Durante la Guerra Sucia, campesinos, poblaciones indígenas y afromexicanas que defendían el acceso a la tierra, así como sus familiares, fueron víctimas de violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, todo ello avalado por el Estado mexicano, concluyó el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en su informe final.
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– En el periodo de 1965 a 1990, conocido como Guerra Sucia, el Estado mexicano que encabezaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo agredió, asesinó y desapareció a integrantes de grupos de guerrilla urbana y rural, también violó los derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas que exigieron condiciones de vida dignas.
El Volumen 2 del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) publicado esta semana recopiló testimonios de 308 habitantes, información de fuentes documentales y reportes oficiales de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen priista de esa época, y otras dependencias oficiales que muestran cómo la violencia se sistematizó, es decir, fue avalada y cometida por autoridades de distintos niveles.
La complicidad e impunidad permitió que poblaciones campesinas, indígenas y afromexicanas, incluidas infancias, adolescentes y personas de la tercera edad, de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz sufrieran una serie de violaciones graves a derechos humanos como detenciones arbitrarias individuales y masivas, desplazamiento forzado interno, masacres, desapariciones forzadas, prisión política, la ocupación militar del territorio, tortura y violencia sexual.
En el informe se explica que desde inicios de la década de los sesenta las organizaciones político-militares –que utilizaron armas para movilizarse contra las autoridades–, encontraron respaldo en las poblaciones rurales ya que compartían las exigencias por frenar la desigualdad en el acceso a la tierra y los abusos de terratenientes y caciques, quienes, al igual que empresarios agrícolas, ampliaron su riqueza e influencia al explotar a trabajadores y pequeños productores.
A ello se sumó que desde el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se detuvo el reparto de tierras y se reformó el Artículo 27 de la Constitución, con lo que permitió a los grandes propietarios ampararse contra expropiaciones. Las comunidades organizadas iban en contra de los objetivos políticos y económicos del Estado mexicano que en esa época, al transitar hacia el neoliberalismo, promovió la industrialización como eje de crecimiento.
En ese contexto, los grupos indígenas, campesinos y afromexicanos que exigieron derechos como el acceso a la tierra fueron considerados por el Gobierno federal, autoridades locales, así como las fuerzas armadas, empresarios, caciques y terratenientes como disidencias políticas que debían ser combatidas.
Las y los investigadores del MEH describieron a este periodo como “la contrainsurgencia”, porque desde el Estado se aplicaron técnicas y prácticas militares para detectar y destruir no sólo a las organizaciones políticas independientes, también a sus familias y a comunidades empobrecidas en búsqueda de justicia.
Entre las personas señaladas por cometer violaciones a derechos humanos están integrantes del Ejército, la Marina, a la Dirección Federal de Seguridad –a cargo de la Secretaría de Gobernación– policías federales, estatales y municipales, así como personal del Poder Judicial, de ministerios públicos y personal administrativo de distintas áreas.
En el informe se resalta que los abusos se perpetraron con el respaldo de dirigentes y políticos del PRI, que impulsaban organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) con el fin de contener las movilizaciones campesinas; de igual forma, terratenientes recurrieron a guardias blancas y pistoleros para aterrorizar a la población.
«La militancia en organizaciones independientes significó más obstáculos y represión en su lucha por la tierra por no adherirse al corporativismo estatal», señala el informe del MEH, que pone como ejemplo la represión contra comunidades chinantecas, en Oaxaca.
En febrero de 1977, frente a la agencia municipal de Montenegro, en la zona del Papaloapan, fueron asesinados campesinos de origen tsa ju jmí o chinanteco de diferentes localidades que exigían la liberación de Juan Calderón, representante auxiliar de bienes comunales. Aunque no se tiene certeza del número de víctimas, medios reportaron 29 campesinos ejecutados, entre ellos dos niños. De acuerdo con testimonios, a las familias de las personas asesinadas se les impidió recoger los cuerpos; en estos hechos se reportó la desaparición de al menos 15 personas y otras 14 resultaron heridas.
«Los terratenientes señalados como responsables controlaban la vida política local por medio del partido oficial y la dirección de las instituciones agrarias, así que no fueron sujetos a investigación», destacó la investigación del MEH.
MÁS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
Las y los investigadores del MEH estudiaron 15 eventos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 en distintas entidades, en donde, al registrar individualmente a mil 516 personas violentadas, se encontró que 668 personas se adscriben como integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas.
Uno de los eventos ocurrió en junio de 1972, cuando trabajadores agrícolas protestaron en el ejido El Tajito, de Guasave, Sonora, para tener acceso a predios y poder subsistir más allá de la remuneración temporal que obtenían al trabajar en cultivos rotativos.
La Policía Judicial del estado respondió con la detención de 15 campesinos que permanecieron incomunicados por días, lo que derivó en una protesta en el Campo Teresita que fue cercada el 29 de junio de ese año por autoridades sin considerar las necesidades básicas de las infancias y adultos que se manifestaban.
“No nos dejaban pasar, ni agua, ni lonche, sufrimos mucho […] El cerco de la judicial allá afuera se retiró, duraron como unos ocho días […] mucha gente se enfermó, hubo niños muertos, a mí se me murió uno, tenía unos cuatro o cinco meses. Era el primer niño”, narró Arnulfo Pérez Pérez al Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
Mientras que mujeres refirieron que las condiciones en las que vivían eran difíciles porque los materiales de madera, lámina y telas de los que estaban hechas las casas improvisadas no les permitían resguardarse de las temperaturas extremas, a ello se suma el acecho constante de la Policía Judicial. Carlos Galindo Pérez, otra de las víctimas del cerco policial, coincidió en que la falta de ayuda derivó en la muerte de niños.
“Nos quitaron el agua y pusieron hasta policías en la compuerta para que nosotros no abriéramos […]algunos por diarrea por la deshidratación, por vómito, por lo que sea, pero hubo varios niños que fallecieron a consecuencia de la falta de atención”, expuso al Mecanismo.
De igual forma, se recopilaron testimonios de la ocupación militar en diversas localidades en Yahualica, Hidalgo, en 1974 que derivó en la tortura y detención arbitraria de campesinos e indígenas que fueron obligados a dejar sus hogares luego de que el 6 de mayo, en el monte del Tlatlapaya fue atacado un grupo de 49 campesinos, entre ellos había menores de 13 años de edad.
Habitantes narraron que pistoleros y miembros de la Policía Judicial formaron un cerco y dispararon a las y los campesinos, que sólo llevaban con sus instrumentos de labranza.
«Mercedes Herrera Sanjuan y Victoriano Amador fueron víctimas de ejecución extrajudicial, los responsables los dejaron a la intemperie y animales de rapiña devoraron los cuerpos165 por lo que sus familiares no pudieron recuperarlos», informó el MEH. Los días que siguieron se reportaron al menos 34 víctimas de tortura. Se tiene el registro de 24 mujeres nahuas víctimas de detención arbitraria y tortura, algunas de ellas fueron detenidas de sus casas frente a sus hijos menores de edad, algunas estaban embarazadas o tenían con bebés lactantes.
«Miembros del Ejército las trasladaron a la cárcel municipal de Huejutla y las recluyeron con presos del fuero común. En el grupo de detenidas se encontraban un bebé de menos de un año y dos mujeres de 15 años a quienes sacaban de la prisión para realizar labores domésticas en una casa de Huejutla durante el día y las regresaban a la cárcel por las noches. Refirieron que a los cinco días las liberaron y el Ejército mexicano las trasladó a su localidad. Encontraron sus casas abandonadas, se robaron sus animales de corral y cosechas de maíz, rompieron sus bienes y defecaron dentro de sus casas», reportó el MEH, estas agresiones las obligaron a desplazarse a Veracruz.
Ese mismo año se registró el desplazamiento forzado de población campesina e indígena de la localidad de El Salto Chiquito en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el marco de la persecución militar a integrantes del Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
En estos actos violentos y otros cometidos en Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Michoacán se reconoció la participación y complicidad de la Sedena, la Secretaría de Gobernación, las policías judiciales y procuradurías de los estados, los ministerios públicos, así como gobiernos municipales y estatales.
Entre los eventos documentados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico está la masacre de campesinos e indígenas en 1969, en la localidad conocida como Monte Chila, en el municipio de Jopala, Puebla, donde informes de las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano hablan de 28 asesinatos pero otros informes mencionan 80 más.
¡Comenzamos la presentación del informe final del @MEHistoricomx en la #CDMX!
📄 Hoy se presentan hallazgos importantes sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. #InformeFinalMEH #DerechosHumanos pic.twitter.com/qpla2yhsv0— Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) August 16, 2024
También el asesinato de siete personas en las poblaciones indígenas de Rafael Gamboa y Takinukum en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, en 1986. Así como la detención arbitraria y tortura de al lo menos 50 personas por la persecución militar y asedio de terratenientes a integrantes del Grupo Popular Guerrillero y a la población campesina e indígena del municipio de Madera, Chihuahua, en 1965.
Mientras que en Guerrero, las personas consultadas coincidieron en que militares constantemente amenazaron a campesinos detenidos con arrojarlos al mar, en los llamados «vuelos de la muerte» que, como ahora se sabe, partieron desde la base Base Aérea Militar No. 7 de Pie de Cuesta, en Acapulco. Lo mismo le decían a familiares de personas desaparecidas para desestimar las búsquedas.
«Como tres meses después de la detención de mi papá, un militar nos dijo que no buscáramos a nuestros familiares vivos, que los buscáramos muertos que después de detenidos les metían los pies en botes de cemento y los tiraban al mar, que ya estaba en la panza de los tiburones», contó Dora Luz González a la Comisión de la Verdad de Guerrero desde 2014 sobre la detención y desaparición de Antonio González Díaz, su padre, el 31 de diciembre de 1978, en Atoyac de Álvarez.
Para finalizar la primera parte del Volumen 2 de su informe final, el MEH expuso que desde 2021, cuando iniciaron los trabajaos, se enfrentaron a la falta de voluntad militar para transparentar toda la información en sus manos sobre distintas violaciones a derechos humanos y los “vuelos de la muerte”, datos que estarían en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, y del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia resguardados en el Archivo General de la Nación.
