«Nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal. Hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial. Es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial, y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el Presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elija el pueblo», comentó el Presidente López Obrador.
Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que no le importó la Constitución a los jueces que pretendían frenar la reforma al Poder Judicial, ya que, en su desesperación, se atrevieron «a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo» para evitar que la gente elija a juzgadores, magistrados y ministros.
«No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos a los jueces, y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo. Pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes«, declaró.
«Y esto lo digo porque un Juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un Juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Y otra persona, creo que un Juez. Primero fue un Juez y una Jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe», agregó López Obrador.
«Pero esta Jueza dice: ‘No se envíe a los estados’. O sea, parar o pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes, de ningún otro Poder», aseguró durante su conferencia de prensa matutina.
El mandatario mexicano pidió revisar lo que establece la Constitución en el Artículo 135 sobre este tema y lo que se estipula en la Ley de Amparo. «No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero es la Constitución, es la Ley de Amparo. Pero además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia», señaló.
«Ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección, un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial, cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo. Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes», denunció.
Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal leyó el contenido del Artículo 135 de la Carta Magna: «La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes —mayoría calificada—, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el computo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas».
Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, continuó con el Artículo 61 de la Ley de Amparo: «‘El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estado de México —así de claro— contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’. O sea, no funciona el juicio de amparo, que es lo que están haciendo estos jueces», advirtió.
El Presidente de México reiteró que «existen, además, como comentaba, las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema». «Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas, pero ahora ya todo está muy claro» con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), sostuvo.
«Hablan de Estado de Derecho, y es Estado de chueco. Y es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto —por tratarlo bien— político, en realidad politiquero porque ya están metidos ahí personajes de la política y de los partidos opuestos, del conservadurismo y otros personajes», indicó frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
El gobernante afirmó que «el Poder Judicial está mal», pues «hay mucho influyentismo, nepotismo y corrupción». Ante dicha situación, subrayó, «es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial». «Por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el Presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elija el pueblo», explicó.
«Así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al Presidente, a la Presidenta de la República, con voto directo, secreto; que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados; y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos; y que sea el pueblo de México el que decida», agregó.
En palabras del político tabasqueño, «se ha alegado que funciona bien el Poder Judicial y no es cierto». «Aquí lo hemos visto, cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado famosos y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos. Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso ‘sabadazo’. Se puede probar cómo de 100 que liberan, 20-25 los liberan de martes a jueves, y 75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo», reprochó.
«Está probado y es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico, del poder político y de la delincuencia organizada», insistió.
«Bueno. ¿Qué dicen? Que no cualquiera puede ser Juez. ¿Por qué no si cumple con los requisitos? ¿Qué es más complejo ser Juez que ser Presidente de la República? ¿Por qué al Presidente se le elige? ¿O Gobernador de un estado? ¿O Presidente Municipal? ¿Qué es más complicado ser Juez que ser Presidente Municipal, que ser Gobernador, que ser Presidente de la República?», cuestionó el líder de la Cuarta Transformación.
«La propuesta es que si los elige el pueblo, los jueces van a saber a ciencia cierta que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados, y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper porque no sólo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el Poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF. Es el poder de la familia. Entonces eso es lo que está en debate», concluyó.
En el caso de Morelos, Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en el estado, otorgó el viernes pasado una suspensión provisional en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.
De acuerdo con el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó el 29 de agosto un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la Legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.
La demanda fue admitida por la Jueza al día siguiente y consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso. Sin embargo, el fallo considera estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional. Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.
En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar. “Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, resolvió el Juez al girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
