Los documentos y testimonios recabados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico revelan que los llamados «vuelos de la muerte» no concluyeron con la Guerra Sucia, sino que esta práctica que inició el Ejército para detener y desaparecer a opositores la replicaron gobiernos estatales en años posteriores.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) consigna en su informe final más detalles de los llamados «vuelos de la muerte» que hasta ahora eran poco conocidos: no sólo confirma que esta práctica la inició el Ejército mexicano para detener y desaparecer a opositores políticos en el periodo de 1975 a 1981, también revela que esto no terminó con la Guerra Sucia, sino que se extendió en años posteriores, con distintos propósitos –como el silenciar a comunidades que se oponían a megaproyectos– y bajo la ejecución de diversos gobiernos estatales, como el de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.
«Lo que en este informe asienta el MEH es que, precisamente, los ‘vuelos al mar’ o ‘vuelos de la muerte’ deben considerarse una táctica de origen militar de carácter extendida y continuada que ha sido ejecutada de distintas maneras, en distintos momentos y con distintos propósitos, según el plan u operación de la que se tratase, pero invariablemente implementada por elementos de seguridad y defensa estatales que cierra el circuito detención-desaparición», se lee en un fragmento del apartado 10, volumen dos del informe final del MEH.
Los documentos y testimonios recabados por el Mecanismo destacan que el trasladar deliberadamente en aeronaves a personas detenidas de manera arbitraria para, desde las alturas, aplicar técnicas de tortura o deshacerse de cadáveres de personas previamente ejecutadas en prisiones clandestinas o durante enfrentamientos con elementos de seguridad o defensa estatales, es una práctica de origen militar documentada en estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz durante el periodo de 1965 a 1990 y en años posteriores.
Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, autores e integrantes del MEH, precisan que las organizaciones político-militares no fueron la única población objetivo. En el plano ideológico de la cultura castrense, toda disidencia, oposición o movilización social resultaron un enemigo interno que buscaba desestabilizar políticamente al Estado.
«De ahí que las estrategias militares para el control social y territorial se extendieron y matizaron la relación cívico-militar. A esto se le denomina terrorismo de Estado», señala el documento.
Al respecto, el testimonio de Antonio Gómez, recogido por el MEH, relata un hecho ocurrido en el sexenio de Miguel de la Madrid durante el desalojo de pobladores que se llevó a cabo en el año de 1983 con intervención de militares y el uso táctico de helicópteros para trasladar o desaparecer a los detenidos más dispuestos a resistir en Huitiupán, Chiapas, en el marco del proyecto hidroeléctrico Itzantún.
–MEH: ¿Usted qué sabe sobre esa parte?
–Antonio Gómez: Sí, el ejido Chanival, municipio de Huitiupán, lo trasladaron, lo ofertaron a un terreno por Pujiltic y lo trasladaron en puro helicóptero. Dos mujeres ahí sufrieron, estaban embarazadas, las subieron al helicóptero y ahí parieron. Cuando bajaron del helicóptero, ya con sus bebés, ahí las dejaron tiradas, en Pujiltic.
–MEH: Recuérdeme, ¿cómo llegaron? ¿quiénes fueron?, ¿fue el Ejército?
Antonio Gómez: Sí, fue el Ejército, sí. Seguridad Pública no se metió, puro el Ejército. Apuntar a la gente, a las mujeres y vámonos. No preguntan más cosas y se van o se mueren. Nos rodearon del ejido, juntaron hombres y mujeres y los subieron al helicóptero, así sin preguntar nada.
–MEH: ¿Fue la primera vez que vieron que entraba el Ejército mexicano o ya había entrado antes?
–Antonio Gómez: Esa era la primera vez que entró el Ejército hasta las colonias.
Sobre el mismo acontecimiento, en entrevista colectiva, algunos pobladores del lugar relataron cómo en un momento álgido la detención fue selectiva y dirigida a quienes eran clasificados como los líderes de las colonias o los ejidos y sobre esas personas se actuaba. Se menciona también la participación de “esquiroles” y el uso constante de helicópteros y grupos especiales de paracaidistas:
–MEH: Hablaba el señor Enrique de un helicóptero.
–Francisco Arcón Mendoza: Es que los helicópteros, eran varios helicópteros, porque podían [aprehender] un campesino en tal lugar, otro en tal lugar. El helicóptero se cae en cualquier campo, entonces llevan sus paracaidistas y los pescaban, los agarraban y los subían a los líderes porque había también intereses de algunos campesinos indígenas, esos son los traidores que le llamamos nosotros y a esos les decían: ‘¿Dónde vive, fulanito?’ ‘Vive en tal’.
El informe refiere que años más adelante, el 11 de noviembre de 1989 el poblado de Ceballos, ubicado en el municipio de Mapimí, Durango, fue ocupado también por parte de elementos antinarcóticos de la PJF con base en el estado de Chihuahua, como parte de las investigaciones por un enfrentamiento sucedido el 6 de noviembre en ciudad Camargo entre judiciales y la banda de narcotraficantes liderada por José Amador Livario.
El documento describe que en esa ocasión, 15 camionetas que transportaban media centena de agentes llegaron a Ceballos, asaltaron los negocios y se apostaron en la plaza principal a donde llevaron detenidos a 300 pobladores, sin importar edad o género, a quienes colocaron en el suelo boca abajo. Toda persona que se pasaba por la plaza fue conducida con insultos y quienes cuestionaban la acción recibían golpes.
En el motel llamado La Troje fue detenido el dueño Alfonso Willes González, su ayudante y cinco huéspedes. Lo mismo sucedió con tiendas y otros negocios. Al caer la noche se retiraron los agentes llevando detenidas a siete personas. Luis Alfonso Willes y su empleado José Aguilera; Rigoberto García Bustillos dueño de la tienda La Mexicana y su empleado Cobos Rivera, Luciana Cardoso y Demetria Agüero, dueñas de una fonda, y José López Berumen.
«El martes 14 de noviembre las dos mujeres fueron liberadas y hablaron del trato a los detenidos, quienes fueron llevados a la cárcel municipal de Parral, Chihuahua. Al paso de los días, el 19 de noviembre, los demás detenidos aquella ocasión en Ceballos fueron puestos en libertad, menos Willes González. Su esposa tramitó un amparo, pero tampoco fue respetado, además le impidieron que un doctor atendiera a su esposo, al que aseguro le habían introducido agua mineral con chile y Cloralex por la nariz al grado que ya no puede hablar, además de tener pies y manos hinchados ‘porque se ha colgado de un helicóptero en pleno vuelo’”, reportó el MEH.
El informe del Mecanismo, que se apoya de testimonios y documentos, retoma lo escrito por Gerardo Alarcón Campos en su tesis de licenciatura «Violencia y resistencia: la guerrilla en Veracruz 1970-2016. Tesis de Licenciatura». De acuerdo con su opinión, esta práctica también ocurrirá en los años más próximos en la zona conocida como la Barranca de Aurora, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016):
«La propia Fiscalía del Estado de Veracruz anunció el descubrimiento de restos humanos en la Barranca de la Aurora […] Los cuerpos localizados en la Aurora eran diferentes a los encontrados en otros cementerios clandestinos de la entidad. Estos no estaban enterrados, ni incinerados o disueltos en ácido. Los cuerpos estaban al aire libre, desperdigados por el fondo de la barranca, en avanzado estado de descomposición, devorados por los zopilotes que en parvada daban vueltas por encima de la barranca atraídos por el olor a muerte. Las ramas de los árboles aledaños estaban rotas, y algunas tenían pedazos de ropa atorados en ellas, lo que indicaba que esos cuerpos no ingresaron a la barranca por vía terrestre, sino que habían sido arrojados desde las alturas».
Al respecto, agrega el informe, en el año de 2018 serían detenidos 19 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mando de Arturo Bermúdez Zurita y como parte de un grupo especial, clandestino, de la policía denominado «Los Fieles», quienes identificaban que en la barranca La Olímpica los helicópteros arrojaban los cuerpos de personas jóvenes detenidas de manera arbitraría por sospecha de participar en actos ilícitos de tráfico de drogas en el estado.
Sobre este informe del Mecanismo, que se presentó este viernes 16 de agosto, luego de su creación en octubre de 2021 por decreto presidencial, el Comité Eureka expresó en un comunicado su inconformidad con los autores por evadir su compromiso de entregar este documento a las organizaciones antes de compartirlo con la Secretaría de Gobernación.
«En reiteradas ocasiones Eugenia Allier, David Fernández, Carlos Pérez Ricart y Abel Barrera, del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, evadieron el compromiso de entregar su informe correspondiente a las organizaciones de víctimas para poder analizarlo antes de que fuera entregado en Gobernación. Rompieron lo acordado y se dedicaron a andar dando declaraciones de la prensa hablando sobre ello. Hasta la fecha, los familiares y los directamente afectados por la represión desconocemos a ciencia cierta su contenido», destacó la organización a través de un pronunciamiento de siete páginas difundido en sus redes.
Pronunciamiento del Comité ¡EUREKA! – 15 de Agosto de 2024 1/7 pic.twitter.com/DmFc44Jxy0
— Museo Casa de la Memoria Indómita (@museomucmi) August 16, 2024
«LOS VUELOS DE LA MUERTE» EN LA GUERRA SUCIA
Los llamados «vuelos de la muerte» o «vuelos al mar» han sido documentados por escritores y periodistas a lo largo de estos años y recientemente el proyecto periodístico A dónde van los desaparecidos publicó dos amplios reportajes sobre este tema.
En uno de ellos, escrito por Marcela Turati, una periodista especializada en temas de derechos humanos, revela una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka con una lista de 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco. Expertos consideraron creíble la información y señalaron coincidencias con documentos de la época, pero pidieron cautela hasta verificar su contenido.
De acuerdo con el relato de la periodista Marcela Turati, hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres: 174 hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las detuvieron.
Respecto a este hallazgo, el Comité Eureka también manifestó su rechazo al destacar que en esta lista «aparecen nombres y datos de captura de desaparecidos políticos, sin que hasta el momento se haya comprobado si la información contenida en este documento sea veraz».
Sobre estos «vuelos de la muerte», el informe del Mecanismo agrega que este uso táctico de aeronaves con fines militares de combate es aceptado por la propia Sedena, pero además de recurrir a ésas para el desplazamiento del personal de combate o identificación de lugares, como se ha dicho, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) observó el uso de la aeronave lAI Arava-201 matrícula 2005 con motivos de ejecución y desaparición forzada. Así dicha práctica puede reconocerse como una táctica aérea de contrainsurgencia o contraguerrilla y en algunos otros casos documentados por el MEH como táctica de persuasión y tortura.
Los testimonios recabados, tanto en entrevistas directas y estructuradas o por escrito y proporcionados sobre todo por los colectivos de víctimas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero y la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Poblaciones Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos AC, apuntan a la ocurrencia de los “vuelos de la muerte” como práctica militar sistemática e intensificada en las costas del Pacífico.
Uno de los testimonios recabados por el Mecanismo es el de Maximiliano Nava Martínez, retenido en el Cuartel Militar de Atoyac durante el año de 1974 y donde reconoció a Austreberto García Pintor, Pablo Loza Patiño y Rosendo Radilla Pacheco. En su testimonio menciona haber visto que los sacaron muy golpeados, después (Maximiliano) preguntó por ellos a uno de los soldados destacamentados en ese lugar y éste le contestó: “los mandamos de marineros”, una forma eufemística de referir que habían sido arrojados mar adentro.
Otro de los testimonios obtenidos vía documental por el Mecanismo, en el que se hace referencia a la B.A.M No. 7 como centro de detención clandestina, fue el de José Alfredo Medina Vizcaíno, detenido por la Brigada Blanca en Ciudad Juárez el año de 1978 y trasladado al Campo Militar No. 1 y después a la B.A.M. No. 7 de Pie de la Cuesta.
«Nos subieron a un avión bimotor de la Fuerza Aérea Mexicana y nos llevaron hasta un lugar que, en contraste con el frío imperando de donde habíamos estado, era muy caluroso. Después nos dimos cuenta de que estábamos en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde el avión aterrizó sobre una pista de terracería. De ahí nos recogieron en una troca con caja cerrada, como las que usan los rastros, y nos llevaron a un lugar donde al parecer había sido un balneario y fue acondicionado como prisión. En ese lugar, después de tomarnos otro declaración nos permitieron quitarnos las vendas y, como adjunto a la cabaña en que nos introdujeron había un cuarto de baño, nos permitieron bañarnos; ahí me percato de que además de Soto Cervantes, Reyes Herrera y yo se encontraban los otros camaradas también, entre los cuales como dije anteriormente que se encontraba una mujer. Supe los nombres de todos ellos, pero debido a las circunstancias y a los acontecimientos anteriores no recuerdo más que el nombre de Alicia de Los Ríos Merino, la cual es originaria de esta ciudad de Chihuahua y los otros camaradas eran del estado de Sinaloa».
En el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, los testimonios de las personas detenidas coinciden en que escucharon sobre los “vuelos al mar” o bien presenciaron prácticas como la de introducir en costales de ixtle a personas o colocarles zapatos de cemento. Reynalda Villa Flores, en relación con la detención arbitraria y desaparición de Raymundo Barrientos Reyes el 1 de octubre de 1974 y de más hombres de la comunidad del Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac de Álvarez, refirió:
«Llegaron a la cancha, así que allá apartaron a todos los que se iban a llevar y a nosotras las mujeres nos llevaron a otro lado y cuando vemos que llega el helicóptero y ahí lo manearon [amarraron] de los pies, de las manos y lo echaron a un costal, manearon el costal y ahí se lo llevaron […] Los ponen en el saco a todos y dicen que los botaron al mar, sí dicen, los botaron porque yo no lo vi, dicen que los botaron al mar».
Otro caso es el de Carlos Bello Manzanares en relación con la detención de su hermano el profesor Félix Bello Manzanares ocurrida el 10 de diciembre de 1974 por agentes federales. Él refirió que “el Ejército mexicano participó de una u otra manera, porque nos decían que ellos mismos iba a tirar al mar a la gente que habían detenido […] pues les ponían piedras o algo para que no salieran a flote”.
El informe del Mecanismo concluye sobre los «vuelos de la muerte» que «la amenaza de ser lanzados desde los helicópteros era una constante, el fin era amedrentar y doblegar la voluntad de las personas detenidas y que accedieron a los deseos de sus captores».
