El 31 de julio se cumplieron 9 años del multifeminicidio y homicidio de Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro y Rubén Espinosa Becerril en el departamento 401 de Luz Saviñón 1909, en la Colonia Narvarte, Ciudad de México. Las familias de las víctimas señalaron que la Fiscalía capitalina no les ha presentado avances de la investigación, pese a promesas de la ex fiscal, Ernestina Godoy; y que la comunicación con la dependencia, de un año a la actualidad, ha sido casi nula.
Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El 31 de julio de 2015 fueron asesinados, en un departamento de la colonia Narvarte, Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera, así como Rubén Espinosa. A 9 años de este multifeminicidio y homicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CdMx) no ha presentado avances a las familias, quienes acusan omisiones y retrasos en la investigación, así como la falta de cumplimiento de compromisos hechos por Ernestina Godoy, ex fiscal.
“No hay avances en la investigación y del año pasado a este han sido mucho menos. Ernestina Godoy nos había prometido que iba a resolver el caso en un año y Ernestina Godoy ya se retiró, fue ascendida de puesto (a consejera de la Presidencia con Sheinbaum) sin resolver el caso, sin cumplir su palabra y se fue de puntitas como lo han hecho todo los anteriores”, acusó Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa.
Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, nombró a Godoy Ramos como la próxima consejera jurídica de la Presidencia, esto en medio de todos los nombramientos del gabinete legal y ampliado que ha realizado. La exfiscal hizo campaña, y ganó, para llegar al Senado de la República, cargo que no ocupará y dejará a su suplente Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde.
Frente a la sede de la Fiscalía capitalina, Espinosa aseguró que Ulises Lara, quien se quedó a cargo de la dependencia tras la salida de Ernestina Godoy, no ha atendido la investigación del caso Narvarte y no han tenido ni una sola reunión para el seguimiento: “lastiman a las familias porque pareciera que nos restriegan en la cara: ‘miren, hagan lo que quieran, pero nosotros aquí vamos a seguir premiando a las personas que no cumplen’”.
En nombre de las familias de víctimas, la hermana de Rubén también recordó que Claudia Sheinbaum, en julio de 2020 como Jefa de Gobierno, declaró que recibiría a los familiares pero no sucedió: “nunca nos recibió, esperamos que ahora que está en un puesto más alto, nos reciba, la invitamos a que como presidenta nos atienda porque son cuatro mujeres asesinadas y ni siquiera por la atencion de género tuvo la intención de acercarse”.
“El gobierno que tenemos actualmente es el que continúa en el siguiente, es el mismo partido, entonces no tendría que haber pérdida de tiempo, sino continuidad pero queremos una continuidad donde sí se trabaje, no hueca porque nosotros como familias hemos dado información que la Fiscalía guarda en un cajón”.
En diciembre de 2022, la entonces Fiscal Godoy Ramos prometió a los familiares de las víctimas del caso Narvarte que lo resolvería en un año. A año y medio, de acuerdo con las mismas familias y sus abogados, está lejos de esclarecer los asesinatos, y en su lugar, la dependencia ha cometido omisiones, tropiezos y retrasos en la investigación.
DESINTERÉS
Hace 9 años fueron asesinados en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909 de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, estos dos últimos originarios de Veracruz. Al inicio, la investigación se marcó por filtraciones de información que llevaron a la estigmatización y criminalización de las víctimas.
Y aunque la Fiscalía se ha comprometido a resolver el caso, los autores intelectuales y dos autores materiales, siguen libres, esto a raíz de una investigación privada hecha por las familias y las organizaciones que los acompañan, que reveló la participación de 5 personas y no 3, tal y como se sostuvo por años.
“A pesar de las negaciones, los hechos fueron parte de un operativo coordinado por al menos otras dos personas que acompañaron de cerca los hechos y por medio de una red de comunicación con por lo menos 10 personas involucradas. Son ya 9 años en donde hemos tenido que llevar una carga continua, presentando las evidencias, generando un memorial para que no se olvide, insistiendo en que cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y de dar con todos los responsables”, leyeron las familias.
Son tres las líneas de investigación que lleva la Fiscalía: Veracruz,por la persecución contra Rubén y Nadia por parte Javier Duarte; trata de personas, luego de que se demostró que Mile y Yesenia eran víctimas de una red de trata; y la de crimen organizado, de la que no hay evidencia sustancial pero fue la primera que retomó la entonces procuraduría.
Acerca de esto, aunque todas siguen abiertas, ninguna ha sido agotada, “la justicia se mantiene como una posibilidad remota”. Además de una carpeta extra, las denuncias contra personas servidoras públicas por las omisiones y filtración de información del caso desde sus inicios pero que tampoco ha avanzado.
En la develación de un memorial en la calle Luz Saviñón, el pasado domingo 28 de julio, Indira Alfaro, madre de Yesenia, recordó que lo único que se hizo en 2023 por parte de la Fiscalía de CdMx fue iniciar la carpeta de investigación por el posible delito de trata pero que eso ocurrió por las familias: “nosotros hemos aportado información e investigado. Les hemos dicho cosas que ya existían en la carpeta desde el primer día que sucedieron los hechos y que no se tomaron la tarea de leerlo e investigar”.
Agregó que desde el año pasado, tras exigirle resultados a Ernestina Godoy, no perciben que se pretenda avanzar con el caso: “a Ulises Lara no lo hemos visto. Desde que dejó el cargo Ernestina Godoy se pararon las reuniones, ni virtuales ni presenciales”. A su vez, Patricia Espinosa dijo que aunque la Fiscalía ya aceptó que hay al menos otros dos involucrados, en cuanto a autores materiales del crimen, siguen esperando una explicación sobre cómo se va a proceder para ubicarlos y detenerlos.
“Hasta ahora seguimos esperando qué es lo que va a pasar con estas dos personas. No sabemos quiénes son ni dónde están y por qué lo hicieron, y no lo sabemos porque la Fiscalía perdió información. La pregunta es, ¿qué va a hacer esta fiscalía para resolver o subsanar toda la evidencia que dejaron perder?, ¿qué van a hacer si no cuentan con los elementos necesarios porque ellos mismos los perdieron?”, señaló.
Resaltaron que la investigación del caso Narvarte ya pasó por cuatro Procuradores y Fiscales, 4 jefaturas de Gobierno y 2 administraciones presidenciales, pero aún siguen exigiendo verdad y justicia.
NO CERRAR INVESTIGACIONES, NI QUITAR MEMORIALES
Patricia Espinosa, durante la protesta frente a la Fiscalía capitalina el 31 de julio, denunció que la línea de investigación Veracruz está detenida; esta es la la línea sobre la persecución y amenazas que denunciaron su hermano y Nadia Vera, por las cuales huyeron de Xalapa, a la Ciudad de México días antes de ser asesinados.
“Nos preocupa que vayan a querer cerrar esta línea, que le quieran dar carpetazo. Pero no lo voy a permitir porque así como no tienen elementos para asegurar que tiene que ver con el tema Veracruz, tampoco tienen los elementos para decir que nada tiene que ver”.
En el pronunciamiento, las familias se dirigieron no sólo a las autoridades salientes, también a quienes ostentarán nuevos roles de administración pública a partir de octubre de 2024, para exigir que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar la identidad de todas las personas partícipes del hecho y no cerrar ninguna línea de investigación hasta agotarlas.
Una situación por la cuál también se pronunciaron es para que se cumpla la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que incluye la reparación integral del daño para las familias, que siguen en su mayoría pendientes. Y aunque las familias tienen derecho a colocar sitios de memoria, denunciaron que el memorial instalado el pasado 28 de julio frente al edificio donde ocurrió el multifeminicio y homicidio en la colonia Narvarte, fue retirado en menos de 48 horas.
Señalaron que el retiro de esta placa, colocada para recordar y exigir justicia, es un ejemplo de los procesos de revictimización a los cuales son sujetas las víctimas no cumpliendo la recomendación, ni la Ley General de Víctimas o los estándares interamericanos en la materia.
“Esto ha obligado a que sean las propias familias y sus representaciones quienes tengan que exigir memoria año con año, y de colocar memoriales en recordatorio de un Estado indolente que les debe verdad y justicia. Así, cada vez que se retira el memorial, sin que las autoridades le protejan, vuelve a recaer el peso en las víctimas”, resaltaron.
Las familias de Alejandra, Mile, Nadia, Yesenia y Rubén recordaron que minimizar la violencia que viven cientos de periodistas y familiares exigiendo justicia repercute en una sociedad indiferente que ignora o desestima la importancia de estas exigencias de memoria y justicia.
