El Consejo Permanente celebró una reunión extraordinaria a petición de Ecuador respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con grandes disturbios que han dejado once manifestantes muertos y más de mil detenidos.
MADRID/MIAMI, 31 de julio (EuropaPress/AP).- El Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha pedido este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) que impute al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que emita una orden de arresto en su contra por «premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior» en la represión de las protestas contra el chavismo.
«Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte del Tribunal Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro. Es hora de la justicia», ha expresado Almagro en su cuenta de la red social X.
En ese sentido, ha prometido que la OEA se hará cargo de hacer la solicitud de estos cargos, aunque no ha especificado cuáles, tras lo que ha añadido: «Por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad».
Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal… pic.twitter.com/lUrq3KWDE1
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 1, 2024
Almagro ha realizado estas declaraciones en su intervención durante la celebración del Consejo Permanente de la OEA, que finalmente no ha logrado ponerse de acuerdo este miércoles para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) diesen la victoria Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.
La votación se ha saldado con 17 votos a favor, once abstenciones —entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia—, cero en contra y la ausencia de cinco países —entre ellos México y Venezuela—, si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto.
El Consejo Permanente ha celebrado una reunión extraordinaria a petición de Ecuador respecto a la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con grandes disturbios que han dejado once manifestantes muertos y más de mil detenidos.
La presión extranjera fue incrementándose luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el lunes oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección para un tercer mandato de seis años, después de difundir resultados que daban al mandatario la victoria electoral con 51 por ciento de los votos frente a 44 por ciento del candidato opositor Edmundo González.
Miles de opositores han salido a las calles de Venezuela a protestar contra este resultado.
La oposición, liderada por María Corina Machado y González, sostiene que ha ganado los comicios por un margen sustancial y reclama a las autoridades la publicación de las actas electorales.
La sesión se realizó en la sede de la OEA en Washington y fue convocada por una docena de países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En la mañana, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no estaría en el encuentro. “No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, afirmó durante su conferencia matutina diaria.
Un día antes la oficina de Almagro, emitió un comunicado en el que dijo que “resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral”. De no hacerlo, indicó, «sería necesaria la realización de nuevas elecciones” con observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA y nuevas autoridades electorales “para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”.
