Por Ricardo Aceves*

La desigualdad económica y social en Latinoamérica y el Caribe es un problema profundo y persistente. A pesar de avances en ciertos indicadores económicos, la región sigue siendo la más desigual del mundo. Según el informe Desigualdad S.A., publicado por Oxfam a comienzos de este año, la riqueza de las tres personas más ricas de Latinoamérica ha aumentado en un 70 por ciento desde 2020, mientras que la mitad de la población más pobre se ha empobrecido aún más.

En comparación, los países de la OCDE —que incluyen muchas de las economías más avanzadas del mundo— presentan una distribución del ingreso más equitativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman que en estos países el 10 por ciento más rico tiene ingresos cuatro veces mayores que el 10 por ciento más pobre, en contraste con el promedio de doce veces en países de la región latinoamericana.

La brecha es abismal y se agrava por la falta de movilidad social. A diferencia de Europa y América del Norte, donde existen mayores oportunidades para que individuos de familias de bajos ingresos mejoren su situación económica a través de la educación y el empleo, en Latinoamérica y el Caribe las barreras estructurales son mucho más difíciles de superar. Factores como la educación pública deficiente, la amplia informalidad laboral y la corrupción limitan severamente las posibilidades de progreso.

Ante este panorama desolador, emerge un actor potencialmente clave en la reducción de la desigualdad: la empresa socialmente responsable (ESR). Definida como aquella que no sólo busca la rentabilidad económica, sino que también considera el impacto social y ambiental de sus operaciones, la ESR, o empresa sostenible, ha ganado atención en los últimos años, pues un número creciente de empresas en la región está alineando su crecimiento con objetivos de desarrollo sostenible y prácticas más éticas en torno al trabajo decente, dice en un estudio la Organización Internacional del Trabajo.

Una estrategia que puede generar beneficios

Esto último se explica porque la responsabilidad social corporativa (RSC) no sólo es un ideal ético, sino también una estrategia empresarial que puede generar beneficios sociales, materiales y financieros tangibles. Entre los beneficios sociales se incluyen la mejora reputacional de las empresas, el aumento en la satisfacción de los empleados y el compromiso con las comunidades, entre otros. Los beneficios materiales y financieros abarcan aumentos en la eficiencia, mayor competitividad, acceso a nuevos mercados y capitales destinados a la sostenibilidad.

Las ESR pueden contribuir a la reducción de la desigualdad de varias formas, como proporcionando empleos de calidad con salarios justos y beneficios adecuados, lo que es crucial en una región donde la informalidad y la precariedad laboral son rampantes. Las empresas también pueden invertir en comunidades locales, mejorando infraestructuras y servicios básicos como la educación y la salud, y adoptar prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente, asegurando que los recursos naturales sigan disponibles para las generaciones futuras.

Sin embargo, la realidad es compleja y no todas las iniciativas socialmente responsables están diseñadas de igual manera, ni alcanzan su potencial transformador. Si bien la ESR puede ser una fuerza positiva, no es la solución al gran problema de la desigualdad. La implementación efectiva de prácticas de RSC requiere un compromiso genuino por parte de las empresas y no simplemente una estrategia de relaciones públicas. Además, el impacto de la RSC está limitado por el alcance y tamaño de cada empresa, y las iniciativas individuales, aunque valiosas, no pueden resolver por sí solas los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad.

Por lo tanto, la ESR juega un papel importante en la mitigación de la desigualdad en América Latina y el Caribe, pero es insuficiente por sí sola para solucionar este problema profundamente arraigado. Ejemplos conocidos de empresas implementando estrategias sostenibles o socialmente responsables incluyen a la panificadora mexicana Grupo Bimbo, la cual implementa programas para mejorar la educación y el bienestar de sus empleados y sus familias, y políticas para integrar a personas con discapacidad en su fuerza laboral.  

Otra es la multinacional brasileña de cosméticos Natura & Co, la cual ha invertido significativamente en la conservación del Amazonas y en el apoyo a las comunidades locales. El BID publica anualmente un índice de sostenibilidad corporativa destacando las 100 empresas más sostenibles operando en la región. Entre ellas se encuentran multinacionales como la alemana de ropa y calzado Adidas, y la multinacional estadounidense de productos consumo Colgate-Palmolive, y multilatinas como la cementera mexicana Cemex y el conglomerado de alimentos colombiano Nutresa. 

Estos ejemplos exitosos no deben hacernos perder de vista que las empresas operan en un marco regulatorio y económico que también debe evolucionar para facilitar la reducción de la desigualdad. En su informe, Oxfam reitera que los gobiernos tienen un papel crucial en la creación de políticas que promuevan la justicia económica y social, tales como sistemas tributarios progresivos, inversiones en educación y salud pública, y la implementación de leyes laborales que protejan los derechos de los trabajadores.

La sociedad civil también debe mantenerse vigilante y activa, presionando tanto a las empresas como a los gobiernos para que cumplan con sus responsabilidades. La colaboración entre el sector privado, el público y la sociedad civil es esencial para crear un entorno donde la igualdad de oportunidades sea una realidad para todos los ciudadanos.

Aunque las empresas socialmente responsables pueden y deben ser parte de la solución a la desigualdad en América Latina, su impacto será limitado sin un apoyo regulatorio adecuado y promovido por los gobiernos. La lucha contra la desigualdad es un desafío multidimensional que requiere un enfoque integral, en el cual los grupos de interés y actores sociales desempeñen un papel activo y coordinado. Sólo a través del esfuerzo colectivo y sostenido podremos aspirar a una región más justa y equitativa.

*Ricardo Aceves es economista. Analista de mercados e inversiones sostenibles en Dow Jones. Postgrado en Economía y Negocios Internacionales en la Facultad de Economía de la Hochschule Schmalkalden (Alemania).

Latinoamérica 21

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