El pasado viernes se cerró un capítulo en la historia de pederastia, explotación y pornografía infantil en México. Como diría Lydia Cacho “se acabó la pesadilla para las víctimas” con la muerte de Jean Succar Kuri. La contundente afirmación de la periodista y defensora de las víctimas, muestra el sentir de quienes emprendieron un largo periplo por la intrincada justicia mexicana. En ese sentir, se incluye el de ella, cuya vida se ha entrelazado de manera inexorable a la lucha contra la impunidad, al grado de llevar 4 años en el exilio.

¿Quiénes son los perpetradores infames de esta trama que pone el desnudo la complicidad entre poderes económicos, criminales y políticos? Para quien quiera conocerlos vale la pena acercarse la reseña de Blanche Petrich en La Jornada (15/06/2024) intitulada “Succar Kuri, pederasta protegido por políticos, sólo pasó 28 años en prisión”.

Las redes de macrociminalidad implicadas en esta trama han operado desde hace dos décadas para subvertir los avances excepcionales en materia de justicia. Las violencias criminal y de Estado se han hecho presentes con toda la maraña de corrupción y tráfico de influencias que las sostienen.

Recordemos que Blanche, junto a Carmen Aristegui, dieron a conocer en febrero de 2006 los audios que revelarían la trama de uso desviado del poder alrededor de la detención arbitraria y tortura de Lydia Cacho ocurrida unos meses antes (16 y 17 de diciembre de 2005). La comunicación entre el poderoso empresario textilero y líder de la red de trata, Kamel Nacif, y el entonces gobernador que hoy es procesado por tortura, Mario Marín, se ufanaban de los “coscorrones” propinados a Lydia Cacho después de su detención y traslado por más de 20 horas desde Cancún hasta Puebla. El origen era una denuncia por difamación y calumnia interpuesta por Nacicf en contra del libro “Los demonios del Edén”, donde Lydia lo vicula a la red de trata.

En esta conversación se desvela la manera como operan las procuradurías y poderes judiciales locales bajo órdenes de los gobernadores y como éstos, a su vez, responden a quienes les auspician económicamente. La llamada cerraba con un siniestro premio que Nacif ofrecía a Marín: “dos bellísimas botellas de cognac”.

José Kamel Nacif Borge es un empresario textilero, amigo y socio de Jean Succar Kuri. A Kamel se le vincula con diversas organizaciones criminales, particularmente en lo que se refiere a lavado de dinero[1], apuestas y pederastia. Tiene protección política de personajes como Emilio Gamboa Patrón. No olvidemos que en 2007 también se fitró una llamada en la que el empresario regaña al poderoso priísta por una reforma a la Ley de Juegos y Sorteos que no le beneficiaba.

Otro implicado en la red de pederastia, pornografía y prostitución infantil es Miguel Ángel Yunes Linares. Pero además de poderosos políticos de la época, Kamel Nacif  tejía redes de abogados con fuertes influencias. Uno de ellos Arsenio Farell Campa, cercano al grupo de Rául Salinas de Gortari, e hijo de un prominente político priíista, Arsenio Farell Cubillas. También, en aquel entonces, se vinculó al grupo de protección política de estos sujetos al entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchia.

Por su parte, Mario Marín contó con la defensa de abogados prominentes como Adolfo Aguilar Zinser y Fabian Aguinaco, cuando la Suprema Corte investigó el caso en 2006 y 2007 y cuyo dictamen fue -en votación dividida- desestimar las violaciones a derechos humanos de Lydia y las víctimas de trata.

De hecho, Adolfo Karam -ex director de la polícia judicial hoy procesado por la tortura de Lydia- presumía en sus redes sociales que su empresa de seguridad privada brindaba servicios a personajes polémicos -también vinculados al clan Salinas- como a Grupo IUSA de Alejo Peralta Quintero.

Años después, con acompañamiento de Artículo 19, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en julio de 2018 que Lydia había sufrido tortura, censura,  detención y obstáculos para acceder a la justicia, además de múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vida. Antes de ese hito el caso de la periodista, en paralelo al de las víctimas de Succar, había enfrentado un camino sinuoso plagado de irregularidades e interferencias indebidas de políticos, altos funcionarios de la PGR y ministros de la Corte.

En este 2024, hay siete procesados por la tortura contra Lydia: 4 policías, el Jefe de la policía judicial poblana (Adolfo Karam) y el propio ex gobernador Mario Marín que se encuentra en prisión preventiva en el Altiplano.

No sobra decir que todos los procesos penales abiertos han revelado de forma escalofriante la manera como operan estas mafias políticas y criminales. Los costosos abogados de Kamel en Cancún defendieron a José Montaño Quiróz, primer policía sentenciado por tortura.  Karam y Marín han compartido abogados, estrategias y hasta argumentos que se exponen idénticos para su defensa. Lo mismo que los policías implicados, quienes pueden tener de fachada otros profesionistas pero tienen idénticas estrategias.

Aun así, la justicia ha llegado. A Succar se le sentenció a 98 años y pasó 28 en la cárcel. Y no fue gracias a un Estado caracterizado por fiscalías ineficaces. Más bien se debe a un equipo destacado de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y periodistas que lograron que el caso no quedara en la impunidad. Ese depredador, protegido en las altas esferas del poder, “cazaba” niñas y niños de familias pobres y desestructuradas. Fueron estas valerosas profesionales quienes, arriesgando su propia vida, lograron darnos una luz de esperanza ante un aparato poderoso y corrupto que parece invencible.

Y contestando a la pregunta que encabeza este texto, la respuesta es un rotundo “no”. No han acabado esas mafias. Por el contrario, México es el segundo lugar mundial en prostitución infantil. Pero ahí están personas con una voluntad de hierro y una ética a prueba de balas, como Lydia, acompañando a decenas de víctimas.

[1]     https://www.jornada.com.mx/2006/08/13/index.php?section=politica&article=016n1pol. SE habla de que la SEIDO ya estaba investigando los delitos de “lavado de dinero” en la AP 29/UEIGA/2006

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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