La décima conmemoración del caso Ayotzinapa se da en un contexto histórico particular, pues ocurre a pocos días de que Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, tome posesión y en medio de una confrontación de las madres y padres de los 43 con el Gobierno federal.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El caso Ayotzinapa es el símbolo más reciente de la lucha por justicia en México, llega a sus diez años siendo aún un reflejo de las fallas del Estado frente a las víctimas, pero también como testimonio del poder de la resistencia y dignidad de quienes buscan a sus desaparecidos. Es una década de dolor, de lucha por justicia, de caminar en búsqueda de respuestas y de enfrentar el ocultamiento por parte de las autoridades. Diez años de impotencia por no haber llegado a la verdad, pero también de resistencia.
Las madres y los padres de los 43 llegan a esta fecha con la certeza de lo que denunciaron desde el inicio: fue el Estado, pero sin obtener respuestas a su principal interrogante de ¿dónde están?, ni a sus demandas de verdad, justicia y castigo a los responsables.
La décima conmemoración del caso Ayotzinapa se da en un contexto histórico particular, pues ocurre a pocos días de que Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, tome posesión y en medio de una confrontación de las madres y padres de los 43 con el Gobierno federal, a raíz de que no se ha cumplido con la entrega de toda la información militar que se relacione.
“Cuando ocurrieron los hechos, nunca se imaginaron las familias que iban a estar una década después aún pidiendo justicia y verdad”, destacó en entrevista con SinEmbargo, Santiago Aguirre, director de la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que desde el inicio ha acompañado el caso.
A lo largo de esta década, la investigación ha pasado por diversas etapas: estancamientos, avances, retrocesos, acuerdos, diálogos, desencuentros y confrontaciones. El caso ha atravesado dos mandatos presidenciales: el de Enrique Peña Nieto, cuya administración perpetró el crimen de Estado y montó la mentira conocida como la «Verdad Histórica» para cerrar el caso y silenciar la presión; y el de Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente representó un faro de esperanza y confianza para los padres, logrando avances sustanciales en la investigación, hasta que estos se detuvieron al encontrar información que vinculaba al Ejército con los hechos.
“Estos 10 años para nosotros han sido de dolor y coraje por no saber sobre el paradero de los muchachos. Tenemos 10 años sin que los gobiernos nos hayan dado respuesta y solución. Nosotros tenemos coraje, no sé cómo describirlo porque realmente son seis de que el otro Presidente, Enrique Peña Nieto, nos estuvo engañando y, sin respuestas, hoy volvemos a caer en la misma circunstancia, entonces ahora con la Presidenta electa no sabemos cómo vaya a iniciar, porque si va a iniciar desde abajo como López Obrador”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, desaparecido junto con otros 42 normalistas.
Don Bernabé es uno de los padres de los 43 que, cuando les dieron la versión de la «Verdad Histórica», visitó el basurero de Cocula y, dado su conocimiento como campesino, expresó su incredulidad ante la idea de que se pudiera haber reducido a cenizas a 43 personas sin dejar rastros evidentes, mostrando desde el inicio que no era creíble la versión que dio el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Es difícil caminar en estos años de ausencia. Ha sido un caminar muy cruel y doloroso por tanta mentira que se nos ha dicho, pero tenemos que seguir porque no podemos retirarnos; no es un objeto que se nos haya arrebatado, es un hijo y nosotros tenemos que continuar este caminar difícil de tanta mentira”, señaló en entrevista Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, otro de los jóvenes desaparecidos.
Francisco Lauro Villegas, padre de Magdaleno Rubén Lauro, coincidió en el largo camino para los padres, en el que muchos de ellos han enfermado, al menos cinco lamentablemente fallecieron sin saber de sus hijos, pero quienes quedan, a pesar de las adversidades de salud o económicas, no van a descansar en exigir saber dónde están los normalistas.
“No nos cansaremos hasta saber la verdad. Así como lo dijimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros no nos vamos a cansar de saber la verdad”, expresó el padre, quien luego realiza una larga pausa y sentencia:
“Nosotros no perdemos la esperanza… vamos a seguir en la lucha hasta saber la verdad. Sí, a veces no tenemos ni para el traslado. La verdad duele, pero yo no voy a dejar de luchar hasta saber la verdad, a dónde llevaron a nuestros chavos, a los 43”.
Para Santiago Aguirre, la lucha por justicia en el caso Ayotzinapa es un reflejo de la dignidad y resistencia de las víctimas en un país que ha enfrentado una grave crisis de derechos humanos. La falta de avances en el esclarecimiento de este caso emblemático refleja la imperiosa necesidad de un Estado que responda a las exigencias de justicia, memoria y no repetición. La dignidad de los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos, que han desafiado las adversidades, continúa siendo un faro de esperanza para todos los que buscan justicia en México.
“Todo el esfuerzo organizativo y social de exigencia que se organizó para acompañarles estaba orientado para que alcanzaran verdad y justicia, lo cual aún no ha ocurrido, pero también (estaba pensado) para que hechos similares dejaran de suceder o empezaran a revertirse, pero eso no ha ocurrido; en México cada día siguen desapareciendo jóvenes, las desapariciones se mantienen”, destacó.
Desde julio pasado las madres y padres de Ayotzinapa expresaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “falló” en su promesa de resolver el caso. Lo anterior al responder al reporte que envió en julio pasado el mandatario nacional sobre el caso; reporte que fue calificado por los familiares como confuso, “repleto de inconsistencias, descalificaciones”, en el cual indicaron que el mandatario intenta dar “un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio”.
“Lo que hemos visto en esta recta final es que el Presidente le quiere lavar la cara al Ejército”, expresó en entrevista Don Clemente, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, de quien ya se pudieron identificar parte de sus restos, que fueron hallados en la barranca La Carnicería.
Los padres y madres de los 43 han decidido interpelar a la Presidenta electa, como lo han hecho con todos los gobiernos, exigiendo el esclarecimiento del caso y pidiéndole que no lave la cara a las fuerzas militares, quienes, según ellos, siguen resistiéndose a entregar información clave que podría aportar datos relevantes sobre el paradero de sus hijos, manteniendo así el caso como un símbolo de impunidad en México.
Hilda Legideño, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, informó que los padres de los normalistas tienen planeadas reuniones con la próxima mandataria nacional para abordar la situación del caso y donde solicitarán que se valore la información proporcionada por expertos y se continúe con las investigaciones.
«Esperamos que la nueva Presidenta tenga la apertura para escuchar y valorar toda la información verídica que tenemos. No queremos que se retome lo que el actual Presidente ha dicho, que los militares no tienen responsabilidad», señaló Legideño.
Los familiares de los normalistas desaparecidos insisten en la necesidad de investigar a los militares y en la entrega de documentos clave para esclarecer el caso.
«Nosotros, como padres, debemos acercarnos a la Presidenta y pedirle que se continúen las investigaciones, que se entreguen los folios restantes y, sobre todo, que se investigue a fondo a los militares. Lo que buscamos es dar con el paradero de nuestros hijos», finalizó la madre.
10 AÑOS SIN SENTENCIAS
La más reciente acción penal con respecto al caso Ayotzinapa se registró el pasado 21 de septiembre, cuando Felipe Salgado Rodríguez, alias “El Cepillo”, conocido por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue reaprehendido en el municipio de San Marcos, Guerrero.
Las autoridades esperan que su reaprehensión pueda arrojar nueva luz sobre los eventos que llevaron a la desaparición de los normalistas y contribuir a esclarecer la verdad detrás de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.
A lo largo del actual Gobierno, se dieron importantes eventos como la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), y la llegada y salida de su primer fiscal, Omar Gómez Trejo; también la creación de la COVAJ, y los trabajos y partida de Alejandro Encinas Rodríguez, exsubsecretario de Gobernación; así como el momentáneo regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hasta su retirada en 2022 del país, ante el estancamiento de las investigaciones y la reticencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de entregar información.
En cuanto a sentencias, a pesar de que el Gobierno señala que hay al menos una centena de procesados en el caso, ninguno ha sido sentenciado. Santiago Aguirre explicó que ello sucede porque, a pesar de que se han registrado detenciones, los cargos que se les han imputado son diversos y no necesariamente están relacionados con la desaparición forzada de los 43.
“Con mucha frecuencia en este caso se ha abusado del número de detenidos para equiparar la justicia, y ocurre en el caso de Ayotzinapa que muchos de los acusados tienen imputaciones de delincuencia organizada, pero no especifican la desaparición de los muchachos. Entonces, yo creo que quedarán procesadas, por los eventos de la desaparición, entre 50 y 60 personas con diferentes niveles de responsabilidad”, explicó Aguirre.
El pasado 27 de agosto, el abogado de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, confirmó que la reunión que sostuvieron los padres con el mandatario nacional fue la última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rosales Sierra señaló que, sin avances significativos en el caso y ya en la recta final de la presente administración, los padres decidieron que no habrá una próxima cita con el presidente, postura que fue aceptada por el mismo López Obrador.
“La posición de los padres es que esta es la última reunión. En las reuniones, pues, nada más son confrontaciones. Los padres fueron muy claros en decir que en ese sentido no tiene caso confrontarnos, cuando resultados sustantivos o sustanciales no estamos teniendo. El presidente coincidió también”, externó el abogado.
Los familiares ahora esperan que Claudia Sheinbaum retome la investigación y que dé mayores resultados.
“Nosotros, como padres, vamos a seguir exigiendo que sepamos la verdad. Ya se van a cumplir 10 años, que para nosotros es mucho trabajo caminar; nos hemos enfermado. Sin embargo, al pensar en que nos hace falta una familia en el hogar, nos levantamos y volvemos a seguir adelante. Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 y de miles que han desaparecido, porque vemos que hoy en día se han destapado fosas y se ha encontrado mucha gente. Esa es la fortaleza que nos da, pensar que pronto sepamos la verdad. Ojalá la nueva presidenta nos pueda dar solución, porque necesitamos saber qué pasó y que se castigue a los culpables”, señaló Don Bernabé Abraham.
Ayer miércoles 25 de septiembre, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, que ahora encabeza Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, publicó un informe en el que señala que, con respecto a las rutas de investigación que sigue la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), se tienen más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 personas están cumpliendo medidas cautelares diferentes a la prisión.
En tanto, la Fiscalía Especial del caso, según asegura el informe, trabaja en solicitar nuevas órdenes de aprehensión a pesar de los efectos de la sentencia del amparo en revisión 203/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que liberó a 65 probables implicados en la desaparición de los estudiantes.
No obstante, el nuevo informe contiene un capítulo polémico, contrario a lo que han expuesto los informes de expertos y la anterior COVAJ, titulado “Impunidad: tortura presumida, no acreditada”, en el cual se aborda la sentencia del Tribunal Colegiado en la que se desestiman 19 declaraciones relacionadas con el caso, porque determinó que la mayoría eran autoincriminatorias y fueron obtenidas mediante tortura, lo que permitió la liberación de 65 implicados entre los años 2018 y 2019.
El informe critica la sentencia del Tribunal Colegiado, señalando que es inconvencional “porque permitió que las declaraciones y testimonios en torno a la desaparición quedaran sin efectos o sin poder considerarse, vulnerándose con ello, entre otros derechos, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas directas e indirectas, violándose la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), entre otros preceptos internacionales que tutelan los derechos de las víctimas”.
Agrega, además, que después de la emisión de este fallo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió a la COVAJ un informe en el que se detallaba que, de acuerdo con protocolos de Estambul que sí fueron realizados por esa Comisión, de los 35 liberados, solamente 7 dieron positivo al protocolo, y los 28 restantes fueron negativos. En 30 protocolos restantes, no obra constancia de que se hubieran realizado.
Respecto a los documentos solicitados por las madres y padres, la nueva Comisión, encabezada por Medina, insistió en que “el Gobierno de México ha entregado toda la información proporcionada por la SEDENA, la última entrega consistente en 15 folios CRFI y 70 documentos relacionados con estos y otros folios”.
Los familiares de los normalistas reprochan que las fuerzas armadas han simulado entregar información sobre el caso. Actualmente, las familias sostienen que entre los documentos pendientes que el Ejército no ha entregado se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que ya operaba en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.
El nuevo informe de la Covan insiste en que se entregó la información y que “por instrucciones del presidente, a partir de enero de 2024 se hizo una revisión hoja por hoja de cada una de las 121,028 fojas que obraban en la Covan y que habían sido entregadas por la Sedena desde 2021 y de las cuales tuvieron conocimiento el GIEI, los representantes de las madres y los padres precisamente durante las revisiones que hicieron directamente en los archivos militares y la UEILCA”.
LA ÚLTIMA CARTA DE AMLO A LOS PADRES
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que envió una carta dirigida a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que trató de explicar el trabajo realizado por su administración para esclarecer el caso, aunque admitió que los avances no fueron los esperados.
“Ayer envié una carta a los papás y mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Hice el compromiso de buscarlos hasta encontrarlos y trabajamos en ello todo el tiempo. Hubo avances, pero no en la medida que quisiéramos. No es un expediente cerrado; la investigación continuará”, comentó durante su conferencia matutina.
Posteriormente, el mandatario procedió a leer el contenido de la carta, donde destaca que, desde el inicio de su gobierno, encomendó la tarea a Alejandro Encinas Rodríguez, quien tuvo su total apoyo para formar un equipo de trabajo y coordinarse con los abogados de las familias y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. «Les aseguro que nunca olvidamos esta misión justa y humana», señala la carta.
El mandatario abordó otro tema, que ha sido el punto de quiebre con las familias: el Ejército. López Obrador también señaló que hasta el momento no hay pruebas que vinculen a altos mandos del Ejército con la desaparición.
“Es importante aclarar que, aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”, se lee en la misiva.
A su vez, el Jefe del Ejecutivo insistió en que han contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y pidió a las familias no manchar su prestigio.
“Los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser baluarte del Estado…”, abunda en su carta.
Ayer mismo, en el marco de las actividades por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los estudiantes se reunieron para expresar su descontento ante la reciente carta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Melitón Ortega, familiar de un normalista desaparecido y representante del Comité de Padres y Madres, señaló que el presidente enfoca su crítica en temas “irrelevantes”, desvinculando las acusaciones al Ejército.
“Nos parece una falta de respeto porque se ha enfocado en el tema del libro y nosotros no tenemos nada que ver con eso”, afirmó Ortega, subrayando que la carta no aporta nada nuevo.
Los familiares también cuestionaron por qué el presidente omite mencionar los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que sí señalan la implicación del Ejército. “¿Por qué no ve ese informe? Que el presidente no contamine el caso de Ayotzinapa”, expresó Ortega, añadiendo que las declaraciones de López Obrador descalifican el movimiento de los padres y no contribuyen al esclarecimiento de la verdad.
“¿Por qué no ve ese informe? ¿Por qué no habla de la investigación del GIEI, donde se plantean una serie de elementos que tienen que ver con el Ejército de México? Que el presidente no contamine el caso Ayotzinapa. Para nosotros es una burla que, a cada rato, desde hace dos años, el presidente ha estado cuestionando y haciendo una campaña de descalificación contra el movimiento de los padres, y eso no nos ayuda”, abundó Ortega.
Hilda Legideño señaló que, aunque no han visto la carta que leyó hoy el presidente López Obrador, conocen su postura de que el Ejército no estuvo involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, indicó que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) muestran evidencia de que el Ejército siguió a los normalistas y tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. “No es que nosotros los acusemos sin pruebas. Los folios existen, pero se han negado a entregarlos”.
“El Presidente tenía en sus manos la posibilidad de resolver el Caso Ayotzinapa al proporcionar estos documentos, pero en lugar de hacerlo, ha protegido al Ejército. Si el Ejército no tiene responsabilidad, que entregue la información solicitada, y entonces se verá si tiene o no culpabilidad”, expresó la madre.
Los padres y madres de los 43, junto con sus asesores, han expresado su profundo descontento por el rumbo que tomó el diálogo con el Gobierno a partir de 2023. Señalan que el nuevo equipo gubernamental ha mostrado signos de ineficacia y falta de compromiso en la búsqueda de justicia. Las familias fueron notificadas sobre el informe que consideran, en lugar de avanzar en el esclarecimiento del caso, parecía más un intento de exonerar al Ejército de sus responsabilidades.
“No terminamos de tener un Estado a la altura… Si algo ha fallado, ha sido del lado de las autoridades”, destacó Santiago Aguirre en una conferencia el pasado 19 de septiembre.
Aguirre, uno de los asesores del movimiento, lamentó el deterioro progresivo de la relación con el Estado desde 2023. «Las peores prácticas del Estado mexicano han resurgido: han ofrecido dinero a quienes han querido», indicó Aguirre, y agregó: «Hemos vivido un proceso constante de deterioro, y lamentablemente todo culminó con un informe presidencial que, lejos de esclarecer los hechos, es un lavado de cara para el Ejército y sus responsabilidades, justo cuando alcanzamos una década sin respuestas».
El Ejército se ha convertido en un punto de quiebre entre los padres y madres de los 43 estudiantes y el Gobierno federal. En la décima conmemoración de los hechos, los familiares se presentan en abierta confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente representó una luz de esperanza para ellos. Sin embargo, ahora sienten decepción al señalar que el mandatario ha lavado la cara a las fuerzas castrenses.
“Es triste porque había expectativas de que las cosas fueran diferentes, pudieron ser diferentes”, dijo el activista
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) han documentado el patrón de ocultamiento y desinformación que ha caracterizado al Ejército a lo largo de los años.
Los informes del GIEI sobre el caso Ayotzinapa han revelado omisiones dolosas y falsedades en la información proporcionada por miembros del Ejército y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde el inicio hasta la fecha, lo que ha desviado la investigación y obstaculizado la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014.
Por ejemplo, desde el inicio el Ejército negó férreamente tener alguna relación o responsabilidad en la Noche de Iguala. Sin embargo, los informes del GIEI y la Comisión de la Verdad desmantelaron esta afirmación.
Salvador Cienfuegos, quien era titular de la SEDENA en ese entonces, además de negar la participación del Ejército, se opuso a la apertura de los cuarteles durante su gestión en la SEDENA y advirtió que no permitiría investigaciones sobre miembros de las fuerzas armadas. En octubre de 2015, justo cuando la Marina manipuló el basurero de Cocula, el general Cienfuegos Zepeda afirmó que los militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Las investigaciones del Caso Ayotzinapa han dejado claro que el Ejército sabía mucho más de lo que ha admitido sobre lo ocurrido la noche de Iguala, y que, a lo largo de esta década, ha ocultado información relevante.
Informes de la Comisión de la Verdad, en el periodo de Alejandro Encinas, confirman que todas las corporaciones—Ejército, CISEN, Policía Federal y Estatal—mantenían un seguimiento en tiempo real de las actividades de los normalistas. El informe más reciente de la Comisión de la Verdad establece que el soldado Julio César López Patolzin había estado infiltrado en el grupo de normalistas durante al menos dos años como parte de este entramado de espionaje. Su labor consistía en informar sobre asambleas y actividades de los estudiantes, con el conocimiento de su superior, el teniente Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. A pesar de su compromiso con el Ejército, Julio César fue abandonado a su suerte el día de la desaparición, en un claro incumplimiento de la obligación de la SEDENA de proteger a su personal.
La Sedena además negó haber realizado investigaciones internas. En un oficio de abril de 2021, se afirmó que no existía registro de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, lo que contradice los documentos hallados por el GIEI que evidencian acciones disciplinarias en el 27 Batallón de Infantería. Pero, desde los primeros meses tras los hechos de Iguala, el Ejército analizó comunicaciones y tomó declaraciones a miembros del 27 Batallón de Infantería, incluyendo al comandante y otros oficiales presentes esa noche. Documentos descubiertos por el GIEI indican que hubo sanciones internas y apercibimientos al comandante del batallón, así como reconocimiento de omisiones por parte de otros oficiales durante la noche de los incidentes. A lo largo de los años, los militares han modificado sus declaraciones, ocultando información clave sobre su participación y conocimiento de los hechos, de acuerdo con los informes del GIEI.
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UNA DÉCADA ENTRE VERSIONES
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los jóvenes habían acudido a la ciudad para tomar autobuses y asistir a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. Esa noche trágica no solo resultó en la desaparición de los normalistas, sino también en la muerte violenta de seis personas, entre ellas tres estudiantes. Julio César Mondragón Fontes fue brutalmente torturado antes de su muerte, mientras que Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo también perdieron la vida. Varios estudiantes resultaron heridos, algunos con secuelas permanentes, como Edgar Andrés Vargas, quien sufrió un impacto de bala en el maxilar y aún requiere cirugías, y Aldo Gutiérrez Solano, quien permanece en estado vegetativo desde entonces, cuidado con devoción por su familia.
Los primeros diez días del caso fueron caóticos, según narró Santiago Aguirre y los padres de los 43. La investigación inicial recayó en las autoridades de Guerrero, lideradas por el entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, debido a que la administración de Enrique Peña Nieto se desentendió, dejando la investigación en manos de las autoridades estatales, que omitieron explorar importantes líneas de investigación, afectando el curso de la búsqueda desde el inicio.
A pesar de que las primeras 48-72 horas en un caso criminal son cruciales, la falta de intervención federal y acción oportuna permitió que se perdieran pistas clave, y las detenciones que siguieron estuvieron marcadas por irregularidades, lo que condicionó el rumbo de la investigación desde sus primeras etapas, destacó Santiago Aguirre.
El caso de Ayotzinapa, ante su gravedad, rápidamente escaló a los titulares de noticias no solo nacionales e internacionales, lo que generó presión y llevó a la federación a intervenir por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en lugar de investigar la desaparición como tal, el caso fue tratado como un secuestro por delincuencia organizada, liderado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y, a partir de detenciones arbitrarias basadas en tortura, presentó la versión que afirmaba que los 43 estudiantes fueron entregados a un grupo criminal local, Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en el basurero de Cocula en la madrugada del 27 de septiembre. Esta narrativa, conocida como la «verdad histórica», fue presentada en enero de 2015, pero desde un inicio, los padres y madres de los desaparecidos no aceptaron esta versión.
Don Bernabé, uno de los padres, incluso visitó el basurero de Cocula y, dado su conocimiento como campesino, expresó su incredulidad ante la idea de que se pudiera haber reducido a cenizas a 43 personas sin dejar rastros evidentes. Los padres de los estudiantes, frente a los signos de tortura en los detenidos, la falta de pruebas científicas y las inconsistencias, desconfiaron de esta narrativa y motivaron una movilización social el 20 de noviembre de 2014, que fue una multitudinaria marcha en la Ciudad de México que reflejó el sentimiento de impunidad y el rechazo colectivo a la versión oficial.
Los padres de los 43 solicitaron en ese momento la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que resultó en la formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en marzo de 2015; grupo de expertos que revisó la investigación y en septiembre de 2015 publicó su primer informe, el cual desmanteló la versión del basurero de Cocula. A través de análisis científicos, el GIEI demostró que un fuego de la magnitud necesaria para incinerar a 43 personas habría causado daños irreparables en la vegetación circundante, lo cual no coincidía con las evidencias del lugar.
El GIEI continuó su trabajo hasta abril de 2016, cuando el Gobierno de Peña Nieto les impidió seguir investigando. Para entonces, ya habían logrado avances significativos, pero la administración optó por «administrar» el caso, sin profundizar en nuevas investigaciones. Entre 2016 y 2018, la verdad histórica se mantuvo como la versión oficial, a pesar de las crecientes evidencias que la desmentían. El trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue clave en ese período, publicando un informe titulado «Doble Injusticia», que señalaba la tortura como una práctica sistemática en el caso Ayotzinapa.
“Esa etapa solo se administró el caso, sin avanzar”, destacó Aguirre.
En 2018, ante la evidente alternancia en la presidencia, los padres de los desaparecidos interpelaron al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo que reabriera la investigación. Con la llegada de López Obrador al poder en diciembre de 2018, surgieron nuevas esperanzas. Al asumir la presidencia, López Obrador prometió tomar el caso y que se encontraría la verdad.
El 4 de diciembre emitió un decreto que reabría el caso, dando esperanzas a los padres y nuevos bríos. Santiago Aguirre explicó que esa nueva etapa, bajo la administración actual, se caracterizó por tres pilares: un mandato claro y la Comisión para el Acceso a la Verdad, la designación de un fiscal de confianza, Omar Gómez Trejo, y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que había sido clave en desmentir la versión oficial del «basurero de Cocula» y que prácticamente había sido expulsado en la administración anterior.
Bajo la nueva administración, se lograron avances importantes, incluyendo la identificación de los restos de dos estudiantes, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, encontrados en un lugar distinto al basurero de Cocula. Aunque se intentó manejar la situación con dignidad, este hallazgo dejó claro que los cuerpos no habían sido incinerados en un solo lugar, como afirmaba la «verdad histórica».
El fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, encontró y recuperó evidencia crucial proveniente de autoridades estadounidenses: registros de chats de BlackBerry entre miembros del grupo Guerreros Unidos, en los que describían abiertamente sus vínculos con el Ejército y otras autoridades mexicanas, evidenciando una profunda corrupción. Estos chats revelaron la corrupción y complicidad entre los narcotraficantes y autoridades locales y federales, incluyendo elementos del Ejército. Sin embargo, cuando la investigación llegó a estas pruebas cruciales, el apoyo político comenzó a menguar.
En 2022, las esperanzas de los padres se vieron empañadas por un deterioro en la situación del caso. Los avances obtenidos que comprometían al Ejército provocaron una fuerte reacción en contra. A los pocos meses de encontrar esta evidencia, el fiscal Gómez Trejo se vio obligado a renunciar, y el GIEI también dejó la investigación denunciando la falta de cooperación, en particular la retención de documentos militares clave.
El nuevo equipo en el gobierno no ha sido bien recibido por los padres de los 43, quienes acusan que los relevos han mostrado signos de ineficacia y falta de compromiso. A pesar de los esfuerzos por mantener el diálogo, la desconfianza aumentó y los padres decidieron continuar sus marchas mensuales, reafirmando su determinación de no ceder ante la impunidad.
