En el tomo número 5 titulado “¿Por qué sigue ocurriendo?” del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) se aborda el obstáculo en el acceso a documentos y archivos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. El informe señala que esta dificultad ha evidenciado una continuidad en las disputas por el esclarecimiento del pasado.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo). El informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) reitera la denuncia de una serie de obstáculos graves que han impedido el acceso a documentos cruciales para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de la Guerra Sucia y acusa a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de simular cooperación mientras obstaculizaban efectivamente las investigaciones.
En octubre de 2023, el Mecanismo denunció por primera vez públicamente la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que está resguardada en archivos militares. Señaló que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, una situación que fue incrementando con el paso del tiempo.
El pasado viernes 16 de agosto, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) presentó su informe final titulado “Fue el Estado”, en el que se destaca la falta de asunción de responsabilidad por parte del Estado, en todos sus niveles, en relación con la política de exterminio que afectó a miles de personas.
David Fernández, comisionado del MEH, aclaró que, aunque el informe se denomina «final», en realidad es solo una parte del informe total del mecanismo. Aún queda por publicar otra sección, encabezada por la comisionada Eugenia Allier Montaño, que se espera sea lanzada en septiembre próximo. Fernández subrayó que esta presentación no implica el cierre definitivo del proceso.
“Es informe final porque nosotros terminamos el 30 de septiembre, pero de ninguna manera es un informe que cierra la investigación de la verdad y de la justicia que seguirá y tiene que seguir en el futuro”, declaró Fernández durante la presentación.
En términos generales, el informe del MEH revela que al menos ocho mil 594 personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos durante la Guerra Sucia en México, que se extendió de 1965 a 1990. El informe documenta once mil 743 violaciones graves a los derechos humanos, 46 masacres con al menos 385 víctimas mortales y 123 mil 34 personas forzadas a abandonar sus hogares y territorios. Además, menciona un número indeterminado de personas desaparecidas, todo como saldo del conflicto en el que el Estado desempeñó un papel central.
“El Estado fue en definitiva el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que estamos documentando e investigando”, enfatizó Fernández.
En el tomo número 5 del informe final, titulado “¿Por qué sigue ocurriendo?”, se aborda el obstáculo en el acceso a documentos y archivos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos. El informe señala que esta dificultad ha evidenciado una continuidad en las disputas por el esclarecimiento del pasado.
“El resultado ha sido una clara obstrucción a la consulta de expedientes relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. La Ley General de Archivos permite que las propias instituciones determinen qué documentos contienen información sobre estas violaciones, convirtiéndose en juez y parte. La negativa al acceso a la verdad está inscrita en un círculo vicioso perpetuado por la normativa vigente”, afirmó Fernández.
El MEH también destacó que la disputa por la construcción de la memoria no se puede desvincular del contexto actual, en el que el discurso del Estado alude a una supuesta transformación política, mientras que instituciones como la Sedena amplían su influencia en los ámbitos económicos, políticos y sociales.
En el caso de la Sedena, de acuerdo con el informe, ha simulado una colaboración con el Mecanismo al tiempo que impedía efectivamente el acceso a información vital. Ejemplos incluyen la negativa a proporcionar ciertos expedientes y la manipulación de documentos. Entre los casos más notables, se identificaron expedientes relacionados con desapariciones forzadas y violaciones graves a derechos humanos cuyos contenidos fueron alterados o eliminados.
“Las tareas de investigación del MEH estuvieron afectadas por un amplio abanico de prácticas por parte de la Sedena que sólo pueden entenderse desde la necesidad de obstruir y limitar el acceso a información de interés. Al respecto, hubo expedientes que fueron localizados en los depósitos, pero al momento en que se solicitaron para su consulta, la respuesta fue negativa o, en otros casos, el personal archivista entregó versiones en las que, de manera previa y deliberada, se habían extraído fojas que contenían información de interés para el presente informe.”
Y más adelante agrega: “La respuesta de la Sedena consistió en una cooperación de palabra, pero que en los hechos se distinguió por la simulación y evidente obstrucción a las labores de investigación del MEH”.
El informe también señala que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha negado totalmente el acceso a sus archivos, desobedeciendo un decreto presidencial que autorizaba al MEH a realizar esta tarea. La negativa del CNI, junto con la sustracción de documentos por parte del CISEN en el pasado, representa una violación directa a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que instó a la transferencia íntegra de estos archivos al Archivo General de la Nación (AGN).
“El cuarto tipo de respuestas que obtuvo el MEH corresponde al CNI. Este consistió en la total negativa a la consulta de sus archivos, en contra del decreto presidencial que faculta al personal del Mecanismo para esta tarea. Con los antecedentes de la sustracción que el personal del entonces CISEN hizo durante el periodo en que gestionó este fondo en instalaciones del AGN, resulta relevante la recomendación 98 VG/2023 en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resaltó la importancia de que el AGN lleve a cabo la transferencia íntegra al Archivo General de la Nación de los archivos a su cargo correspondientes a la extinta Dirección Federal de Seguridad y el CISEN, en particular los relativos al periodo 1965 a 1990”, se lee en el documento.
Entre las prácticas que el MEH identificó como obstrucción de información de la Sedena se encuentran resistencias para entregar información con argumentaciones dudosas, la manipulación y alteración de expedientes, así como el intercambio de expedientes fuera de sus cajas originales.
Uno de los casos más destacados involucra la solicitud de expedientes relacionados con la desaparición forzada del profesor Víctor Pineda Henestrosa. Los documentos solicitados, fechados en enero y febrero de 1993 y en 1996, fueron rechazados por la Sedena con el argumento de que la documentación estaba fechada después de 1990, a pesar de que se referían a hechos ocurridos en 1978, cuando el profesor fue desaparecido en Juchitán, Oaxaca, por el Ejército mexicano.
Otro ejemplo de esta negativa es el expediente titulado “Cronología del accionar de los grupos armados”, fechado en el año 2000, que contenía información relevante sobre el periodo de 1964 a 1994. La Sedena también rechazó esta solicitud, alegando que el documento era posterior a la fecha límite, lo que refleja una argumentación insuficiente. El hecho de que el informe se centre en eventos ocurridos entre 1965 y 1990 no implica que las fuentes de información deban limitarse a esos años específicos.
Con respecto a la manipulación y alteración de expedientes por parte de la Sedena, entre los casos más ilustrativos están los registros bajo los nombres de “Comité Nacional Pro-Defensa de Presos Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Políticos”, “Archivo General” y “Estimación de Situación Nacional. Estado Mayor, diciembre de 1976”. En estos expedientes, se encontraron fojas originales sustituidas por recortes de prensa y documentos de otra índole fechados en 1990. En el caso del expediente del Estado Mayor de Defensa Nacional, las fojas originales fueron reemplazadas por documentos relacionados con la educación militar, implicando el uso de herramientas mecánicas para reemplazar los remaches que unían las fojas.
El MEH también reportó la obstrucción a la consulta de documentos debido al intercambio de expedientes fuera de sus cajas originales. En inspecciones realizadas entre el 9 y el 19 de diciembre de 2022, se descubrió que varias cajas de la serie 101 “Visitas de inspección y extraordinarias” contenían expedientes no observados en inspecciones anteriores. Pese a que algunas cajas fueron finalmente consultadas, se negó el acceso a documentos clave como “Ejto E.U.A. 1974” y “Estado Mayor Defensa Nacional 1973”, que contenían información sobre viajes de capacitación en contrainsurgencia.
El MEH también identificó documentación crucial que fue denegada, como los expedientes “109”, “118” y “179”. Estos documentos contienen información sobre la colaboración de las Defensas Rurales con el Ejército, comunicaciones de agregados militares mexicanos en embajadas de América Latina y posibles violaciones de derechos humanos contra comunidades rurales, respectivamente. Además, las series “392”, “532” y “522” incluyen información sobre planes de campaña, registros de vuelos y averiguaciones previas, con especial relevancia para la investigación de la intervención militar en regiones rurales y las violaciones documentadas durante estos vuelos.
Las respuestas de la Sedena a las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) han sido consistentemente negativas, citando la “no localización” o “inexistencia” de los documentos requeridos. Esta falta de acceso plantea serias preocupaciones sobre la posible destrucción o alteración de documentación esencial.
Además, el informe critica la falta de respuesta o la respuesta tardía de varias instituciones como la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Estas instituciones han demorado o limitado el acceso a los archivos solicitados, afectando la capacidad del MEH para investigar violaciones graves a los derechos humanos.
“Todas estas acciones de obstrucción significan el incumplimiento de la Ley General de Archivos, creada en 2013, reformada en 2018 y vigente hasta la fecha. Su artículo 11 establece que los archivos o documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos deben ser preservados y debe estar garantizada su consulta sin restricciones. Además, cuando se declaran como históricos, su consulta es irrestricta. Sin embargo, la misma ley sostiene que, en caso de que existan documentos que contengan datos personales sensibles, quedarán reservados hasta por setenta años. En los hechos, aunque la ley garantiza el acceso a estos archivos, también lo limita”, destaca el informe.
Por otra parte, el documento también expone que, a pesar de que el Archivo General de la Nación (AGN) mostró una mayor colaboración, facilitando la consulta de archivos sin restricciones, hubo una suspensión en la consulta de ficheros en agosto de 2023 debido a un proceso de digitalización, lo que impidió al MEH validar nuevos datos obtenidos en sus investigaciones.
En un contexto en el que nos encontramos en el sexenio de la Cuarta Transformación, que se busca caracterizar como un cambio de régimen político, el documento también reflexiona que la restricción y los obstáculos al acceso a archivos relacionados no contribuyen a una transición política ni a un gobierno democrático, sino que perpetúan las prácticas autoritarias mediante obstáculos al acceso a la información, lo que solo perpetúa la impunidad y dificulta la construcción de una historia comprometida con la verdad y la justicia.
“La restricción al acceso de archivos relacionados con los hechos estudiados en el presente informe no contribuye a la construcción de una transición política ni de un gobierno democrático. Esto sólo contribuye a repetir las prácticas de los regímenes autoritarios a través de obstáculos al acceso a la información que sólo perpetúan la impunidad. Del mismo modo, se obstaculiza la construcción de una historia comprometida con la verdad y la justicia”, expone.
