“En la Nación donde predomina un verdadero sentido común, en toda actividad de los negocios públicos, la vida vendrá desde abajo, del pueblo” 

Jakob Friedrich Fríes. 

Crítica antropológica de la razón. 

Lo que se entiende por Derecho en Occidente, y por extensión en México, tiene su origen histórico en la invención ateniense de la democracia; de hecho, comienza cuando el pueblo se apropia la facultad de arbitrar los procesos judiciales y hace a un lado la arrogancia de la nobleza de sangre como la única capaz, por su condición y origen, de ser lo suficientemente competente para administrar justicia y sentenciar en los procesos legales. Según Michael Foucault (La verdad y las normas jurídicas. Gedisa, 1980), cuando “el pueblo se apoderó en Atenas del derecho de juzgar, de decir la verdad, de oponer la verdad al poder, a sus propios señores y de juzgar a quienes los gobernaban se logró, al cabo de un largo proceso, oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad, lo que dio lugar a una serie de grandes formas jurídicas que aún son utilizables en las   sociedades actuales” (página 64). Más adelante Foucault describe las consecuencias que produjo esta gran revolución y que dio como resultado la elaboración de una determinada forma de descubrimiento judicial y jurídico de la verdad que fue la matriz, el modelo o punto de partida de otros muchos tipos de saberes que beneficiaron a los pueblos (página 65. Op. Cit.). De la misma manera que la impartición de justicia por el pueblo ateniense, no tuvo en lo sucesivo nada que ver con la aristocracia de clase para alcanzar la justicia, en nuestro país sucede exactamente lo contrario, la justicia pertenece a los profesionales del derecho y las leyes sirven a intereses privados. “En toda sociedad desigual, escribe el mismo Foucault (Defender la sociedad. FCE, México 2002) el derecho, la Constitución y las leyes son trampas, instrumentos de poder que no limitan los abusos; dejar en mano de los técnicos del derecho la reforma al Poder Judicial, no es garantía de que en lo sucesivo la actuación de los jueces sea eficaz”.

Ahora bien, cuando nos preguntamos o exponemos una tesis, es obligado definir su valor de verdad desde una perspectiva genealógica, es decir, fundamentar su constitución en su origen como lugar de su esencia, su historia y su proceso constitutivo, condición que debe cumplirse en todo alegato, incluyendo, pues, la impartición de justicia y las formas para nombrar a los jueces.  Hago este breve paréntesis con la finalidad de diferenciar los argumentos aquí sustentados en oposición a lo expresado por un grupo de “expertos” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que afirman que la elección de magistrados, ministros y jueces no es viable para el país porque el daño al Poder Judicial será mayúsculo y qué de llegar a aprobarse, podría verse amenazada la “independencia” e “imparcialidad” de los miembros del Poder Judicial de la Federación. ¿Independencia, imparcialidad de los miembros del Poder Judicial? ¿Dónde podemos ubicarlas? ¿En qué actos concretos? Ejemplos, pruebas y evidencias. 

En contrario, afirmo que el Poder Judicial en México desde hace 36 años ha tomado como modelo la mercancía y tiene en el mercado judicial un valor de cambio importante, es más, me atrevo a decir que el sistema jurídico nacional es una ficción judicial del libre cambio de mercancías, de libres arreglos subrepticios y de la libre fijación de precios; están fuera de este círculo los pobres y   los indefensos que no pueden pagar un abogado.

En el país es obvia la complicidad del Poder Judicial en la comisión de delitos, al facilitar, favorecer u obviar funciones que por Ley están obligados a cumplir para proteger el bien jurídico que establecen las leyes; lo que provoca que cuatro de cada diez personas se encuentren en la cárcel en espera de sentencia; que cinco de cada diez estén en prisión preventiva oficiosa y una de cada cuatro en prisión preventiva justificada; estas personas permanecen en las cárceles del país sin sentencia, lo que viola sus derechos humanos, al mismo tiempo que le niega el acceso a la justicia. Si a esto sumamos la negligencia que caracteriza a las fiscalías federal y estatales, en México solo el 1.32 por ciento de la población tiene acceso a la justicia, que el promedio de impunidad sea del 99 por ciento, que no reciban justicia penal ni atención de la justicia delitos como violencia familiar, desapariciones, extorciones, abusos sexuales (con una impunidad del 96 por ciento); que en delitos como el feminicidio sea del 88.6 por ciento y, en homicidios dolosos, el 82.3 por ciento, en estos últimos casos, a causas de que los jueces de control del Poder Judicial de la Federación calificaron los delitos imputados como ilegales por errores cometidos por las fiscalías; completan este cuadro las detenciones en flagrancia en que el 89.5 por ciento fueron calificados como legales y no como ilícitos.

Pero hay aun ejemplos más contundentes. En la Ciudad de México cuarenta grupos criminales han despojado de sus viviendas a más 25 mil familias, principalmente adultos mayores en unidades habitacionales, edificios, predios, locales y vecindades del Centro Histórico, colonias residenciales y zonas ejidales mediante fingidas compra ventas, contratos apócrifos, daciones en pago y juicios civiles avalados con documentación falsa (La Jornada, nota de Elba Mónica Bravo, 2023-08-09) Los afectados inútilmente recurren a los juzgados, una mafia notarial evita, mediante la corrupción, que los juicios prosperen, pasan años antes de recuperar sus propiedades o no las recuperan nunca, la mayoría son pobres o no pueden pagar un abogado y de plano se resignan a perderlas. Todo por la prevaricación judicial.

Todavía hay más: Virginia Silvestre, mujer mazahua pasó 16 años en prisión, fue condenada a 43 por el  homicidio de su nieta, pese a que pruebas forenses demostraron que la niña falleció a causa de una caída; Sandra Hemme, mujer de 63 años, pasó 40 años en la cárcel antes de ser declarada inocente; María Luisa Villanueva, a causa de un juicio viciado, pasó 25 años en la cárcel; Sanjuana Maldonado estuvo en prisión 15 años, antes de  recibir el indulto de los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, que no del Poder Judicial, por un crimen que no cometió y así con otras féminas ¿Por qué el Poder Judicial negó a estas mujeres el derecho a un juicio durante años? ¿Misoginia, incompetencia, corrupción o aporofobia?  Lo peor sería que en México la justicia continue en manos de un prevaricato que ha convertido los derechos de la población en la más eficaz herramienta para legitimar los abusos del poder. 

Por otra parte, cuando se contraponen intereses encontrados en que los débiles son dañados por grupos con poder económico vemos con la mayor naturalidad que los diferentes organismos y poderes públicos tomen partido por los dueños del dinero, lo hicieron Vicente Fox y Calderón con German Larrea en Pasta de Conchos y lo hizo Peña Nieto con el mismo personaje, en 2014, por el derrame de ácido sulfúrico en el rio Sonora. En casos como los mencionados, el Poder Judicial, el derecho, las leyes y los jueces se comportaron como lo que son: instrumentos dóciles adaptables, flexibles y poliformes para ponerse a disposición de las élites y sacar las castañas del fuego a la clase capitalista y que por eso el señor Larrea y todos los de su ralea gozan de cabal salud y su fortuna sigue aumentando, pues para sus fechorías cuenta con la colaboración de un Poder Judicial a modo. Luego ¿Es o no oportuno reformar el Poder Judicial?

A partir de las innegables verdades señaladas ¿No sería un ejemplo histórico orientador lo hecho hace 25 siglos por el pueblo ateniense? Si ellos fueron capaces de romper el culto de la clase superior como poseedor de la única verdad válida y demostraron que cuando el pueblo elige directamente a sus jueces se consigue mayor justicia y, al mismo tiempo, como comunidad, experiencias, conocimientos, sabiduría, habilidades y aptitudes emanadas de casos concretos para obtener más equidad en los procesos legales que pueden ser aprovechadas por otros pueblos ¿Por qué no seguir su ejemplo? “La justicia perfecta, decían los atenienses, es la misma que la soberanía popular…y se basa en el principio que Aristóteles considera fundamento de la democracia: la alternancia de la obediencia y el mando” (Robert Cohen. Atenas, una democracia. Orbis. 1985). Además, quienes en Atenas obtenían las magistraturas y judicaturas tenían responsabilidades abrumadoras y la obligación de presentar ante la Asamblea del Pueblo, diez veces durante el año, una relatoría de los casos judiciales a su cargo y a ser investigados cuando cualquier ciudadano ponía en duda su gestión judicial.

Por consiguiente, creo que es el momento de preguntarnos ¿qué función cumple el derecho en el Poder Judicial, como parte de los poderes republicanos? Uno, delimitar el campo de acción de cada uno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; dos, establecer las reglas que garantizan la soberanía popular, la división de poderes y el sistema electoral y, tres, lo que sería un enorme avance, que por derecho el Poder Judicial, como el Legislativo y el Ejecutivo, se sometan a la voluntad ciudadana a través del sufragio. Lo que tenemos es un sistema que utiliza el derecho y la Ley como instrumentos de dominación y que, en este momento, ambos son el centro de disputa sobre la mejor manera de eliminar la hipocresía de afirmar que se administra justicia con neutralidad, independencia y autonomía sin lastimar ni perjudicar a una de las partes cuando, como hemos visto, a causa de que operan al margen de la soberanía popular, legitiman con sus decisiones actos injustos. La vía correcta para enderezar el entuerto, y es la que defiendo, es reconstruir el Poder Judicial, es decir, ponerlo de pie pues está de cabeza y recurrir a la soberanía del pueblo para elegir a los juzgadores y de esta manera, liberar al sistema jurídico del estado de postración en que lo tienen las élites oligárquicas, los intereses externos, los poderes fácticos, los partidos políticos, los delincuentes de cuello blanco, la delincuencia organizada y la criminalidad que bajo cuerda se han convertido en el poder tirano de facto que orienta el sentido de la justicia en el país. 

Como actualmente funciona el Poder Judicial, en los hechos opera contra el pueblo y sus ministros, magistrados y jueces ni siquiera se esfuerzan por dar apariencia de legitimidad a sus actos a sabiendas que sus fechorías ejercen una forma de violencia en la paz, como lo revela la descarada protección de los actos más reprobables, como los citados, en especial los del señor Larrea. 

Además, la relación entre las palabras y las cosas, entre la Nación y el pueblo, entre clase dominante y dominados está perturbada por la estupidez, la codicia, la maldad, la hipocresía, la arbitrariedad, la barbarie y la tosquedad cultural de quienes se creen portadores indiscutibles de la verdad jurídica. Apelar al pueblo, como se está haciendo   es la mejor manera de acrecentar la justicia, solo queda esperar que aquello que suceda en nombre del pueblo, suceda también a través del pueblo y para el pueblo. ¡Qué a los jueces los elija el pueblo! Y como escribió Jakob Friedrich Frei, no hay que perder de vista que los remedios a la vida pública vienen desde abajo, del pueblo.

Melvin Cantarell Gamboa

https://www.sinembargo.mx/author/melvincantarell/

Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.

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