Pocos casos logran mostrar de manera diáfana como se entreveran política y justicia. Uno de ellos es el de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, quien ha exhibido desde hace 20 años a las redes de macrocriminalidad dedicadas a trata y pornografía infantil.

La semana pasada fue crítica para el caso que ya data 20 años. El ex director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam, y el ex gobernador del mismo estado, Mario Marín, lograron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada. El primero solamente tendrá que firmar cada quince y tiene prohibido salir del país. El segundo está bajo arraigo domiciliario y con brazalete electrónic. Las decisiones judiciales resultaron, cuando menos, controversiales. Esas decisiones, por cierto, le hicieron un flaco favor a la defensa de la independencia judicial frente al Plan C del presidente.

Como habíamos expuesto en la columna de 21 de junio “¿Muerto Succar se acabó la mafia?”, las redes de macrociminalidad implicadas en esta trama han operado desde hace dos décadas para subvertir los avances excepcionales en materia de justicia. Las violencias criminal y de Estado se han hecho presentes con toda la maraña de corrupción y tráfico de influencias que las sostienen.

Ahí describimos que el poderoso empresario textilero Kamel Nacif, amigo y socio en las actividades trata y pornografía infantil del fallecido Jean Succar Kuri, conecta con políticos como Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes y hasta Raúl Salinas.  Dicho empresario urdió en 2005 con Marín el escarmiento contra Lydia Cacho por revelar la red criminal a la que pertenece.

A pesar de que es evidente para la sociedad el nivel de complicidad de estos personajes gracias a los infames audios revelados hace 18 años, el sistema de procuración e impartición de justicia ha sido ineficaz en cumplir con su función y fácilmente capturado. La liberación -mas no exoneración- de estos sujetos es otro capítulo más de los obstáculos para Lydia y miles de víctimas para acceder a la justicia.

El caso de tortura y censura de la periodista ha pasado por todas las instancias nacionales, las cuales han mostrado una enorme incapacidad de procesarlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo investigó y falló en 2007 con argumentos formalistas sobre la “ilicitud” de los audios en los cuales se revela la conspiración contra Lydia. Un voto decisivo para inclinar la balanza en contra de determinar violaciones graves a las “garantías individuales”, fue el de Olga Sánchez Cordero

La Procuraduría General de la República manipuló y escondió evidencia hasta 2014. Los procuradores Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, simplemente frenaron cualquier avance significativo y administraron impunidad. Una vez judicializado el caso en 2014 -debido a que lo presentamos ante el Comité de Derechos de la ONU- el proceso engorroso ha pasado por múltiples jueces y magistrados ante las numerosas apelaciones y amparos interpuestos por los 4 policías detenidos y los autores intelectuales. En 2018 la ONU señaló la evidente injusticia cometida contra Lydia y fue ahí que se imputó a los “peces gordos” quienes escaparon y se escondieron por años.

En julio de 2021 el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo exoneró a Kamel Nacif, ya bajo custodia del Estado libanés donde fue detenido a finales del 2020, con argumentos falaces. La magistrada que lideró la operación para absolver al poderoso empresario, Selina Avante Juárez -cuya familia ha encontrado buen acomodo en el Poder Judicial de la Federación- fue cambiada a un tribunal federal de Veracruz por el binomio Alpízar -Zaldívar ante el escándalo desatado. Por cierto, al entonces presidente del Consejo de la Judicatura y su polémico Secretario Ejecutivo, les advertimos de las injerencias políticas y económicas indebidas para lograr la exoneración de Nacif… pero esa es otra historia.

Por eso no extraña que en cuestión de dos semanas, la jueza Pilar Espinoza amparara a Adolfo Karam, y que la jueza Ortuño Suárez cambiara arbitrariamente la medida de prisión preventiva contra Marín Torres. Ello sucedió a pesar de los informes de 23 de febrero y 24 de julio de 2023 en el que los la Guardia Nacional confirma que ambos personajes representan un riesgo procesal alto. Tampoco se tomó en cuenta el informe de 82 páginas que contiene los análisis de vínculos, intereses y redes de poder de Mario Marín, elaborado por la FEADLE y presentado el 12 de febrero del año pasado. O el hecho de que la empresa que “ofreció trabajo” a Marín en una carta presentada el año pasado ante el juzgado para “demostrar” su arraigo en Quintana Roo, sea propiedad del hermano de un líder sindical local vinculado a redes de trata de personas. O bien, que Marín tuviera que ser trasladado hace un año y medio del CERESO de Cancún al Altiplano porque ejercía control y autogobierno en la cárcel donde inicialemente fue recluido.

Este es otro capítulo más de la intervención política de la justicia. La evidencia estaba ahí y decidieron no verla. Como siempre ha sucedido en el caso de Lydia y miles de casos más, en un país partido por la violencia y la impunidad.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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