Estas modificaciones tienen el propósito de reconocer como “sujetos de derecho público” a los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con lo que se les dotaría de una “personalidad jurídica y patrimonio propio”, para que, a su vez, se reivindique sus derechos y con ello se contribuya a “saldar una deuda histórica” con estos sectores.
Ciudad de México 17 de septiembre (SinEmbargo).- Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, se espera que se discutan, y eventualmente se aprueben otras iniciativas que el pasado mes de febrero fueron presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que forman parte del denominado Plan C, entre las que se encuentra la propuesta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
El pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas entre la que se incluye la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga el Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Estas modificaciones tienen el propósito de reconocer como “sujetos de derecho público” a los ciudadanos que conforman los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con lo que se les dotaría de una “personalidad jurídica y patrimonio propio”, para que, a su vez, se reivindique sus derechos y con ello se contribuya a “saldar una deuda histórica” con estos sectores.
“La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, con lo que jurídicamente se les reconoce una mejor situación que la de ser sujetos de interés público”, señala la iniciativa del mandatario federal.
SUJETOS DE DERECHO
La propuesta expone aunque actualmente la Constitución mexicana sí reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, están dotados solamente de “carácter de entidades de interés público”, por lo que la iniciativa de reforma los reconozca como “sujetos de derecho público”, lo que implica que, de aprobarse las modificaciones, se les brinde de un pleno reconocimiento de sus derechos.
“En la actualidad, si bien el artículo 2o., apartado A, último párrafo, de la CPEUM reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sólo les da el carácter de entidades de interés público. Con esta reforma, se cumple con el reclamo histórico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos”, señala la iniciativa.
Por ello, en su contenido, la propuesta de reforma contempla: el reconocimiento de sus sistemas normativos y especificidades culturales en el marco de la Constitución mexicana. Además, las instituciones jurisdiccionales estarán obligadas a garantizar el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas especializadas en derechos indígenas, así como intérpretes, traductoras, defensoras y peritas, que su caso requiera.
“Respecto del acceso a la justicia, se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística”, señala la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal.
CONSULTA A LOS PUEBLOS
La iniciativa también subraya que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen derecho a una “consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”, cuando se busque su consentimiento o un acuerdo respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar o impactar significativamente en su vida o entorno, ya que considera ”indispensable” el consentimiento de los pueblos indígenas, así como el respeto a sus decisiones.
“Es indispensable dar un reconocimiento efectivo al derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, en el que realmente se escuchen la voz de los pueblos indígenas y que sus decisiones sean respetadas por el Gobierno, la sociedad y particulares”, señala la propuesta en la que se adiciona que “cuando un particular se beneficie por cualquier medida administrativa sujeta a consulta”, será obligación de este cubrir el costo de dicha consulta.
“Cuando se obtenga un lucro por estas medidas, se debe otorgar a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo”, se agrega en el documento, en el que se resalta que la importancia de esta figura radica en que se eviten abusos cuando un proyecto sea con fines de lucro por parte de un particular, y que el Gobierno emita concesiones, permisos y autorizaciones.
RESCATE DEL PATRIMONIO
El patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la educación son otros elementos que la propuesta de reforma busca incluir, ya que se argumenta que será una “obligación del Estado mexicano de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación”, en diversos espacios públicos.
En este sentido, enfatiza la importancia de que sus lenguas y otros elementos culturales sean difundidos en “medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información”, así como en “la construcción de los modelos educativos, con la finalidad de reconocer la composición pluricultural de la Nación”.
MEDICINA TRADICIONAL
También la iniciativa contempla que se espada y fortalezca el sistema nacional de salud pública, el cual deberá mantener una “perspectiva intercultural comunitaria”, con la que “se reconozcan las prácticas de la medicina tradicional”, mismas que, señala, están “integradas a nuestra cultura nacional”, pero que han sido relegadas a un segundo plano en aras de una modernidad científica”.
“Nuestro respeto a ese tipo de medicina que ha traído grandes aportes a la medicina convencional”, destaca la propuesta, en la que “se incorpora el reconocimiento, a nivel constitucional, de la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio, en los pueblos y comunidades indígenas, en reconocimiento a la gran labor y aportación que realizan las personas parteras en el país”, agrega el documento.
MEDIOS COMUNITARIOS
Los medios de comunicación también toman relevancia en la propuesta en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, ya que considera que estos son indispensables en el servicio público, ya que “fortalecen la organización comunitaria, la lengua, la identidad y la cultura”. No obstante, la iniciativa de reforma reconoce que hasta ahora “existe un número limitado de concesiones otorgadas a este sector de la población”.
Ante esta situación, la iniciativa busca garantizar y extender “la red de comunicaciones que permite la articulación de los pueblos y comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet de banda ancha”, se destacó en el documento presentado el pasado 5 de febrero.
Trabajo comunitario es otro elemento que se busca reconocer constitucionalmente, ya que, señala la propuesta de reforma, que fue resultado de un “amplio diálogo y consulta a los 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano”, estas labores que aportan los pueblos y comunidades indígenas son parte integral de su organización social y cultural, de ahí la importancia de perpetuar este tipo de prácticas.
DERECHOS DE INFANCIAS
También se pretende “garantizar el reconocimiento y la atención especial a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos”, por lo que se implementarían políticas, programas y recursos con lo que se asegure que estos sectores vivan “una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género”, por lo que también se pondrían en práctica “políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones”.
Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, que se resalte su dignidad y se reconozca a las poblaciones que descienden de personas provenientes de África que fueron traídas por la fuerza hace siglos, por lo que ahora deberán ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que genera una “obligación para el Estado mexicano a que se incluya a esta población en todos los registros de producción de datos, información y estadísticas oficiales”.
“Cabe precisar que gozan en lo conducente de los mismos derechos que las poblaciones que los pueblos y comunidades indígenas, en el entendido que son colectividades culturalmente diferenciadas”, se enfatiza en la propuesta de reforma, que se asegura, se construyó desde una perspectiva integral e intercultural”.
“Es integral dado que reconoce un conjunto de derechos que abarcan los diversos temas y reivindicaciones planteadas por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y es intercultural porque es el resultado de un proceso de diálogo en el que se han considerado sus visiones y perspectivas culturales”, se subraya en el documento presentado por el Presidente López Obrador.
“Tiene como finalidad [la iniciativa] continuar con el compromiso adquirido por el Gobierno de México con sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y saldar una deuda histórica con estos en beneficio de la Nación mexicana, que a la vez reconoce la diversidad de culturas que forman parte de nuestra Nación, las integra como un todo cultural que debe ser respetado y garantizado como parte de la herencia histórica de nuestro país”, reitera.
