Por: Anaid García Tobón (@laanaidtobon)*

Si tuvieras encomendada una alta responsabilidad pública que implicara que sancionaras a tus pares y superiores jerárquicos ¿crees que ellos acatarían la decisión que tomaras? La respuesta es no.

Esto es precisamente lo que plantea la propuesta de reforma al artículo sexto constitucional, que pone en riesgo el derecho que todas y todos tenemos para acceder a información pública. Esta propuesta, enviada por el Ejecutivo Federal al Legislativo el cinco de febrero de este año, fue dictaminada a finales de julio sin cambios. Se trata de trasladar las funciones que hoy hace el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano autónomo, a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a las contralorías de los otros Poderes de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Actualmente, al ser autónomo, el INAI puede ordenar a cualquier instancia de los tres poderes y a otros órganos a entregar información pública, y sus resoluciones son inatacables. La reforma pretende quitarle al INAI esta autonomía y transferir sus funciones a la SFP, que pertenece al Poder Ejecutivo. Esto generaría un posible conflicto de interés porque sería una agencia del mismo Poder ordenando la apertura a otra instancia de la misma jerarquía. Por ejemplo, si la Oficina de la Presidencia de la República u otra dependencia federal negara la entrega de información pública sería sumamente difícil que la SFP promoviera una sanción por la falta de esa información si la instancia pertenece al mismo Poder, debido a que tendría que promover una sanción a su superior jerárquico o de similar jerarquía.

En el mismo sentido, las personas tendrían que asumir la buena fe de las instituciones para la entrega de información. Sin un órgano autónomo que vigile la garantía de un derecho, depende de la voluntad de las dependencias decidir qué información entregar y cuál no y en su caso valorarse a sí mismos si incurrieron en alguna irregularidad por violentar el derecho, siendo en muchos casos juez y parte.

No olvidemos que hace apenas unas décadas los gobiernos no rendían cuentas, un sólo partido ocupaba los principales cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que las decisiones eran completamente discrecionales y la rendición de cuentas, si se daba, era únicamente entre los mismos poderes y no a la sociedad

Entonces, gracias a la exigencia de la ciudadanía organizada, se creó y dotó al INAI de autonomía con la misma jerarquía que tenían los Poderes tradicionales para diversificar los controles dentro del modelo tradicional para que las instituciones tanto del Legislativo, como del Ejecutivo y del Judicial rindieran cuentas, independientemente del partido que gobernara.

En México, la existencia de un organismo público autónomo que garantice el derecho a la información sigue más vigente que nunca puesto que las instituciones continúan negando información aprovechando cualquier tipo de estrategia legal para hacerlo, lo que alimenta la opacidad. Según el INAI, en 2023 la ciudadanía interpuso más de 20 mil inconformidades ante malas o nulas respuestas de las instituciones.

Además, en un contexto en el cual el Ejército está realizando cada vez más tareas civiles, la reforma tal como se plantea resultaría altamente regresiva pues esta institución se caracteriza por reservar información.

A esto se suma que el gobierno ha buscado minar el derecho de acceso a la información y transparencia. En 2021, el Ejecutivo federal publicó un acuerdo en el que señala como de interés público y seguridad nacional las obras de infraestructura estratégicas, con lo que pretendía reservar toda la información referente a estas obras. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo, el mismo día de la resolución de la Corte, el Ejecutivo publicó un Decreto en el que declaraba como de seguridad nacional el Tren Maya y otras obras de infraestructura. Frente a este escenario resulta sumamente importante contar con un organismo que no funja como juez ni parte.

Las trabas para obtener información, más la desaparición del órgano especializado en la materia y su sustitución por mecanismos laxos ponen en riesgo nuestro derecho al acceso a la información. Si bien es posible impulsar cambios en el órgano garante para fortalecer su labor, los propuestos no son los adecuados ya que contribuyen a que exista más opacidad y se genere un campo fértil para la corrupción, ya ésta tiende a ocurrir cuando las instituciones no se sienten observadas ni tienen que rendir cuentas a nadie sobre sus decisiones. Por ello, defender nuestro derecho a la información es exigir a la Cámara de Diputados y de Senadores no aprobar la reforma en los términos que propuso el Ejecutivo. #NiUnPasoAtrás en nuestros derechos.

* Anaid es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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