones.
En noviembre de ese año, tras el anuncio de una denuncia penal por parte de los abogados de los militares presos, Encinas calificó de absurda la idea de que garantizar el derecho a la verdad violaba los derechos de los imputados. Aseguró que detrás de las acusaciones estaban quienes buscaban mantener la impunidad en el caso.
En mayo de 2023, se reveló que Encinas fue espiado a través del sistema Pegasus mientras investigaba abusos cometidos por el Ejército mexicano. Estos actos ocurrieron incluso en 2022, cuando lideraba la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En julio de este año, se informó que Encinas compareció como testigo en una audiencia solicitada por la defensa de los militares acusados de participar en la desaparición de los normalistas. En su columna “La verdad a juicio”, publicada en El Universal, Encinas denunció que la audiencia buscó su «autoincriminación» por las acusaciones presentadas ante la FGR cuando presidía la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.
Encinas afirmó que se intentaba poner a la Comisión de la Verdad en el banquillo de los acusados. También señaló que esto quedó claro cuando el mayor de Justicia Militar, Jorge Alfredo Rico Pérez, mencionó la demanda en su contra durante el procedimiento dirigido por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien en mayo ordenó la liberación de ocho militares implicados en la desaparición de los normalistas.
