Pese a la resistencia natural de quienes lo integran, la Reforma al Poder Judicial de México es un imperativo que demanda la mayoría de la población que por un lado, tiene muy poca confianza en los jueces y por otra vertiente considera que existe mucha corrupción entre los impartidores de justicia, según revelan estudios muy robustos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Una de las propuestas fundamentales de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, fue la Reforma al Poder Judicial, para restaurar desde la base una justicia comprometida con la mayoría del pueblo, y para ese propósito impulsó el llamado Plan C, que se consolidaría con la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, requisito obligado para promover y aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pese a la resistencia natural de quienes lo integran, la Reforma al Poder Judicial de México es un imperativo que demanda la mayoría de la población que por un lado, tiene muy poca confianza en los jueces y por otra vertiente considera que existe mucha corrupción entre los impartidores de justicia, según revelan estudios muy robustos realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México.
En la muy robusta “Encuesta Nacional de Cultura Cívica”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 25 mil 113 personas de 15 años y mayores, en vivienda, cara a cara, entre el 17 de agosto y el 18 de septiembre del 2020, en todo el país, se concluye que sólo el 6.2 por ciento de los mexicanos les tiene mucha confianza a los impartidores de justicia.
En tanto que el “Informe País 2020: el curso de la democracia en México”, realizado por el Instituto Nacional Electoral en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, concluye que el índice de personas que han entregado dádivas a jueces en el país es de los más altos.
En cuanto a los índices de confianza que los mexicanos manifiestan con respecto a los jueces, estos personajes esenciales para la buena administración de justicia sólo superan a policías, senadores y diputados, tanto locales como federales.
Otro dato relevante es que además de los muy bajos índices de confianza que los ciudadanos manifiestan por los jueces, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refleja que mientras más edad y experiencia tienen los ciudadanos, más desconfían del Poder Judicial.
Cuando se pregunta a la gente si en los más recientes 12 meses tuvo algún contacto y entregó alguna dádiva a algún servidor público, el porcentaje más elevado de situaciones irregulares vincula con el 18 por ciento al Ejército y a la Marina. Pero después, en el segundo lugar, con un 16 por ciento de funcionarios públicos que han recibido dádivas de los ciudadanos están miembros de la Guardia Nacional, ministerios públicos, policías (de tránsito y preventivos) y jueces. Todos con el mismo porcentaje del 16 por ciento atribuible a presuntos servidores públicos a quienes los ciudadanos les han entregado alguna dádiva.
Tampoco les va mejor a los jueces en la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023”, presentada por el INEGI el lunes 11 de septiembre del 2023, en la cual los jueces solo superan en grado de confianza a ministerios públicos y policías. Pero en los índices de corrupción, los jueces aparecen en el segundo escalón más alto, sólo superados por los policías de tránsito.
El clima de desconfianza en los jueces se profundiza también porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI, el 44.3 por ciento de los mexicanos considera que en nuestro país las leyes se respetan poco. El mismo porcentaje estima que los gobernantes tienen poco respeto por las leyes.
Nunca está por demás reiterar lo que advierte el Artículo 39 de la Constitución, que establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” y que además “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, algo que el 49.5 por ciento de las personas encuestadas por el INEGI asumen con claridad cuando opina que, si las leyes no convencen al pueblo, deben cambiarse.
