El proceso electoral federal de este año les costó a los mexicanos 36 mil 390 millones de pesos, incluyendo los 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos, más 3 mil 623 millones de pesos de subsidio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), que asumiría las funciones de los 32 instituto electorales estatales significaría, de entrada, un ahorro de por lo menos 27 mil 515 millones de pesos que actualmente pagan los estados de la República, lo que permite a los gobernadores tener injerencia e influencia política sobre los organismos públicos estatales que organizan los procesos electorales.
La iniciativa de reformas constitucionales que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero del 2024 pretende además compactar la estructura que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral y contratar personal eventual únicamente en las temporalidades en las cuales tengan que realizarse procesos electorales, consultas populares, o la elección de ministros, magistrados y jueces para la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación.
En su exposición de motivos, la iniciativa presidencial advierte que “propone emprender una nueva etapa electoral para el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.
Explica la iniciativa que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes”. La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas terminaría con el gigantismo de los órganos electorales locales, considera la iniciativa presidencial.
El proceso electoral federal de este año les costó a los mexicanos 36 mil 390 millones de pesos, incluyendo los 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos, más 3 mil 623 millones de pesos de subsidio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En tanto que el costo de todo el aparato electoral de las 32 entidades de la República tuvo un costo de 18 mil 679 millones de pesos, a los que se sumaron 8 mil 836 millones de pesos de financiamiebnto estatal a los partidos políticos.
El total de financiemto federal y estatal a los organismos electorales y a los partidos políticos tuvo un costo de 60 mil 282 millones de pesos en los comicios del 2024.
¿Cómo se integraría el nuevo organismo rector de las elecciones y quiénes lo dirigirían?
La iniciativa de reforma al Artículo 41 constitucional está planteada en los siguientes términos: “La organización de las elecciones es una función de Estado que se realiza a través del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en los términos que establece esta Constitución”.
Agrega la propuesta: “Apartado A. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es un organismo público autónomo, en los términos que establezca la ley, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos nacionales y la ciudadanía. En el ejercicio de esta función de Estado la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad serán principios rectores”.
Describe: “El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con áreas auxiliares y órganos temporales, en los términos que señale la ley respectiva. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros y consejeras electorales. Quien reciba más votos al momento de su elección ocupará su presidencia. Concurrirán, con voz pero sin voto, las personas representantes de los partidos políticos nacionales y una persona titular de la Secretaría Ejecutiva”.
Aclara que las personas titulares de la presidencia y consejeras electorales durarán en su cargo seis años y no podrán ser reelegidas. Serán votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda, mediante el siguiente procedimiento:
