Por: Kathia García Rodríguez*

El domingo 1° de septiembre, dio inicio la LXVI Legislatura en el Congreso de la Unión con la mayoría calificada del partido gobernante en la Cámara de Diputados y a una persona legisladora de alcanzarla en el Senado. Esto ocurre en un contexto en el que se busca aprobar una serie de iniciativas constitucionales que representarán cambios profundos en el aparato institucional del Estado y, por lo tanto, en los procesos de designación y en el sistema de controles y contrapesos democráticos tal y como los conocemos.

Con este marco, es preciso señalar los pendientes que se dejaron en términos de designaciones. En el periodo que abarcó de septiembre de 2021 a agosto de 2024 (LXV Legislatura), se realizaron 31 designaciones de las 57 que debieron haberse concretado legalmente. Esta cifra incluye las designaciones rezagadas de periodos anteriores más las que debieron haberse realizado durante el periodo por la conclusión de ciertas responsabilidades. Es decir, 45.6% del total^[1], o sea, 26 responsabilidades, permanecieron vacantes por la omisión de designar.  De este universo, 11 están en la cancha del Ejecutivo, 14 en la del Senado y 1 en la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción^[2].

De ellas, resaltan, por ejemplo, las designaciones pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues de manera deliberada se dejaron vacantes tres responsabilidades. Esto dejó sin posibilidad de operación a su pleno durante cinco meses en 2023, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgó una suspensión para poder sesionar y que así pudieran resolver los más de 8,000 recursos que impedían el acceso de información a un número similar de personas. Como este caso, hay varios en donde a través de la falta de designaciones se buscó limitar el funcionamiento de varios organismos^[3] y en consecuencia vulnerar los derechos de todas las personas. La estrategia deliberada de no designar formó parte de un esfuerzo más amplio de debilitamiento institucional, que se cristalizó con el paquete de reformas presidenciales enviadas el 5 de febrero.

De manera inusual, la anterior Legislatura dejó lista la mayoría de los dictámenes, entre ellos el de la reforma de simplificación orgánica, la cual busca desaparecer algunos órganos autónomos, como el INAI, y transferir sus principales funciones a la Secretaría de la Función Pública. Esto representa una regresión institucional para la garantía del derecho de acceso a la información, ya que es una dependencia de gobierno subordinada al Ejecutivo y en caso de negativas de información, se vislumbra imposible que obligue tanto al Ejecutivo como a las otras dependencias de la administración a entregar lo solicitado. Además, la designación de las personas responsables no se someterá a un proceso de evaluación abierto al escrutinio público que permita garantizar su autonomía y capacidades, sino que se reducirá a un acto administrativo solamente.

En el mismo sentido, se prevé que comience la discusión de la reforma al Poder Judicial en lo general, una reforma que modificará drásticamente la forma en la que se elige a las personas operadoras de justicia (ministras de la SCJN, juezas de distrito, magistradas de circuito y magistradas electorales), implementando para ello el voto popular^[4]. Este mecanismo es la excepción en el mundo, y las pocas experiencias que se registran en otros países, como Bolivia y Estados Unidos, han demostrado que no es la forma más eficiente, pues no garantiza perfiles idóneos, independientes ni imparciales^[5].

Estas reformas constitucionales, de aprobarse, representan un giro hacia la concentración del poder, pues de eliminarse órganos autónomos de alta especialidad, como el INAI, se dejará en manos de las dependencias del gobierno funciones que podrían ser incompatibles por su naturaleza, al ser juez y parte (tal es el caso de los recursos de revisión por negativas de información). Por su parte, la reforma al Poder Judicial corre el riesgo de la partidización, ya que, con una fuerza electoral tan amplia, se anticipa que las fuerzas políticas podrían intervenir para que sean electas las personas juzgadoras que más les favorezcan, lo cual limita el acceso a una justicia accesible e imparcial para todas las personas.

Además, estas reformas representan una regresión en términos de los estándares que deben guiar los procesos de designación de altas responsabilidades públicas. Por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial se establece que se realizará un proceso de preselección a cargo de un Comité de Evaluación creado por cada poder, mismo que definirá sus atribuciones. Sin embargo, no se especifica cómo se integrará el comité, la metodología de evaluación que usarán, ni los criterios objetivos que permitan resultados imparciales en la integración de las listas finales.

Hay de herencias a herencias, y la LXV Legislatura que concluyó nos deja dictámenes sumamente regresivos que ponen en peligro el ejercicio de los derechos de todas y de todos. Como sociedad, nos toca seguir exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones e impulsar reformas que sí beneficien a todas las personas para reparar este desmantelamiento institucional.

#SinCuotasNiCuates

* Kathia es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

^[1] Del universo priorizado al que damos seguimiento desde Designaciones:  Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Fiscalía General de la República; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior Agrario; Auditoría Superior de la Federación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

^[2] Actualmente sin integrantes por la falta de designaciones por parte del Senado.

^[3] Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.

^[4] Si quieres conocer más respecto al dictamen, te invitamos a leer nuestro hilo: https://x.com/designaciones/status/1828100732010320288?t=pbL_aMsgR3UyfsN4NFUCUQ&s=19

^[5] Caso Bolivia: https://x.com/designaciones/status/1815794551166050764?t=0Hth2yQe3GB-QC2uDXuW1A&s=08

Caso Estados Unidos: https://x.com/designaciones/status/1808901953373810889?t=yX8aXkOMqOLgr-yjF4XcQQ&s=08

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