El decreto publicado el día de ayer declara área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna al sitio Felipe Carrillo Puerto, con lo cual se prohibió realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a que se refiere la Ley de Minería; Abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción, además de otras disposiciones que establecen como ilegal cualquier tipo de daño a la zona.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– En una de sus últimas acciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó Área Natural Protegida el polígono «Felipe Carrillo Puerto», que abarca los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, y en donde se ubican los terrenos de Calica, que la minera estadounidense Vulcan Materials ha reclamado como suyos en un diferendo que ha llegado hasta Washington en donde congresistas y senadores estadounidenses han amenazado con sanciones hacia México.
El Presidente López Obrador ha relatado cómo la empresa Vulcan, desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, recibió un permiso para extraer grava y arena, y para explotar un banco de materiales en Playa del Carmen; pero que tras violar las leyes ecológicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el banco, y el Gobierno resguardó el terreno.
El decreto publicado el día de ayer declara área natural protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna al sitio Felipe Carrillo Puerto, con lo cual se prohibió realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a que se refiere la Ley de Minería; Abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción, además de otras disposiciones que establecen como ilegal cualquier tipo de daño a la zona.
De esta manera, solo está permitido en esta zona la preservación y conservación de los ecosistemas y sus elementos; investigación y colecta científicas; turismo de bajo impacto ambiental; aprovechamiento extractivo de la vida silvestre; aprovechamiento forestal; erradicación o control de especies exóticas, exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales, y construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada.
“El sitio Felipe Carrillo Puerto, habitan 437 especies de plantas vasculares, que representan el 26 % de la riqueza del estado de Quintana Roo. Del total de especies, 44 son endémicas, de las cuales 41 tienen distribución restringida en la Provincia Península de Yucatán”, se lee en el decreto.
Este martes, en respuesta al decreto, la minera estadounidense Vulcan Materials dijo, según consigna la agencia Reuters: “Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles». Y añadió: “La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el TMEC, y otros tratados de inversión aplicables”.
López Obrador relató en mayo pasado como el Gobierno federal había llegado a un acuerdo con la empresa para que se respetara la clausura; sin embargo, tiempo después fue alertado de que esto no había ocurrido, motivo por el que acudió al sitio, y se dio cuenta de que seguían sacando material pese a la clausura y el acuerdo.
La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora. El Gobierno mexicano le ha bloqueado a la filial los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que ésta pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.
Fue en 2022 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la clausura de extracción de piedra caliza por parte de la empresa Calica, filial de Vulcan Materials Company. Meses más tarde, el Gobierno mexicano presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el desastre ambiental al sur del país.
No obstante, Estados Unidos reclama como suyas las tierras. Precisamente en mayo pasado, el Senador Tommy Tuberville afirmó que “Vulcan ha operado un negocio ambientalmente galardonado en México durante más de tres décadas, impulsando el crecimiento económico en la región. La hostilidad del Gobierno mexicano hacia Vulcan es injustificada, y pone en peligro la relación bilateral de larga data entre México y Estados Unidos”.
Por esas mismas fechas, Congresistas en la Cámara baja de Estados Unidos urgieron a la Administración Biden usar todos los medios para disuadir al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar Área Natural Protegida a las tierras. “Sentará un precedente peligroso que tendrá efectos de largo alcance en nuestra relación comercial crítica y en la seguridad nacional”, dijo toda la delegación de congresistas de Alabama, estado sede de la firma Vulcan Materials.
Esta misma semana, senadores republicanos y demócratas de EU presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que se concretara la declaratoria de Área Natural Protegida. «Ningún país o Presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de EU sin consecuencias», dijo el Senador republicano, Bill Hagerty.
El Presidente López Obrador reveló en octubre que además del predio donde Vulcan Materials explotó la zona para la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, la compañía también tiene dos mil hectáreas concesionadas más de selva.
“Hay una denuncia internacional, ellos alegan que la clausura fue ilegal y piden que se les paguen mil 500 millones de dólares. Nosotros planteamos lo opuesto: que destruyeron el territorio. Vamos a defender que ya no se pueda seguir usando como banco de material esta zona, además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando”, dijo el mandatario entonces.
El año pasado el Gobierno mexicano propuso la compra de los terrenos a la minera en ocho mil millones de pesos, pero la minera estadounidense declinó el ofrecimiento y prefirió seguir la vía del arbitraje internacional, que sigue en curso.
