El 1 de agosto se discutirán y aprobarán nueve dictámenes relativos al apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar, protección a la salud, así como protección y cuidado animal.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- Agosto será un mes clave para la discusión y aprobación de los dictámenes de las 18 iniciativa de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la Cámara de Diputados de la Federación el lunes 5 de febrero del 2024.
La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del partido Morena, aprobó el pasado jueves 25 de julio del 2024 el acuerdo sobre las sesiones para discutir y votar los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas presentadas por el primer mandatario del país.
El propósito es que los dictámenes queden aprobados en comisiones, desde el mes de agosto, para que a partir de septiembre, cuando Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México asuman sus funciones en la nueva legislatura, que estará en funciones del 2024 al 2027 en el caso de la Cámara de Diputados y del 2024 al 2030 en el caso de la Cámara de Senadores, en las cuales tendrán Mayoría Calificada, puedan votar y aprobar las reformas a la Constitución promovidas por López Obrador.
El 1 de agosto se discutirán y aprobarán nueve dictámenes relativos al apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores, agua, alimentos, protección al medio ambiente, atención médica y bienestar, protección a la salud, así como protección y cuidado animal. El 2 de agosto se prevé discutir y aprobar dos proyectos de dictamen: uno en materia de vías y transporte ferroviario, y otro sobre austeridad y percepciones de servidores públicos. El 9 de agosto se aprobaría el dictamen en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos.
Mientras que el 13 de agosto se aprobaría el dictamen referente a la prisión preventiva oficiosa y el 14 de agosto sobe sobre áreas y empresas estratégicas que deben estar bajo la tutela del Estado. Por otra parte, el 15 de agosto se contempla iniciar el análisis del proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial y calendarizar el análisis y aprobación de las iniciativas de reformas constitucionales relativas en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.
Hoy veremos en detalle un paquete de seis de esas 18 iniciativas de reformas constitucionales.
AUSTERIDAD REPUBLICANA
1.- La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos para hacer cumplir el límite constitucional de las remuneraciones de las personas servidoras públicas determinado desde 2009, así como establecer el principio de austeridad republicana en la Constitución como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales. Para ello, se propone reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para clarificar su contenido, interpretación y aplicación, así como para suprimir la excepción que actualmente permite a personas titulares de diversos órganos jurisdiccionales a nivel federal y estatal no adecuar sus salarios al límite constitucional previsto en el artículo 127.
Asimismo la iniciativa propone la reforma al artículo 134 constitucional a efectos de reconocer la austeridad republicana como un principio rector del servicio público, así como para prohibir la contratación o adquisición de bienes o servicios innecesarios o superfluos, es decir, artículos de lujo, suntuosos o que no sean esenciales y, por ende, sean prescindibles.
PENSIONES A ADULTOS MAYORES
2.- Esta iniciativa pretende que las personas menores de 65 años que viven con discapacidad tengan el derecho de recibir una pensión […], así como rehabilitación o habilitación cuando así lo requieran, y a partir de los 65 años, solo disfruten de la pensión […] que se otorga a las personas adultas mayores. También propone que se amplíe el universo de personas adultas mayores beneficiarias de una pensión al reducir de 68 a 65 años la edad para tenerla.
Esta reforma constitucional propone hacer adiciones al artículo 27 de la Constitución para que se establezca un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies cuyos frutos requieren ser procesados para su consumo; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala, así como mantener los precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
DESAPARICIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
3.- Con respecto a los organismos autónomos la iniciativa advierte que en congruencia con los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos, la presente administración ha conducido su actuar con estricto apego a la política de austeridad republicana con el objetivo de acabar con lujos, gastos superfluos, la duplicidad de funciones, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y así, destinar todos estos al combate a la desigualdad social, al desarrollo y la construcción de un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear su funcionamiento, que en los hechos duplican funciones y tareas del ejecutivo federal.
Bajo esta óptica, se propone regresar las atribuciones de estos Organismos a las dependencias que contaban con dichas facultades tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
SOBRE LA GUARDIA NACIONAL
4.- La reforma constitucional propuesta tiene por objeto fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos en su territorio. Para ello, se propone reconocer a la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente, que cuenta con personal de origen y cuya disciplina, formación y adiestramiento son de igual calidad que la que tienen las fuerzas castrenses, con una profesionalización, valores y filosofía de carácter estrictamente policial que garantiza la seguridad pública con respeto irrestricto a los derechos humanos, acordes con la normativa nacional y estándares internacionales en la materia, por lo que se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otra parte, también tiene el propósito de brindar un marco jurídico que otorgue certeza a la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas, principalmente, por el crimen organizado.
EMPRESAS ESTRATÉGICAS
5.- Con la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales se propone establecer que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado. Con lo anterior, se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México. Este principio de planeación y control bajo responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberán verse reflejados en la legislación secundaria.
También se pretende establecer que el servicio público de internet que preste la Comisión Federal de Electricidad, de la misma manera que la electricidad, constituye un servicio público estratégico cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información, por lo que debe agregarse un criterio constitucional con el cual el Estado garantice su desempeño.
APOYO A JÓVENES
6.- La iniciativa de reformas al artículo 123 constitucional advierte que con las administraciones neoliberales fue notoria la falta de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes en México, provocando una ruptura en el tejido social que derivó en desempleo, crisis de violencia e inseguridad, orillando a los jóvenes mexicanos a forjarse un camino hacia la adultez marcado por fuertes y persistentes desigualdades sociales. La exclusión social, educativa y laboral que enfrentó la mayoría de los jóvenes durante el periodo neoliberal, aniquiló las expectativas de mejoría, particularmente de aquellos que vivían en condiciones de precariedad, violencia y abandono, acentuando posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad, exponiéndolos ante un panorama desalentador en donde ser joven era un sinónimo de discriminación y marginación.
Agrega la iniciativa que con el fin de que la nación cuente con una fuerza laboral mejor capacitada y se garanticen oportunidades de trabajo para las y los jóvenes, se propone establecer en la Carta Magna la obligatoriedad del Estado para que otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.
