Guanajuato ha sido el mayor ejemplo de la estrategia de seguridad que el Partido Acción Nacional (PAN) ha implementado desde 1991, cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari le obsequió la gubernatura a Carlos Medina Plascencia. En todo este tiempo, la entidad ha conocido seis gobiernos blanquiazules, tres de ellos con el Fiscal Carlos Zamarripa repetido en el cargo, con resultados cuestionables que tienen hoy al estado como el más violento.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó la mañana de este martes un informe para desmenuzar las principales razones por las que Guanajuato, estado que ha sido gobernado los últimos 33 años por el Partido Acción Nacional (PAN), está sumido en una profunda crisis social. Una de las conclusiones del reporte es que dicha tragedia fue causada por la derecha y El Yunque.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el análisis sobre la situación que enfrenta la entidad no sólo tiene que ver con la revisión del entorno social y del desarrollo económico, sino también con la evaluación de los índices delictivos y de violencia que se registran en ese territorio del país.
«Decir que la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad elaboraron un diagnóstico de la situación económica, social y de seguridad de Guanajuato que permitiera identificar los municipios con mayor problemática de violencia, con el propósito de aplicar una estrategia especial para la construcción de paz en el estado, como fue la instrucción del Presidente», declaró Rodríguez Velázquez.
«¿Por qué el estado de Guanajuato continúa con un alto índice de ocurrencia de homicidios a pesar de los avances en materia económica? Es la pregunta que siempre nos hemos hecho. Ese estudio permitió conocer que la entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha, y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia, se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas», aseguró.
De acuerdo con la funcionaria federal, «de 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por El Yunque». En este periodo, señaló, «se impulsó la concentración del capital en el Corredor Industrial, lo que acentúa el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda, así como la precarización de las condiciones laborales».
«Guanajuato es una entidad rica. Es la quinta economía del país, el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa, además de tener una posición estratégica envidiable en la red de carreteras y de poseer una importante infraestructura de los ductos de Pemex», destacó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Asimismo, Rosa Icela afirmó que «el modelo neoliberal se evidencia en la concentración de la riqueza sin impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de su población, ya que ocho de sus 46 municipios, ubicados en el Corredor Industrial, concentran casi el 60 por ciento de los pobres en Guanajuato».
«Sólo, por dar un ejemplo, el pujante municipio de León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema. En Guanajuato, según las estadísticas del Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social] y la Secretaría de Educación Pública, en los últimos años ha crecido de 14.6 por ciento a 20 por ciento el porcentaje de la población de tres a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con una educación básica. Ocupa el segundo lugar de la población de 22 años o más que no tiene educación media superior completa con el 47.7 por ciento», mencionó.
El Presidente @lopezobrador_ nos instruyó priorizar la atención a las causas que generan la violencia. En #ConferenciaMañanera mostramos los avances de las acciones realizadas por la @SSPCMexico, como #DesarmeVoluntario, Constructores de Paz y #TianguisDelBienestar. 🇲🇽 pic.twitter.com/JZngMYMJvz
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 3, 2024
La Secretaria de Seguridad indicó que «el estado también registra alta incidencia de viviendas precarias y sin servicios básicos». «Además, aumentó la población que no tiene acceso a servicios de salud. Otros datos del Coneval revelan otras carencias: el 50 por ciento de los habitantes no tiene seguridad social, el 18 por ciento carece de buena alimentación, el seis por ciento no cuenta con calidad en espacios en la vivienda, el 41 por ciento tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza», enlistó.
En la zona urbana, agregó, el 60 por ciento de la población no tiene acceso a servicio de transporte colectivo, el ocho por ciento carece de alumbrado público, el 10 por ciento habita en colonias sin pavimentación y el 13 por ciento sin banquetas. «Y en el ámbito rural, el 26 por ciento de las personas no cuenta con transporte público foráneo, el 23 por ciento no cuenta con señal de telefonía celular», precisó.
«Aunado a esto, de 2000 a 2018, el robo de combustible proliferó en el estado. Grupos criminales de la región de Celaya y Los Apaseos practicaban el huachicol con bajo o nulo registro de la intervención de las autoridades estatales y municipales para impedir la recurrencia de este delito. Este fenómeno se disparó con el incremento de tomas clandestinas en puntos estratégicos como Salamanca, Irapuato, Silao y León por donde pasa el poliducto Salamanca-León», apuntó Rodríguez.
Según el informe, «el control de esta actividad ilegal la encabezó el Cártel de Santa Rosa de Lima» y «la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación desató acciones violentas entre los grupos delictivos locales, principalmente con el ya mencionado Cártel de Santa Rosa».
Más adelante, la encargada de la SSPC citó datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales arrojan que Guanajuato ocupó el primer lugar de 2000 a 2018 en tomas clandestinas localizadas.
«Además, ocupa el primer lugar de homicidio doloso en el país, este delito se incrementó 994 por ciento de 2009 a 2020, cuando alcanzó su punto más alto, aunque en 2021 tuvo una reducción marginal, es a partir de 2022 cuando se implementa la Estrategia Especial de Construcción de Paz en Guanajuato, que se refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la entidad, fue que se logró una baja significativa, porque entramos ahí con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional», detalló.
La próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) situaba en 2016 a Guanajuato en el octavo lugar en carpetas de investigación por narcomenudeo en el país, mientras que para 2018 ya se encontraba en la segunda posición, y desde 2020 ocupa el primer sitio. A su vez, expuso que el homicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes, de entre 12 y 29 años de edad, en 2023. «La causa de la mayoría fue por homicidios ocasionados por arma de fuego», notificó.
«Esto se da en el contexto de la permanencia de altos funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia del estado. El actual Fiscal [Carlos Zamarripa Aguirre] cumple 15 años en el cargo, su nombramiento concluye en 2028, y desde el inicio de su gestión se ha registrado un aumento del 994 por ciento en homicidios dolosos; mientras que el titular de Seguridad [Alvar Cabeza de Vaca Appendini] ocupa la misma posición desde hace más de 11 años y antes también era responsable de la seguridad en el municipio de León, Guanajuato, municipio con el primer lugar nacional en homicidio y narcomenudeo. Como podemos ver, existe una relación del trabajo que hacen las autoridades policiacas y de seguridad con el incremento de estos delitos», sostuvo.
Rosa Icela Rodríguez informó que en los recorridos realizados en territorio por brigadas en el marco de la Estrategia Especial para la Construcción de Paz en Guanajuato identificaron también una crisis de consumo de drogas en la entidad. «Mediante una encuesta especial que se realizó con la Conasama [Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones] sobre consumo de sustancias psicoactivas aplicada a mil 66 trabajadores a las entradas de las fábricas del Corredor Industrial Celaya-León, se pudo establecer que el 51 por ciento de ellos conoció a alguien que consume drogas», abundó.
«El impacto negativo del consumo principalmente de metanfetaminas se da entre trabajadores que buscan mejorar su rendimiento ante las largas jornadas laborales. Los hallazgos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Conasama, dependiente de la Secretaría de Salud, coinciden en el uso de sustancias estimulantes entre la población trabajadora», advirtió.
La encuesta focalizada sobre consumo de sustancias, que se realizó en el mes de mayo, muestra que el 26 por ciento de los trabajadores de este Corredor Industrial del sector manufacturero ha consumido sustancias alguna vez en su vida y 54 por ciento externó que conseguir drogas en su entorno es muy fácil.
«La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, la Envipe, identificó una tendencia a la alza de personas que han atestiguado la venta o consumo de drogas en la entidad tanto en zonas urbanas como rurales. Esta problemática de consumo y distribución drogas, así como de violencia, se atribuye a dos causas principalmente: los procesos de descomposición social como pérdida de valores, ausencia de cultura de la legalidad y del esfuerzo, así como la falta de confianza en la familia; otra es las fuerzas del mercado sin contrapeso social, es decir, el impulso de la economía sin considerar una política pública de atención a la población trabajadora en la región por parte del Gobierno estatal», comunicó Rodríguez Velázquez.
En diciembre del 2022, recordó, se implementó la Estrategia Especial para la Construcción de Paz en Guanajuato, fundamentalmente en los municipios prioritarios con visitas a los hogares de 71 colonias prioritarias en seis municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, León, San Francisco del Rincón y Apaseo El Grande. Ahí se identificaron necesidades de la población en materia de seguridad, educación, salud, consumo problemático de sustancias, alimentación y empleo.
«Las acciones se enfocaron en promover el retorno de niñas y niños a la primaria y a la secundaria; a brindar atenciones médicas gratuitas; a gestionar la incorporación de personas a los programas de Bienestar; a difundir las ofertas laborales, en especial a jóvenes; a fomentar actividades culturales y deportivas; a organizar pláticas y talleres de prevención, entre otras. Participaron la mayoría de las dependencias del Gobierno de México, del Gobierno federal, ahí en estos municipios. Estas actividades impactaron en la disminución de homicidio doloso y el reclutamiento de jóvenes por el crimen», aseveró la Secretaria de Estado.
Por ello, dio a conocer que las autoridades ya están «trabajando en reforzar las acciones de prevención de las violencias de género». «En esta parte del inicio de esta estrategia se reforzaron las acciones de prevención de las violencias de género, y las adicciones en escuelas de nivel básico y medio superior. También, en facilitar la incorporación de las personas a los programas de Bienestar a través de los Servidores de la Nación», comentó.
«Tres, en continuar con la implementación de programas sociales federales, especialmente salud y educación en todos los municipios. Implementar un programa de prevención, detección, y atención a la violencia familiar y de género. Continuar con la presencia de la Guardia Nacional en toda la entidad, especialmente en los municipios prioritarios donde prevalece la incidencia delictiva», continuó la titular de la SSPC.
«Seis, fortalecer el trabajo de inteligencia para la captura de objetivos prioritarios y su judicialización. Siete, verificar el funcionamiento de los giros negros para su legal operación. Ocho, generar acciones de prevención para evitar el consumo de drogas, como clínicas móviles y de atención, y reducción de daños, y también los centros de tratamiento para la atención de consumo problemático», describió.
«Esto ya lo estamos haciendo, pero sabemos que para regresar la paz, la total paz a esta entidad, aún falta: uno, establecer un programa emergente de mejoramiento para la infraestructura urbana, agua, drenaje, pavimentación y alumbrado, sobre todo en aquellas colonias que no tienen un desarrollo urbano y cuyos habitantes enfrentan la pobreza; dos, impulsar la recuperación y apropiación de espacios públicos con la población como mantenimiento de plazas, calles, parques, jardines, centros comunitarios, casas de cultura y espacios deportivos, entre otros, con la integración de actividades culturales, deportivas, recreativas», dijo Rosa Icela.
«Guanajuato es un estado con mucha riqueza y potencial económica, con gente trabajadora, productiva y honesta. Los gobiernos somos los responsables de revisar los modelos económicos que se aplican para generar igualdad y bienestar en beneficio de las familias guanajuatenses», concluyó.
