Aunque la vivienda es un derecho, en la Ciudad de México las altas rentas y falta de regulaciones al sector dificultan cada vez más su acceso. Recientemente se aprobaron reformas que reconocen la obligación del Gobierno para crear estrategias que resuelvan esta problemática.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno de la Ciudad de México calcula que al año 100 mil personas se ven forzadas a irse de la capital porque no pueden pagar dónde vivir. Y aunque recientemente entraron en vigor reformas para regular el costo de las rentas, una de las autoridades encargadas de poner en práctica esta política pública ve un reto pendiente de zanjar: que el sector de la población acostumbrado a especular con la vivienda, es decir, a verla como mercancía, la entienda como un derecho.
”El gran reto que tenemos como sociedad es cambiar la concepción de la vivienda. Tenemos que acabar con la especulación inmobiliaria y tenemos que dejar de pensar que es una mercancía, la vivienda es un derecho”, expuso Federico Taboada López, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, de SinEmbargo.
El funcionario detalló que en la capital del país comprar una vivienda cuesta en promedio 4 millones de pesos, por lo que para conseguir una hipoteca las personas tendrían que pagar al menos 45 mil pesos mensuales durante 20 años.
“Si tienes que pagar 45 mil pesos mensuales durante 20 años significa que tu ingreso debe ser por lo menos de 150 mil pesos al mes porque la hipoteca tiene que representar el 30 por ciento de tu ingreso si no, no te prestan el dinero. ¿Cuántas personas ganan más de 150 mil pesos en la ciudad? El 3 por ciento. Entonces la vivienda que hoy existe en la Ciudad de México sólo la pueden pagar los más ricos de los más ricos”, mencionó.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto (ENVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020 también confirman la desigualdad en el acceso a la vivienda: 45.8 por ciento de la población reconoce que renta porque no tiene recursos ni acceso a créditos hipotecarios o bancarios.
El 28 de agosto, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó modificaciones a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México y al Código Civil para frenar los aumentos de rentas excesivos.
Gaceta Oficial 28-08-2024. Reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para frenar el aumento excesivo de las rentas.https://t.co/UVSnS4npwD pic.twitter.com/224hIVWdUW
— ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 28, 2024
De esta manera, el artículo 2448 del Código Civil capitalino ahora estipula que el incremento de la renta “nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.
El tope a la renta es relevante porque para quienes tienen menores ingresos el pago de alquiler representa el 51 por ciento de lo que ganan, mientras que para las personas de mayores ingresos es el 8 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del Inegi 2022.
También se creará un registro digital de los contratos de arrendamiento, el arrendador deberá concretarlo en un plazo no mayor a 30 días desde que se firmó el convenio. Taboada López celebró la medida porque responde a las problemáticas que enfrentan quienes rentan y no tienen contratos.
“Para nadie es sorpresa escuchar que a alguien no le regresaron el depósito, por ejemplo, o que la hija del propietario se casó y te pidieron el departamento, o no te dan contrato, o te piden la renta en efectivo, o todas las anteriores, eso vulnera el derecho a la vivienda de la gente porque si estás rentando y no tienes contrato, tu vulnerabilidad es muy alta, el día que quieran te corren”, mencionó.
La reforma a la Ley de Vivienda agregó al Artículo 1 la obligación del Gobierno capitalino de garantizar "la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos".
Mientras que el Artículo 24 plantea la necesidad de establecer mecanismos para buscar que un mayor número de personas tengan acceso a una vivienda, preferentemente la población en situación de pobreza, trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años.
En el marco de estas reformas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, publicó el 2 de septiembre una modificación a la Constitución local: antes sólo contemplaba “el respeto a la propiedad privada”, y ahora especifica “el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“.
Esto llevó a que en redes sociales se difundiera información falsa sobre la posibilidad de desaparecer la propiedad privada, sin embargo, los términos del Artículo 27 de la Constitución a los que ahora se apega la Constitución local contemplan el respeto a la propiedad privada, a la propiedad pública y a la social.
Batres aseguró que el objetivo es dejar claro que lo público estará por encima de “cualquier interés particular”.
Previamente, durante el programa del Estudio B de SinEmbargo, Federico Taboada habló de cómo, pese a las dificultades para acceder a viviendas, una parte de la población rechaza que el Gobierno genere estrategias para regular el sector y subsidiarla a quienes no pueden pagarla.
“El Gobierno tiene que tomar un papel muy protagónico interviniendo el mercado de la vivienda y generando estrategias y políticas para que los precios no aumenten mucho y para la gente que no puede acceder a la vivienda, subsidiarle una, rentarle, o incluso regalarle una vivienda.
“En Viena, seis de cada 10 personas viven en una propiedad que es del gobierno en Nueva York es el 25 por ciento, en París es cerca del 30, en Berlín es casi el 40 por ciento, esas ciudades hacen eso porque entienden que la vivienda es una llave que abre la puerta a otros derechos y que sin vivienda no puede haber un bienestar posible: Tú puedes tener trabajo, acceso a servicios de salud, a educación, pero si no tienes vivienda, nada de lo anteriormente comentado habrá significado un cambio radical en tu calidad de vida", destacó el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
