Con la excepción de las obras hidráulicas para el NAICM, el presupuesto de la Conagua siempre ha sido castigado, con el objetivo de favorecer la entrada del capital privado. El actual gobierno ha iniciado una política de inversiones públicas en obras pagadas al contado, la cual merece continuar, siempre que se fundamenten en planes consensuados desde el territorio.
Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).– En este sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la política de inversiones federales en grandes obras hidráulicas pagadas al contado, cuadruplicando el presupuesto para obras federales y duplicando el presupuesto de la Conagua de su nivel histórico de 33 mil millones de pesos históricos a 69 y 3 mil millones de pesos en 2023 y 2024 respectivamente.
Para el próximo sexenio, se considera que el presupuesto requerido para la Conagua sería de 105 mil millones anuales, un aumento que se podría lograr sin afectar el resto del presupuesto si se pusiera fin a la impunidad en el pago de derechos por parte de grandes usuarios. Sin embargo, si se promueven grandes obras desde Oficinas Centrales y obras medias por gestiones de diputados, sin contar con planes de gestión integral consensados desde el territorio, se generarán más problemas de los que se resuelven.
Para visualizar los cambios requeridos, se analizarán los presupuestos históricos y actuales de la Conagua, desde seis rubros principales:
I.– Gastos en personal, 4.8 mil millones de pesos en 2024. El cambio institucional tendrá que empezar aquí. Se requiere invertir en la jubilación temprana de la generación que perpetua los usos y costumbres de esta institución salinista fundada en 1989. En su lugar, se requiere contratar una nueva generación de profesionistas técnicos, jurídicos y sociales, orientados por los valores de la sustentabilidad y los derechos humanos, conservando solo al personal que han demostrado un compromiso con estos valores.
Se requiere fortalecer la soslayada área de planeación y reemplazar la raquítica área de Consejos de Cuenca con robustos equipos de personal capaces de generar procesos de planeación hídrica colaborativa desde nuevas instancias locales y regionales ampliamente representativas. Los planes vinculantes tendrán que analizar y proponer acciones para el cuidado de las cuencas; las medidas requeridas para corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la contaminación impune; tendrán que identificar los derechos al agua de pueblos, comunidades y núcleos agrarios que requieren ser reconocidos y respetados.
Se requiere renovar el personal de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, para que sean ejecutores de los planes consensados, en esquemas de fuerte colaboración entre los tres órdenes de gobierno, comunidades, la ciudadanía y las universidades y centros de investigación locales.
Se requiere reforzar enormemente el área de recaudación e incorporarla al área de Administración del Agua. Cada región requiere contar con una multitud de inspectores tiempo completo, acompañados por abogados, para clausurar tomas ilícitas y exigir el resarcimiento de daños por la contaminación, con sanciones a prueba de amparos. En vez de la actual “Gerencia de Bancos del Agua”, se requiere de una Defensoría del derecho humano y de los derechos colectivos al agua.
Se requiere reemplazar los Jefes de Distritos de Riego quienes despojan a los núcleos agrarios y trafican en la venta de derechos y de “excedentes.” El personal del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua podrían reemplazar el actual personal en las áreas técnicas de la Conagua, quienes actualizan las NOMs al gusto de los grandes intereses y manejan las disponibilidades a modo. Se requiere reemplazar los abogados de las áreas jurídicas que no defienden las aguas nacionales. Se requiere evaluar el desempeño de directivos que privilegian la lealtad a su jefe sobre la ética y el compromiso con los derechos humanos.
II. Medición y monitoreo, con presupuesto ínfimo en 2024. Este rubro ha sido abandonado progresivamente a lo largo de la historia de la Conagua. Por lo tanto, estamos entrando la crisis climática sin instrumentos. Como ejemplo, dado que solo funcionan 300 de 800 estaciones hidrométricas, ahora se mide la sequía solo a través del nivel de agua en las presas.
Se requieren de unos 5 mil millones anuales para la medición y monitoreo, para recuperar y expandir los sistemas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, a ser complementados por sistemas de punta para el análisis de imágenes remotos. Hay que desprivatizar la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua a Laboratorios, actualmente en manos de Intertek + ABC Analitic, y contar con laboratorios de calidad del agua en todo el país, capaces de detectar los contaminantes más preocupantes, incluyendo los emergentes, en cada zona del país.
III.- Apoyo para la gestión de cuencas, sin presupuesto en 2024. El presupuesto de la Conagua no contempla planes ni recursos para la gestión integral de las cuencas. Se concentra más bien en trabajos de emergencia frente a inundaciones y el azolve, con diques, túneles, el encubrimiento de ríos y trabajos de dragado. En este momento, el Emisor Oriente, que costó 50 mil millones, no funciona porque se llenó de basura, gracias a la falta de sistemas adecuados para el manejo de residuos sólidos municipales; cuando sí funcionó, inundó a Tula.
La Ley Federal de Derechos dedica 300 millones de pesos anuales recaudados de usuarios no municipales al Fondo Forestal Mexicano, para el pago por servicios ambientales a través de la Comisión Nacional Forestal, pero en la ausencia de planes integrales con metas e indicadores.
Va a ser esencial que la Conagua pase de provocar y reaccionar continuamente frente a desastres previsibles y prevenibles. Se requiere que sea el ente que fomente, junto con los actores locales, y que financie la gestión adecuada del agua en el territorio, con todo lo que esto implica. Con un presupuesto de mil millones anuales, los reconstruidos consejos regionales y locales de cuenca podrían colaborar con universidades y centros de investigación locales, para la elaboración de los planes y el monitoreo de su instrumentación e impacto.
IV.– Apoyo para obras locales, 4.5 mil millones de pesos en 2024. Este rubro contaba históricamente con unos 14 mil millones de pesos anuales hasta 2017, cuando fue recortado a 4 mil millones para fomentar la privatización. Este recorte ocurrió al mismo tiempo que la CFE eliminó la tarifa subsidiada para servicios públicos, vigente hasta la fecha.
Este presupuesto tiene que cubrir las necesidades de 2469 municipios, las alcaldías de la Ciudad de México y las decenas de miles de sistemas comunitarios. Se requiere aumentar este rubro a 25 mil millones, bajo reglas de operación estrictas y con vigilancia por parte de las Contralorías Autónomas del Agua, para que los municipios, sistemas comunitarios y estados puedan invertir en la prevención de fugas, el reemplazo de las tuberías de asbesto y el rediseño de sus plantas de tratamiento, ahora abandonadas, para bajar su consumo de energéticos.
Se requiere abrir un programa especial para los sistemas comunitarios de agua, los cuales a través de sus propios recursos, enfrentan el reto de cumplir con su derecho y necesidad de agua entre vecinos. Actualmente, estos sistemas no pueden tener acceso a recursos federales requiere a menos que cuenten con la anuencia de su gobierno municipal, quienes generalmente los tratan con discriminación y hostilidad.
Estas obras, junto con el combate a las tomas ilícitas, o “huachicoleo”, permitirían empezar a recuperar el 60 por ciento del agua de uso público urbano que, según INEGI, los organismos municipales pierden entre su extracción o recepción y su entrega y cobro. Con este presupuesto, vigilado por las Contralorías Autónomas, se podría recuperar 45 mil litros por segundo durante este sexenio, agua suficiente para 26 millones de personas.
V.– Grandes obras de infraestructura hidráulica, 44.8 mil millones de pesos en 2024. Bajo Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Conagua no requería de recursos para grandes obras, dado que su papel era más bien facilitar el concesionamiento de obras con potencial de lucro, principalmente la importación de agua a las grandes ciudades (como los intentos fallidos de Monterrey VI y Presa Zapotillo) y el tratamiento de aguas residuales a su salida (como la mega planta de Atotonilco).
La política inaugurada durante este sexenio del financiamiento público, al contado, de obras hidráulicas merece ser mantenida. Cuando el gobierno se endeuda para financiar una obra, el costo final casi se triplica debido al pago de intereses (una obra de mil millones, con una tasa de 7 por ciento a 25 años costaría 2.75 mil millones). El financiamiento de obras a través del capital privado cuadruplica su costo, por tener que cubrir no solo los intereses del préstamo privado que obtiene la empresa (a tasas más altas de las que pueden obtener el gobierno), sino su tasa de ganancia; además, se pierde control sobre los gastos operativos que el gobierno tiene que cubrir.
Con la cancelación del NAICM y la terminación del Emisor Oriente, el rubro de obras federales llegó a su punto más bajo en 2019, con solo 1.7 mil millones de pesos.
Después de sentar las bases para las grandes obras del sexenio, en 2023 y 2024 este rubro llegó a su auge, con 49.4 mil millones en 2023 y 44.8 mil millones en 2024. En 2024, se distribuyó de la siguiente manera: 7.1 mil millones de pesos para Presa Sta. María; 5.7 mil millones para Agua Saludable para la Laguna; 4.9 mil millones para la ampliación del DR 018 del Pueblo Yaqui; 4.9 mil millones para el Canal Centenario; 2.9 mil millones para el Parque Ecológico del Lago Texcoco; 2.6 mil millones para Presa Picachos con su zona de riego; 1.9 mil millones para la adecuación de la presa Zapotillo y el acueducto a Guadalajara; 627 millones para el Acueducto Yaqui, entre otras. El monto mencionado arriba incluye los 9.5 mil millones que Conagua recibió a través de la poca utilizada línea presupuestaria 79902, “erogaciones especiales no distribuibles geográficamente,” que permite flexibilidad en cuanto a su ejercicio.
Durante el próximo sexenio será vital mantener este rubro en 45 mil millones, para invertir en obras de regeneración que permitan que las grandes ciudades en zonas de estrés hídrico cuenten con fuentes sustentables, sin el costo y vulnerabilidad que representa depender de trasvases y la sobreexplotación de acuíferos. Los organismos de Monterrey, Estado de México, León, Tijuana y Guadalajara, ya están sentando las bases para reciclar sus aguas residuales y pluviales a través de proyectos de regeneración. Estas obras “buenos, bonitos, baratos y rápidos” contemplan el tratamiento con tecnologías de bajo consumo energético, el post-tratamiento por humedales y la naturalización de estas aguas en reservorios de cara al sol y viento, seguido por su potabilización. Con 45 mil millones anuales dedicados a proyectos de regeneración, durante este sexenio se podrá lograr 60 mil litros por segundo de aguas regeneradas, agua suficiente para 35 millones de personas.
VI.– Gastos en servicios, 8.2 mil millones de pesos en 2024, de los cuales solo $3 mil millones son gastos fijos, como arrendamientos, telefonía y seguridad. Del resto, $4 mil millones se dedican a cubrir el costo de bombeo del Sistema Cutzamala (para vencer 1100 metros de altitud desde Valle de Bravo), y de los pozos profundos de la Cuenca de México. Al reemplazar estas fuentes no sustentables con proyectos de regeneración (rubro IV), este monto podría dedicarse a cubrir el costo de operación de los proyectos de regeneración de aguas pluviales y tratadas, como los que la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México ya está iniciando.
En cuanto a los 1.2 mil millones anuales dedicados al concesionario de la planta de tratamiento de Atotonilco, el rediseño de esta planta reduciría a la mitad su costo de operación, evitaría la generación masiva de lodos contaminados y produciría ferti-agua para los productores agrícolas de Hidalgo.
En fin, nos encontramos en el Titanic, acercándonos a un colapso de inimaginables proporciones. Este análisis ha sido realizado en el contexto de la construcción de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Se espera que la voluntad y capacidad de la Titular del Ejecutivo Federal se alinee con la de las comunidades, organizaciones y centros de investigación del país, para que juntos podremos cambiar el rumbo justo a tiempo.
