Por Jesús Delgado

Parece increíble, pero faltan unos pocos días para que se celebren las elecciones presidenciales de Venezuela. El 28 de julio se ha convertido en la oportunidad más clara de transición democrática del país, después de diversos intentos electorales e insurreccionales que no han logrado su cometido.

De acuerdo a la firma británica Barclays, existe una «posibilidad significativa de una transición política» en Venezuela, lo que cobra fuerza a medida que se acerca la elección y la candidatura de Edmundo González sigue firme. Pero, después de numerosas elecciones, fraudes, insurrecciones y demás, ¿cómo llegamos hasta aquí?

A principios del año pasado la oposición estaba fragmentada y desmoralizada, mientras que el gobierno, que ya había superado la amenaza del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó, necesitaba de legitimidad para negociar el levantamiento de las sanciones, sobre todo las que tienen que ver con el sector petrolero.

De manera que el oficialismo acompañó (no sin reticencias) los esfuerzos de la comunidad internacional de los que resultó el Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para que la oposición pudiera participar en las elecciones de 2024 en mejores condiciones que las de 2018. Recordemos que los resultados de estas últimas fueron considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y, por tanto, fueron desconocidos, generando una crisis de legitimidad para Maduro.

Este acuerdo también establecía el respeto a los resultados de las elecciones primarias opositoras. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno, entre ellos la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa a apoyar logísticamente la elección y hasta amenazar con impedirla, la líder de Vente Venezuela fue aclamada con más del 93% de los votos en un ejercicio organizado íntegramente por la oposición.

La ratificación de la inhabilitación de Machado obligó a la Plataforma Unitaria a sustituir su candidatura. Aunque el objetivo del gobierno era desincentivar la participación e incluso provocar protestas, la oposición siguió la vía electoral y designó a la académica Corina Yoris, quien tampoco pudo ser inscrita por la arbitrariedad del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, fuera del lapso estipulado la autoridad electoral permitió la inscripción del ex embajador Edmundo González, totalmente desconocido para ese momento, con el objetivo de “guardar el lugar” de la candidatura opositora, ya que posteriormente se abriría un lapso para sustituir las candidaturas.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria ratificó la candidatura de González y desde entonces María Corina Machado, en sus decenas de actos a lo largo y ancho del país, ha llevado el nombre y la imagen del ex diplomático, y de acuerdo a las encuestas Machado ha traspasado casi totalmente su apoyo al ex diplomático, que aventaja hasta por 30 puntos a Nicolás Maduro en la intención de votos.

Aunque la oposición ha sorteado con gran flexibilidad y coordinación estratégica los ataques del gobierno y se mantiene en competencia (hasta ahora), estamos ante una elección en la que claramente se violan las más fundamentales garantías democráticas.

A la inhabilitación ilegal de Machado y otros líderes políticos, se suma la privación del derecho al voto de millones de venezolanos. Debido a los obstáculos en el registro y actualización de los datos de los electores, de los cinco millones de venezolanos que residen en el exterior y tienen edad para votar, solo 508 personas pudieron inscribirse y 6.020 actualizar sus datos, lo que deja el padrón de residentes en el extranjero habilitados para votar en 69.211 electores. El número de excluidos representa cerca de un 25% del padrón electoral.

La inscripción de votantes en Venezuela también fue restringida, dado el reducido lapso para la inscripción y actualización y por el escaso número de centros y puntos de la jornada especial, de manera que millones de personas no pudieron inscribirse.

La violencia electoral ha sido una constante. La oposición ha sido perseguida y criminalizada. Más de 50 personas vinculadas con la Plataforma Unitaria o con organizaciones defensoras de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidas en el marco de las elecciones, muchas de ellas constituyeron desapariciones forzadas. Seis integrantes de Vente Venezuela están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace más de 100 días luego de que se emitiera orden de captura contra ellos. Por su parte, pequeños comerciantes que han brindado servicios de comida, transporte, logística o alimentación a María Corina Machado y su equipo en sus giras por el país, han sido sancionados por el SENIAT e impedidos de realizar sus actividades.

El Gobierno, como de costumbre, ha usado los recursos y bienes del Estado para hacer proselitismo. No han tenido reparo en usar el sistema de medios de comunicación público para favorecer la candidatura de Maduro y atacar a la de la Plataforma Unitaria, u obligar a los empleados estatales a asistir a los actos de campaña.

Los medios independientes, por su parte, siguen sufriendo de la censura y decenas de ellos han sido cerrados por CONATEL. Sin embargo, algunos medios de televisión han transmitido tímidamente movilizaciones opositoras, e incluso el candidato Edmundo González fue entrevistado.

Ha habido importantes fallas en el cumplimiento del cronograma electoral, no se han publicitado las actividades y sobre todo no ha habido una campaña activa del órgano electoral para promover el voto. Al contrario, el proceso se ha caracterizado por la opacidad y la falta de información.

Algunas organizaciones locales de observación electoral han participado en varias auditorías de manera remota, pero no están oficialmente acreditadas. El CNE revocó la invitación que se le había hecho a la Unión Europea para que enviara una Misión de Observación Electoral, aunque era uno de los compromisos del Acuerdo de Barbados. Quienes sí asistirán son el Centro Carter, aunque con una misión con alcances limitados, y un Panel de seis expertos de las Naciones Unidas. Ambos informes serán confidenciales.

A pocos días de la elección, las condiciones electorales son totalmente adversas para los sectores democráticos, que aún así se reafirma en la ruta electoral con el apoyo mayoritario de una población que ya no teme porque ya no tiene mucho que perder.

Jesús Delgado es director ejecutivo de Transparencia Electoral

Latinoamérica 21

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