Desde Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial cabildeó por una reforma energética con inversión privada que finalmente fue aprobada con mayoría del PRI y aliados en 2013. En contraste, ahora este brazo político de la élite cabildea contra la mayoría de Morena y la reforma al Poder Judicial.
Ciudad de México, 24 agosto (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social. Pero desde su fundación en los setenta, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias de Claudio X. González Laporte (1985-1987 y 2000-2002), José Luis Barraza (2004-2007), Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) o la del actual dirigente desde hace dos años, Francisco Cervantes Díaz.
Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés Basurto ha analizado al CCE como un think tank difusor de ideas neoliberales. Al especializarse en historia empresarial, ha concluido que este sector suele «presionar» al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría (reparto de tierras, aumento de salario, control de precios, paraestatales, acercamiento con Cuba). En 2000-2013 cabildeó a favor de una reforma energética y, actualmente, contra una reforma al Poder Judicial desde el mercado cambiario y un comunicado.
«Tienen algunas reuniones con el Presidente Echeverría, pero no cambia la política y cuando ven que no pueden ejercer presión en ese sentido, lo que van hacer es buscar otra vía para ejercer presión. La vía que van a adoptar es una mayor organización empresarial. En mayo de 1975 surge el Consejo Coordinador Empresarial; son los empresarios tratando de aglutinarse para poder hacer un frente más robusto y fuerte frente a lo que ellos consideran una política intervencionista», explicó.
En diciembre de 2013, con la presencia al frente de Claudio X. padre, el CCE convocó a una rueda de prensa para anunciar su respaldo al dictamen de la Reforma Energética peñista que en ese momento se discutía en el Congreso y que prometía la inversión privada en la extracción petrolera y en la generación eléctrica (el cuestionado modelo de autogeneración entre cuates). El Consejo llevaba años cabildeando por una reforma así, desde Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, a quien donaron millones para la campaña en 2006 porque les prometió aquel regalo legislativo.
«Los cambios al texto constitucional que hoy se discuten en el Congreso son la llave para detonar estas oportunidades irrepetibles e históricas. Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias a que, con responsabilidad republicana y visión de Estado, analicen, discutan y aprueben en este periodo ordinario de sesiones esta reforma que se requiere con gran urgencia para todo el país y para todos los mexicanos», dijo el entonces presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, con la aprobación de Claudio X. a su lado.
En contraste, esta semana de agosto de 2024 el Consejo Coordinador Empresarial pidió al INE y al Tribunal Electoral adoptar «una fórmula» que evite la «sobrerrepresentación» de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Esto ante la reciente revelación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las empresas que han donado millones a Mexicanos contra la Corrupción (de Claudio X. hijo) y, sobre todo, después de la publicación del dictamen de la Reforma al Poder Judicial, que se prevé sea aprobada con la mayoría calificada de Morena-PT-PVEM.
«En el sector empresarial confiamos en que las autoridades electorales darán una respuesta que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad. El respeto a los derechos de las minorías es fundamental para garantizar el equilibrio entre los poderes de la Unión y el espíritu de la vida democrática de nuestro país», aseguró en un comunicado, bajo la dirigencia de Francisco Cervantes.
Cervantes llegó al cargo por recomendación de Carlos Slim (América Móvil), uno de los cinco magnates a quienes el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su opinión pública respecto a la petición del CCE, organismo que dice representarlos.
El Presidente López Obrador –blanco de la guerra sucia financiada por este Consejo en 2006– aseguró que «es mucha prepotencia» que los que se sienten «dueños de México» quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros para que, dijo, no paguen impuestos, para que empresas extranjeras inviertan en el sector energético y para que mantengan sus monopolios en contra del interés general.
«Todas las reformas (neoliberales) que se hicieron y entonces no había desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud y ahora sí?», cuestionó desde Palacio Nacional.
Otro de los expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial fue Manuel Clouthier, excandidato presidencial panista en el 88. Tatiana Clouthier, su hija y exsecretaria de Economía en el Gobierno de López Obrador, dijo esta semana a Los Periodistas que en el comunicado hay un «perverso» juego de palabras a favor del sector empresarial que pide que le «regalen» curules a la oposición. «Si (la interpretación de la voluntad en las urnas) es apegada a la Constitución, no requiere interpretación ni ‘sensata’ ni ‘equilibrada’, sino la lectura propiamente de lo que es la Constitución», dijo.
CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE
La Presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con el sector empresarial en el hotel Intercontinental pocos días después de ser votada por casi 36 millones de mexicanos. Pero al terminar, rechazó reunirse en privado con el magnate Claudio X. González Laporte (Sonora, 1934), quien a sus 90 años fue fotografiado por Luis Castillo de La Jornada sentado, plantado; derrotado como el PRI y PAN, partidos con los que se codeó y benefició durante años.
«Es interesante e impresionante estas fotografías de Laporte ahí rechazado por la Presidenta Sheinbaum, porque esto es un mensaje de una clara derrota del neoliberalismo. Recordemos que Claudio es el 42 en la lista de personas más ricas donde figuran Baillères, Salinas Pliego, Carlos Slim», dijo el economista por la UNAM Aarón Morales Islas.
Pero tuvo sus periodos de gran influencia política. En la década de los 80 el Ingeniero químico viajó a Nicaragua, Cuba y Panamá para promover la “libre empresa”; en su primer periodo como presidente del CCE (1985-1987) desayunaba con el Presidente Miguel de la Madrid para platicar sobre la crisis económica y alta inflación, y posteriormente fue asesor de Carlos Salinas de Gortari, quien benefició a diversos empresarios con la privatización de empresas públicas. Todo esto lo muestran fichas escritas en máquina de escribir desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo espía y de represión de la Segob durante la guerra sucia, las cuales fueron publicadas por la revista Contralínea.
El mayor accionista de Kimberly-Clark repitió presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en 2000-2002. En julio del 2000 celebró inmediatamente la victoria electoral del panista Vicente Fox. «Los mexicanos tenemos la oportunidad, como nunca antes, de transitar en la democracia de un gobierno a otro sin trastornos de diversos tipos, como los que hemos sufrido en el pasado», declaró un día después de las elecciones.
Solo tres días después, el Presidente electo y empresario Vicente Fox se reunió con el CCE. González Laporte le presentó un decálogo empresarial que incluía una reforma fiscal, relaciones laborales más flexibles y una reforma energética con intervención del sector privado, la agenda del organismo que para entonces ya contaba con una Comisión de Enlace Legislativo para cabildear. Fox no dudó en aceptar.
«Una vez que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, se acordó que el CCE mantendría reuniones periódicas con el Presidente, por lo menos una vez cada dos meses», enfatiza la tesis «El CCE en el sexenio de Fox» del maestro en Ciencia Política José Muñoz Cota publicada por el Colegio de México (Colmex) en el 2009.
El Consejo tenía una ventaja más: parte del gabinete foxista venía del sector privado, entre ellos, el Secretario del Trabajo, Carlos Abascal, que laboró en Coparmex y el Secretario de Hacienda, Francisco Gil, director de la empresa telefónica Avantel. Además, un importante número de legisladores panistas habían sido miembros de una cámara empresarial, patronal o de algún consejo de administración, documentó la citada tesis.
Aun así, y ya tras la salida de González Laporte, el CCE no logró presionar lo suficiente en el Congreso por lo que no pasó la anhelada Reforma Energética, lo que derivó que el siguiente presidente del gremio empresarial, Héctor Rangel Domene, comenzara a criticar a los partidos políticos, especialmente al PRI y al PAN.
«CHACHO» BARRAZA: GUERRA SUCIA
José Luis Barraza (Chihuahua, 1949) fue el presidente cuando el Consejo Coordinador Empresarial difundió en radio y televisión spots contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como parte de toda una campaña de guerra sucia a favor del panista Felipe Calderón, quien les prometió ahora sí aprobar la Reforma Energética para sus jugosas inversiones.
«El Chacho» Barraza recibió su premio durante el Gobierno del panista: se ofreció en una subasta la aerolínea Aeroméxico, él ganó y fue declarado el presidente del consejo de administración hasta 2013, tras la compra de Eduardo Tricio Haro (Lala).
El consejero presidente del IFE era Luis Ugalde, actual asesor de la derecha, y una de las consejeras electorales era Alejandra Latapí, extrabajadora del Consejo Coordinador Empresarial y exintegrante de la campaña de Xóchitl Gálvez.
En agosto de 2004, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Vicente Fox, Barraza recriminó que habían sido más promesas que logros presidenciales. Sin embargo, Fox pidió la unidad ante las intenciones de Andrés Manuel López Obrador de postularse a la Presidencia.
Para el sector empresarial, AMLO era un populista y autoritario y, para el entonces Jefe de Gobierno del DF, los empresarios eran comparsas de los gobiernos neoliberales del PRI y PAN, traficantes de influencias.
«En el 2004-2005 la relación del CCE y el Presidente Fox estuvo caracterizada por el regreso a la cooperación y el apoyo del Consejo al Presidente, con la salvedad de que este apoyo no fue con respecto a las reformas estructurales, sino con relación al desafuero de López Obrador, ocurrido en abril de 2005 (con votos del PRI y PAN)», plantea la tesis del Colmex «El CCE en el sexenio de Fox».
En esos momentos de tensión, el CCE publicó un desplegado en los diarios de circulación nacional donde criticaba al entonces Jefe de Gobierno del DF. El chihuahuense José Luis Barraza llegó a decir que «la droga del populismo» como política de Estado no era la solución, por lo que no se podía esperar «un líder mesiánico». Tras la masiva manifestación en el Zócalo contra el desafuero y el destape del exsecretario de Energía Felipe Calderón, el representante empresarial Barraza declaró:
«No nos espanta que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia; estamos a favor de la democracia y cualquiera de las tres fuerzas política tienen posibilidades… pero creemos que cualquier persona que tenga una tendencia al populismo nos haría retroceder, por lo que debemos seguir con una economía de mercado con responsabilidad social».
En septiembre de 2004, Barraza y Claudio X. González planearon un frente empresarial contra el «populista» López Obrador. Ya desde entonces, el CCE le pedía que no «polarizara» a la ciudadanía mientras el DF enfrentaba altos niveles de inseguridad.
En las elecciones de 2006 –luego de que el intento de desafuero le dio más popularidad a AMLO en las encuestas– el CCE fue más allá. El brazo empresarial dirigido por Barraza, con apoyo del publicista Antonio Solá, encabezó la difusión de spots donde metían miedo sobre el cambio y presentaron a AMLO como «un peligro para México», mismo tono que Jumex y Pepsico, lo que derivó un par de años posteriores en una reforma electoral que reguló más el financiamiento privado en campañas y su acceso a radio y televisión.
En contraste, el presidente de Bimbo, Lorenzo Servitje, y el dueño de grupo Alfa, Manuel Arango, estuvieron presentes en el registro como candidato presidencial de Felipe Calderón. Cuando anunció su programa de «un millón de empleos» estuvo Rangel Domene y Claudio X. González, expresidentes del CCE.
Además, el PAN recibió 143 millones de pesos de simpatizantes, así como donativos generosos de magnates como Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, o José Kuri de Telmex. Slim fue un caso particular: donó un millón de pesos a López Obrador y otro a Calderón.
En uno de los últimos actos de campaña previo al primer domingo de julio de 2006, el candidato perredista señaló directamente a Barraza y González Laporte como «delincuentes de cuello blanco». En el libro La mafia que se adueñó de México y el 2012, López Obrador ahondó en el rol que tuvo el empresario Claudio X. González Laporte junto con Barraza:
“En víspera de las elecciones junto con Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y José Luis Barraza González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, promovió y difundió la campaña de televisión, violando la ley electoral, para atemorizar con mensajes nada subliminales, en los cuales se decía que votar por el cambio iba a significar el cierre de empresas, desempleo y caos, todo lo cual ha sucedido y pudo evitarse si gente como ellos no hubiese actuado de manera fraudulenta y perversa”.
Aquella guerra sucia solo le valió al Consejo Coordinador Empresarial una multa del Tribunal Electoral de 130 millones de pesos por la difusión de dos anuncios televisivos que implícitamente llamaban a votar por Calderón, hoy autoexiliado en España a la par de que su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, espera su sentencia en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.
De hecho, más que una sanción proporcional al acto, hubo una fiesta. Esto escribió el periodista Álvaro Delgado en su libro El Engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo, 2007):
«Justo dos semanas después de la elección de 2006, el sábado 15 de julio, los principales artífices del financiamiento de la guerra sucia contra López Obrador se reunieron a festejar, en Chihuahua capital, con motivo de una boda celebrada en el hotel Westin Soberano. Ese día se casaron Lisa Fernanda Barraza, hija del entonces presidente del CCE, José Luis Barraza González, y Marcelo Margáin, nieto de Marcelo Margáin Zozaya, el orador en la ceremonia fúnebre de Eugenio Garza Sada tras su muerte en un intento de secuestro, en septiembre de 1973, por un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En contraste con la modestia de los negocios de Barraza González, que sólo había tenido cargos gerenciales, los Margáin Berlanga fueron los principales accionistas de Banco de Oriente, una de las instituciones financieras cuyo quebranto pagan los mexicanos por haberlo absorbido el Fobaproa».
En la mesa principal, junto a Barraza y su esposa Liz Llamas, estaban magnates que participaron directamente en el financiamiento y operación del fraude electoral de 2006 y antes en el desafuero y los videoescándalos: Azcárraga Jean (Televisa), Valentín Diez Morodo (IMCO) y González Laporte (Kimberly-Clark), además de magnates locales como los Terrazas Torres, de Cementos Chihuahua.
SALAZAR LOMELÍN: PANDEMIA
Por más de 30 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador fue electo como Presidente el 2 de julio de 2018. Dos días después, el 4 de julio, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial que 12 años antes había encabezado la guerra sucia, pero que ahora reconocía el triunfo y le pedía diálogo.
«Nosotros tenemos confianza en el sector empresarial y ellos han manifestado su confianza con el nuevo Gobierno que va a encabezar las acciones de transformación en nuestro país», declaró López Obrador en una rueda de prensa ofrecida a lado del entonces presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Un año después, el exdirector de FEMSA Carlos Salazar Lomelín tomó la presidencia del CCE (2019-2022), periodo en que la pandemia generó impactos económicos a nivel mundial y nacional.
A lo largo de los primeros meses de confinamiento en 2020, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó al Gobierno federal facilidades en el pago de impuestos, así como conformar un acuerdo para preservar empleos y salarios en las «pequeñas y medianas» empresas; esto es, una especie de rescate al estilo Fobaproa.
Ante la solicitud de diferir el pago de impuestos (diferir, no condonar), el Presidente López Obrador dijo que enviaría una carta dirigida a Carlos Salazar con la lista de las 15 grandes empresas que deben 50 mil millones de pesos al SAT para que ayudara a convencerlos de pagar esas multas y recargos ya que, con ese dinero, se podrían dar más créditos a pequeñas y medianas empresas de lo ya presupuestado.
«Estoy hablando que vamos entregar créditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50 mil, podríamos entregar 3 millones (de créditos)», expuso el Presidente en la rueda de prensa del 8 de abril.
El CCE respondió en un comunicado: “No debemos caer en falsos dilemas. La prioridad, por supuesto, son las familias más pobres. Pero sólo les garantizaremos una vida digna si ayudamos a que las MiPyMEs mantengan sus empleos”.
Pero Salazar también respondió de manera personal, lo que originó un distanciamiento entre el sector empresarial y el Presidente. En la misiva planteó que él no tenía atribuciones para solicitar el pago de los «supuestos» adeudamientos fiscales: «Es una pena que en el ánimo de ayudar y proponer, se haya llegado a afectar la confianza que yo pensaba que habíamos construido, con múltiples muestras de acciones de colaboración en beneficio de México».
Carlos Alba Vega, investigador sobre el sector empresarial en el Colegio de México, publicó un artículo en la revista académica Desacatos sobre ese episodio de desencuentros. Ahí, en julio de 2020, concluyó sobre los primeros meses de crisis sanitaria: «Las medidas sanitarias y sobre todo las económicas adoptadas por el gobierno mexicano durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 pusieron a prueba y enfrentaron a los poderes económico y político, y en esta coyuntura afectaron de forma negativa a la mayor parte de las empresas, pero también a quienes trabajan por su cuenta».
Volvemos al presente. En un par de semanas culminará el Gobierno de López Obrador e iniciará el de Claudia Sheinbaum, quien ya se reunió previamente con el Consejo Coordinador Empresarial, que será presidido por Francisco Cervantes hasta 2025, y la doctora ha repetido que continuará en la misma línea que su antecesor. ¿Cómo será entonces la relación con este brazo de la élite empresarial, por ejemplo, cuando eventualmente se eche a andar la reforma al Poder Judicial?, ¿qué posición ahora tomará el Consejo?
