Por: Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

La justificación teórica para la creación de órganos constitucionales autónomos se ha sustentado en dos premisas fundamentales: la primera obedece a criterios de eficiencia y efectividad de los gobiernos, la cual sostiene que la “dotación de autonomía constitucional a instituciones especializadas para que desarrollen mejor sus tareas se ha constituido como una ‘buena práctica’ a nivel internacional y se aplica a una amplia diversidad de temas y funciones gubernamentales”^[1]. La segunda premisa argumenta la necesidad de aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones del Ejecutivo y las presiones políticas y así garantizar la independencia de cierto tipo de decisiones.

En contraste, la iniciativa presidencial de “simplificación administrativa” (aquella que propone eliminar cuatro órganos constitucionales autónomos y tres descentralizados y/o desconcentrados), tiene como objetivo regresar atribuciones a las dependencias del Ejecutivo Federal que contaban con dichas facultades, a saber: de la Comisión Federal de Competencia Económica; del Instituto Federal de Telecomunicaciones; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; de la Comisión Reguladora de Energía; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Lo anterior, bajo la aparente lógica de la política de austeridad republicana, es decir, que estos órganos son onerosos y carecen de legitimidad; además del hecho de que sus funciones pueden ser ejercidas “sin problema” por el gobierno. Pero, ¿es realmente así? En el siguiente análisis, me centraré específicamente en el caso del INAI.

En primer lugar, es importante tener presente que el presupuesto del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales representa sólo el 0.01% del gasto total del gobierno federal^[2]. Además, este presupuesto ha tenido una disminución del 24.4% en términos reales desde el 2018.

En segundo orden, una encuesta del INEGI revela que el 72.3%^[3] de la población considera que todas las personas tienen derecho a conocer la información generada por el gobierno. Sin embargo, el 66.6% de la población que consultó una página de internet del gobierno no encontró la información que buscaba o no tenía todas las características deseables. Incluso, durante la actual administración, se registra un aumento –año con año– del número de recursos de revisión por la negativa de la entrega de la información o su entrega incompleta. Sobresale especialmente que la institución a la que se le pretende trasladar las responsabilidades del INAI dentro del Gobierno Federal, la Secretaría de la Función Pública, estuvo dentro de los cinco sujetos obligados con el mayor número de recursos de revisión en el año 2023.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos^[4] enfatiza la necesidad de que exista en el orden normativo una institución garante que cuente con independencia financiera y política para centralizar y canalizar las solicitudes de información, a fin de que se pueda proteger mejor el derecho a saber de la población y centralizar los esfuerzos por recabar e indexar información pública. De igual manera, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (mejor conocido como el Acuerdo de Escazú) establece la relevancia del fortalecimiento de capacidades para la garantía del derecho de acceso a la información y la participación en los asuntos públicos.

En este sentido, ¿importa o no la autonomía? Sí, y mucho. La iniciativa busca dar marcha atrás a una lucha ciudadana que sacó de la opacidad el quehacer gubernamental y regresar a un diseño institucional que mostró limitaciones, al ser juez y parte en la entrega de información; al dejar sin mecanismos efectivos de protección y reclamo ante negativas de información de las autoridades. Además, fragmenta a cada órgano del Estado el cumplimiento de sus obligaciones sin un ente que vigile su cumplimiento. Ante esto, cabe preguntar: ¿Acaso la Secretaría de la Función Pública se va a exigir a sí misma la transparencia de su información? La respuesta es no. Por ello, la autonomía tiene que preservarse porque la información es de todas y de todos.

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora el Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El Observatorio tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles, como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de derechos.

^[1] Ackerman, R. (2016). Autonomía y Constitución: el nuevo Estado democrático. Universidad Nacional Autónoma de México.  Disponible en línea: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4139/8.pdf

^[2] En: https://micrositios.inai.org.mx/todasytodos/?page_id=353

^[3] Datos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales 2019, INEGI. Disponible en línea: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaid/2019/doc/enaid_2019_principales_resultados.pdf

^[4] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016.

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