Por Álvaro García Velázquez y José Manuel Rivas Otero

América Latina vive un auge de fuerzas políticas de extrema derecha, con casos como los que lideran Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil o Kast en Chile, entre otros. En la mayoría de los análisis se suele poner el foco en presidentes y partidos de esta corriente política, pero no en los legisladores, quienes representan la voluntad popular y tienen en su mano sacar adelante los programas de Gobierno. Se plantea entonces: ¿cómo son los legisladores de extrema derecha latinoamericanos? ¿Qué opiniones tienen sobre la democracia, el rol del Estado en la economía o en temas como la inmigración y la paridad de género? ¿Cuáles son sus posiciones respecto del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia o la legalización de las drogas? Para dar respuesta a estas preguntas, se puede consultar la base de datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), que viene realizando encuestas de manera periódica a los parlamentarios de los países de la región con el fin de conocer cómo son y cómo se comportan.

Antes de describir el perfil del Diputado latinoamericano de extrema derecha, conviene hacer dos apuntes. Por un lado, se presentan datos de encuestas realizadas entre 2020 y 2023, periodo en el que sólo el 5.6 por ciento de los legisladores encuestados de esta región se autoubicó en el extremo derecho de la escala ideológica (9 y 10 en la escala de 1 a 10). Por otro lado, se incluye información de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, pero no de Brasil, único país que tuvo un Presidente de este signo político durante ese periodo.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, lo primero que llama la atención es que el perfil sociodemográfico del Diputado de extrema derecha no difiere demasiado del resto de diputados: su edad media es de 48.6 años, el 39 por ciento son mujeres, el 92 por ciento tienen estudios universitarios o de posgrado y el 46 por ciento asegura asistir frecuentemente a servicios religiosos. Por el contrario, las opiniones y actitudes son muy distintas en función de la autoubicación ideológica.

Si se examinan las actitudes autoritarias, hay marcadas diferencias entre legisladores ideológicamente opuestos. Los centristas y derechistas están más de acuerdo que el resto con que, a veces, los gobiernos deben dar prioridad a conseguir buenos resultados económicos más que a gobernar de manera democrática. Un 30 por ciento de quienes se autoubican en el extremo derecho considera que la policía debería centrarse en la lucha contra el crimen organizado, sin preocuparse por el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, existe una convergencia entre diputados de los extremos ideológicos entre quienes defienden que, a veces, es necesario limitar los derechos de la oposición cuando su ejercicio impide la implementación de políticas beneficiosas para el país, aunque comprenden solamente el 20 por ciento de sus respectivos grupos. Por último, un 20 por ciento de quienes se ubican en la extrema derecha considera que, a veces, se justifica que el Presidente implemente políticas públicas beneficiosas para el país incluso si los jueces han dictado sentencias en contra de esas políticas. Este porcentaje es el doble que en el centroderecha (10 por ciento), pero contrasta con el 65 por ciento de los cuestionados que se ubican en la izquierda y 34 por ciento en el centroizquierda. Esta actitud hostil de los legisladores del bloque de izquierda frente a los jueces puede deberse al fenómeno del lawfare en la región.

Otro asunto que caracteriza a la extrema derecha es su posición frente al papel del Estado y su relación con el mercado. En América Latina, el 77 por ciento de los diputados de esta familia se posiciona a favor del libre mercado, siendo el grupo ideológico más favorable a éste y más contrario a la intervención del Estado en la economía. Si bien en abstracto estos legisladores tienen posiciones más pro-mercado, cuando son cuestionados sobre asuntos concretos la mayoría de ellos manifiestan actitudes más favorables al rol del Estado que el centroderecha en todas las cuestiones planteadas, salvo en materia de igualdad de género [1].

En materia de inmigración, los resultados de la encuesta refuerzan la idea de que se trata de un asunto central en la extrema derecha, también en América Latina. En comparación con otros grupos ideológicos, es el que se muestra más contrario a la inmigración. Es más, la inmigración es uno de los temas en el que más difiere con el centroderecha. Más de la mitad de los legisladores de extrema derecha consideran que los inmigrantes se aprovechan de los beneficios sociales y de las ayudas públicas, y empeoran los problemas de inseguridad del país; más del 60 por ciento cree que el Gobierno debería adoptar políticas restrictivas sobre la inmigración; y más del 70 por ciento está de acuerdo con que, cuando el empleo escasea, los nacionales deberían tener prioridad sobre los inmigrantes en el acceso a un puesto de trabajo, y con que los inmigrantes deberían adaptarse a las costumbres y la cultura del país.

Respecto a la paridad de género, los diputados de derecha son moderados, ya que, aunque se muestran menos entusiastas que el resto de los legisladores, más del 60 por ciento está de acuerdo con que la paridad electoral contribuye a tener una mejor democracia. Esto puede deberse a que la extrema derecha es, después de la izquierda, el grupo ideológico con mayor porcentaje de mujeres en los Parlamentos latinoamericanos. Por otra parte, casi la mitad de los diputados derechistas creen que las cuotas favorecen que mujeres que no están lo suficientemente preparadas entren en el Congreso, una opinión que ronda el 40 por ciento en el grupo de centroderecha y el 30 por ciento en el resto de los grupos. A diferencia de la inmigración, en este asunto no hay demasiada distancia entre la extrema derecha y la derecha más centrista.

Por último, los temas que más caracterizan a la extrema derecha son la desaprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas, aunque la intensidad varía en función de la política pública sobre la que se pregunte. El 80 por ciento de los diputados derechistas desaprueban el aborto y la legalización de las drogas, pero el porcentaje se reduce en torno al 55 por ciento cuando se trata del matrimonio igualitario y la eutanasia. En estas cuestiones morales, las diferencias entre grupos ideológicos de izquierda, centro y derecha están muy marcadas, siendo el de centroizquierda el más progresista y el de extrema derecha el más conservador. También hay cierta distancia entre las posiciones entre el centroderecha y la extrema derecha, sobre todo en los temas de matrimonio igualitario y legalización de las drogas.

En síntesis, estos datos permiten hacer una radiografía del perfil medio de los legisladores de extrema derecha en América Latina. Un porcentaje importante de ellos poseen actitudes autoritarias, sobre todo en materia económica y de seguridad pública. Si bien mantienen posiciones fuertemente pro-mercado, éstas se matizan cuando se les plantea la intervención estatal en la reducción de las desigualdades y la provisión de los servicios públicos; aunque con menos consenso interno que el resto de los grupos ideológicos, la mayoría comparte que el Estado debe tener un papel central. Asimismo, estos legisladores aceptan la paridad de género, aunque en menor proporción que otras ideologías. Pero sus opiniones más marcadas son la defensa de medidas más restrictivas en materia de inmigración y la desaprobación de políticas públicas sobre asuntos morales, especialmente del aborto y la legalización de las drogas.

El contenido de este artículo es parte de un trabajo académico que se presentará en los congresos de ALACIP y AECPA en julio de 2024.

Latinoamérica 21

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