Tanto los informes de la Comisión para la Verdad del Gobierno federal como los documentos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dan cuenta de la relación de militares con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Incluso hay algunos en prisión preventiva o libertad condicional por presunta desaparición forzada y vínculos con Guerreros Unidos. Sin embargo, la Sedena insiste en que no tienen en su poder 800 folios de sus archivos donde, de acuerdo con el GIEI, podría haber transcripciones de conversaciones interceptadas por militares sobre aquella noche en Iguala.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Hay al menos dos principales versiones en torno al papel de algunos militares en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, Guerrero, hace diez años, un caso en el que están involucradas autoridades y que no ha esclarecido la cuestión principal: ¿dónde están los jóvenes estudiantes?
Los padres y madres, con base en la detección del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirman que las Fuerzas Armadas no han entregado «800 folios» de archivos militares sobre el caso Ayotzinapa. Pero la Secretaría de la Defensa (Sedena) sostiene que no tiene esos faltantes, a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador añade que se busca dañar el prestigio de la institución en vez de mirar hacia lo que llama «el pacto del silencio» entre los sospechosos, entre ellos, Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», presunto jefe narcotraficante que estaría relacionado con la desaparición, y el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de manipular evidencia y hoy prófugo en Israel.
«La sociedad, los padres, no pueden quedarse con la versión del Ejército de que ellos no salieron esa noche, que no sabían qué había pasado y que escucharon balazos y que por esa razón fueron a ver qué pasaba (en el hospital Cristina); esa versión es inverosímil. Entonces, no están hablando con la verdad sobre lo que pasó esa noche (del 26 de septiembre de 2014), sobre su intervención, no están siendo transparentes con la entrega de los archivos que ellos manejan y también con la filtración que tiene sistemática en la Normal (Raúl Isidro Burgos)», dijo Abel Barrera, director del centro Tlachinollan de la montaña de Guerrero, una de las organizaciones civiles que han acompañado a los familiares durante esta década.
Después de solicitarse órdenes de aprehensión contra militares y darse la detención del entonces coronel del Batallón 27 de Infantería en Iguala, José Rodríguez Pérez (ahora en libertad condicional), en septiembre de 2022 el Presidente López Obrador, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas precisó: «Imagínense si por años se habla de que fue el Estado, pues sí, sí fue el Estado, ya. Y fue el Ejército, pues sí, pero no la institución, son elementos». Recientemente dijo: «No tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército».
En contraste con el Gobierno de Enrique Peña Nieto que fabricó la «Verdad histórica» , según la cual los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, y rechazó la participación de militares, el propio López Obrador solicitó en una carta al titular de la Secretaría de la Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval, detener a los cinco militares presuntamente involucrados en la desaparición de los normalistas, como señaló un informe de la Comisión para la Verdad de la Secretaría de Gobernación (Segob), un órgano que el Presidente decretó al inicio de su Gobierno.
Esos cinco elementos son:
–El coronel José Rodríguez Pérez fue detenido en septiembre de 2022, pero está en libertad condicional desde julio de 2024 al pagar una fianza de 50 mil pesos. La Comisión para la Verdad (Segob) lo señala de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 normalistas desaparecidos y de tener nexos con Guerreros Unidos. Pero, al no tener riesgo de fuga, la Jueza de distrito Raquel Duarte –la misma que ordenó liberar a otros ocho militares implicados– le cambió la medida cautelar tras dos años de permanecer en prisión preventiva en el Campo Militar 1.
–El capitán José Martínez Crespo fue detenido en noviembre de 2020 por presunta desaparición forzada y delincuencia organizada. Conocido como “Capitán Crespo”, en febrero de 2024 solicitó un amparo contra la prisión preventiva en el Campo Militar 1, la cual no tuvo la misma suerte que la del coronel.
–El teniente de infantería Francisco Macías Barbosa guardó silencio aquella noche del 26 de septiembre, pero ningún juez emitió orden de aprehensión, de acuerdo con la Sedena. El militar infiltrado entre los normalistas, Julio César López Patolzin, estaba al mando de este teniente del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, a quien se acusa de omisión y responsabilidad por no haber aplicado el protocolo de búsqueda de militares, ya que de haberlo hecho, quizá se hubiera localizado a los estudiantes.
–El subteniente de infantería Fabián Pirita Ochoa, detenido hasta el momento por presunta omisión al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando estando de servicio acudió al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas y donde había estudiantes. Su solicitud de amparo no procedió.
–El soldado Eduardo Mota Esquivel, también detenido por posible omisión al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio fue al hospital “Cristina” por el reporte de personas armadas. Su solicitud de amparo no procedió.
Hasta entonces el Presidente López Obrador había mantenido que solo eran cinco militares los implicados. Pero el Fiscal especial del caso de la FGR, Rosendo Gómez, insistió en que solicitaría 16 órdenes de aprehensión más contra elementos de tropa, oficiales y mando de la Sedena. Entonces en mayo de 2023 el Presidente pidió al General Luis Cresencio Sandoval evitar que se fugaran esos 16 elementos.
«(Los elementos) presuntamente mantenían relación con la delincuencia organizada y por lo mismo no evitaron la desaparición de los 43 estudiantes», escribió en una segunda misiva el Presidente López Obrador. Incluso, aun siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, justificó su «compleja» instrucción: «La mala conducta de los servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones».
Hasta septiembre de 2023, cuando el Presidente López Obrador hizo públicas ambas misivas al Ejército, la Sedena aseveró en un documento de 49 páginas que se ha colaborado con total transparencia en la investigación de este evento con la comparecencia de 51 militares y al proporcionar 9 mil 228 fojas de archivos militares a la FGR, a la Comisión para la Verdad y al GIEI (18 mil en total), las tres instancias que han indagado el caso. Además, negó el supuesto traslado de documentos del caso de Iguala al Estado de México.
A la par, el Fiscal especial del caso que solicitaría 20 órdenes de aprehensión contra militares, Omar García Trejo, se vio presionado para renunciar en 2022; los dos investigadores del independiente GIEI se retiraron del país en 2023 al argumentar la negativa del Ejército a entregar todos los documentos; y Alejandro Encinas también recientemente dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, en medio de las tensiones con el Ejército. Como sustitutos quedaron el Fiscal especial Rosendo Gómez Piedra y el Comisionado Arturo Medina Padilla.
EL MILITAR INFILTRADO
Julio César López Patolzin es uno de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», de Ayotzinapa. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, también era un soldado informante del Ejército, como confirmó con documentos la Comisión para la Verdad de la Segob.
Este soldado estaba al mando del teniente Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón en Iguala, a quien ningún juez giró orden de aprehensión pese a estar en la lista de los cinco militares presuntamente involucrados. El entonces titular de la Comisión, Alejandro Encinas, afirmó que su búsqueda y localización inmediata habría abonado a esclarecer el paradero del resto de estudiantes.
«Él mismo está desaparecido. Le informaron a la familia de lo que estaba pasando, la misma familia tuvo que ir a la instalación militar para que les explicaran qué había pasado. Está probado de que este joven tenía funciones de infiltrado, de informante de lo que sucedía al interior de la Normal. El Ejército tiene su estrategia de contrainsurgencia, de vigilancia a los actores que cataloga como de alto riesgo. No solamente hay interferencias telefónicas, sobre todo a la Normal de Ayotzinapa, hay presencia física de militares encubiertos como estudiantes para poder extraer información relacionada con sus acciones de protesta», afirmó Abel Barrera, director del centro Tlachinollan, que también coadyuvó con el informe sobre la guerra sucia.
El joven López Patolzin nació el 29 de enero de 1989 en Tixtla, Guerrero. Hijo de los comerciantes de hortalizas Joaquina Patolzin y Rafael López pudo estudiar hasta bachillerato. Le decían «El Tribi» por ser delgado. Intentó una y otra vez formar parte de la Normal de Ayotzinapa, blanco de inteligencia militar desde años atrás, pero fue rechazado varias ocasiones por falta de espacio hasta que, siendo militar, lo logró.
El contrato de reclutamiento obtenido por la Comisión para la Verdad muestra que Julio César se enlistó a los 20 años como soldado en el 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo, Guerrero, el 16 de enero de 2009. De acuerdo con sus padres, supuestamente se había dado de baja después de las inundaciones provocadas por los huracanes «Ingrid» y «Manuel» en 2013.
Pero la Covaj indagó en el Oficio DH-7390 de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, en el cual se especifica que Julio César era miembro «activo» del Ejército y que pudo haber generado reportes sobre la Normal Rural de Ayotzinapa. «Llevaba meses participando en asambleas, marchas, mítines y demás actividades dentro de la escuela», informó la Covaj en agosto de 2022
En el marco de la marcha anual del 2 de octubre, la mañana del 26 de septiembre de 2014, López Patolzin mandó el último reporte a su mando superior sobre la salida de los normalistas a su mando superior. Es decir, determinó la Comisión para la Verdad, «la autoridad militar en Guerrero tuvo conocimiento de lo que estaba pasando en Iguala. Los estudiantes eran vigilados en todo momento y, además, un miembro de las Fuerzas Armadas, Patolzin, fue agredido y desaparecido».
Ante ello, la Comisión cuestionó la clara omisión de su mando superior, el teniente Macías Barbosa: «¿Por qué no intervinieron sus superiores para evitar los hechos?, ¿por qué no lo buscó como marca su propio protocolo? Nunca realizaron ningún esfuerzo por ponerlo a salvo, abandonaron a uno de los suyos».
Respecto a la vigilancia militar, la Comisión para la Verdad determinó en el informe de septiembre de 2023 que «el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que, los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos, contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron».
Aquel 26 de septiembre, «El Trini» también envió otro mensaje, ese fue dirigido a sus hermanos Dulce María y Gustavo. “Bien carnal”, les dijo por última vez.
«LOS 800 FOLIOS»
La Comisión para la Verdad (Covaj) anunció que del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 se abriría a los familiares de los 43 normalistas el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado. Pero las madres y padres sostienen que entre los documentos «pendientes» están 800 folios relacionados con transcripciones de conversaciones interceptadas por las fuerzas militares entre presuntos criminales y diversas autoridades aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Desde la montaña guerrerense, el director de Tlachinollan explicó que el GIEI fue el que detectó que en los archivos militares foleados faltaban documentos dado que se saltaban números. Ante la insistencia, el extitular de la Comisión, Alejandro Encinas, rescató un folio y el actual, el Comisionado Arturo Medina Padilla, rescató otros 15 folios.
«El Grupo de Expertos Independientes fue el que detectó, después de haber revisado varios documentos, que en el foleado había una ausencia de documentos que no coincidían con todos los números de los folios. Eran más de 800 folios los que hacían falta. Lo que apareció en uno de esos folios fue el dato de que 17 jóvenes fueron trasladados de Barandillas a otro lugar (La brecha de lobos). Este fue un documento que el mismo Subsecretario Alejandro Encinas logró rescatar, era un documento transcrito de un diálogo telefónico entre Francisco Salgado Balladares (comandante de la policía municipal) con ‘El Gil’, donde hablan de estos jóvenes que estuvieron en Barandillas y los trasladaron a un lugar donde habían acordado previamente», dijo Abel Barrera de Tlachinollan.
Recientemente el titular de la Comisión para la Verdad, Arturo Medina Padilla, entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos otros 15 folios. Sobre su contenido, Abel Barrera detalló que en una conversación –intervenida por el Ejército– se habla de que algunos de los cuerpos de los jóvenes estaban en una fosa cerca de la colonia Jardines del Sol, en el Ejido de Pueblo Viejo, en Iguala, Guerrero:
«A las madres y padres también les entregaron 15 folios más. Ahí se habla de algunos jóvenes que fueron enterrados en (la colonia) Jardines del Sol. Ahí aparece otro dato, es otro dato que queda suelto, pero que es muy significativo».
La Sedena aseguró en septiembre de 2023 que esos folios no estaban en sus archivos: «Las madres y padres de los normalistas accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron; los cuales fueron revisados por estos y seleccionaron los documentos que consideraron de su interés, los que les fueron entregados. Por lo cual, les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría».
«VERDAD HISTÉRICA»
A la par de que la Comisión para la Verdad y el GIEI han señalado la implicación de militares en el caso Ayotzinapa, y de que la Sedena ha proporcionado más de 9 mil fojas de archivos militares, sus elementos señalados han contado con la defensa de Alejandro Robledo Carretero, un abogado cercano al exconsejero jurídico Julio Scherer indagado por lavado de dinero, y de César Martínez.
Ambos litigantes han estado detrás de la solicitud de amparo del general José Rodríguez Pérez (ya liberado), así como las del capitán José Martínez Crespo, del sargento Eduardo Mota Esquivel y del teniente Fabián Alejandro Pirita. Además, lograron la liberación de ocho militares también relacionados con el caso Ayotzinapa, y en julio pasado solicitaron que el extitular de la Comisión para la Verdad, Alejandro Encinas, compareciera como testigo civil en una audiencia con militares.
«Se sacrifican a algunos militares, pero en la medida en que va pasando el tiempo tienen sus propios defensores y van saliendo poco a poco, ya sea con prisión domiciliaria… sigue intacto el pacto del silencio, el pacto de impunidad», comentó al respecto el director de Tlachinollan, Abel Barrera.
El abogado Alejandro Robledo, egresado de la Universidad Panamericana, fue el Subsecretario de Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad de 2019 hasta 2020 en que esa subsecretaría fue eliminada.
Al volver a la defensa privada, en septiembre de 2022 Robledo y su colega González acusaron que el informe de la Comisión para la Verdad estaba plagado de «falsedades, conjeturas y especulaciones». En una conferencia de prensa afuera del Campo Militar 1-A, donde están detenidos sus clientes, pidieron a Encinas no «politizar» las investigaciones con capturas de pantalla de supuestas conversaciones.
En entrevista con Milenio, Robledo calificó como una “verdad histérica” el informe de la Comisión para la Verdad que involucró a elementos castrenses en la desaparición de los 43 y calificó a los testigos colaboradores como una «partida de asesinos».
«Se fueron falseando los reportes para que fueran falseando las pruebas”, acusó Robledo Carretero, declaración que coincide con el señalamiento del GIEI de que no era posible garantizar la veracidad de los mensajes de WhatsApp presentados por la Comisión para la Verdad.
A su vez, el extitular de la Comisión para la Verdad, Encinas, fue llamado a declarar como «testigo» ante una audiencia solicitada por militares en julio pasado. En su columna periodística, compartió que no había precedentes de que un mayor de justicia militar interrogara a un civil:
«Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con ‘interrogarme hasta el cansancio’. La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la Jueza Raquel Duarte y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las fuerzas armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos».
Durante la audiencia, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en contra de Encinas en la Fiscalía General de la República en noviembre de 2022, cuando estaba aún en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Respecto a los ocho militares en libertad, ambos abogados acusaron que el auto de formal prisión dictado en contra de ocho militares carecía de sustento legal, porque, argumentaron, fue «dictado a modo, más con tintes políticos que legales”. El auto de formal prisión fue resuelto justo por la misma Jueza de la audiencia de Encinas ante militares.
«En ningún momento les fue aclarado por parte de la Jueza en qué consistían las acusaciones en su contra, tampoco les fueron aclaradas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y ocasión, en las que supuestamente participaron en la desaparición de 43 estudiantes”, alegaron los abogados en un comunicado difundido a medios como Imagen/Excélsior.
Este año, lograron su objetivo. La Jueza Raquel Duarte –la misma que liberó al general y llevó la audiencia donde estuvo Encinas– ordenó la libertad de los ocho militares al cambiar la medida cautelar de prisión justificada a libertad condicional. Tras pagar 100 mil pesos, en mayo de 2024 salieron del Campo Militar 1 los elementos Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
«Cómo es posible que alguien a quien acusan de desaparición forzada –un delito gravísimo que no prescribe– pueda un juez determinar que se puede cambiar la medida cautelar. El mismo aparato contrata para que haya impunidad, hay un acuerpamiento», lamentó Barrera desde la montaña de Guerrero.
Entre liberaciones pese a tratarse de desaparición forzada, entre ineficiencia de la FGR y la señalada ausencia de 800 folios de archivos militares, el pacto de impunidad continúa a una década del caso de Ayotzinapa que sacó a miles de ciudadanos a las calles.
