Habitantes del conjunto urbano «Villas del Campo» en Calimaya, Edomex, denunciaron ante la Fiscalía local una posible red de corrupción entre una inmobiliaria, una asociación civil y el Alcalde para cometer presunto fraude y despojo de bienes contra los colonos. La asociación civil dijo no haber sido notificada de dicha denuncia y asegura que solo administra sin fines de lucro.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).– Un video de vigilancia, con fecha de noviembre de 2022, muestra a una grúa llevándose un automóvil rojo. El propietario es un habitante del conjunto urbano «Villas del Campo» a quien una asociación civil relacionada con la inmobiliaria Geo (ahora Parnelli) denunció por un presunto adeudo por más de 100 mil pesos de cuota de mantenimiento por servicios públicos que el Ayuntamiento mexiquense Calimaya tendría que proporcionar. El carro, aclaró la A.C., puede ser recogido en el corralón municipal donde se encuentra.
Vecinos de esta mini ciudad rodeada del Nevado de Toluca presentaron una denuncia desde 2022 ante la Fiscalía estatal (TOL/TOL/AC1/107/084969/22/03) contra los directivos de la asociación civil «Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo» como probable delito de extorsión, despojo (de bienes inmuebles), fraude y usurpación de función pública. Sin embargo, los representantes legales de esta A.C. aseguraron a SinEmbargo nunca haber sido notificados sobre esta denuncia.
En enero de 2007, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México autorizó la construcción del conjunto urbano «Villas del Campo» I con más de 3 mil viviendas, obras que inició la empresa Geo Edificaciones, la cual se declaró en moratoria en 2013 y un juez declaró su quiebra en 2019.
Por ello, de acuerdo con documentos consultados por SinEmbargo, Grupo Parnelli adquirió el proyecto II con áreas verdes y deportivas, y se comprometió a cumplir las obligaciones señaladas en la autorización gubernamental, entre ellas, proporcionar servicios básicos hasta ser absorbidos por el municipio Calimaya tras las actas parciales de entrega-recepción de 2012 y 2022.
Sin embargo, la inmobiliaria traspasó ese acuerdo a la asociación civil denunciada para cobrar cuotas de mantenimiento y así se deslindó de su obligación adquirida, en este caso, brindar gratuitamente agua potable, drenaje, alumbrado público, vigilancia, y recolección de basura.
El 29 de julio de 2009 Geo creó la asociación civil «Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo», dirigida por los vecinos Jhonatan N y Roberto N, de acuerdo con su acta constitutiva. Como el resto de conjuntos urbanos en el Estado de México, se administra por una asociación civil.
En réplica, los representantes legales de la A.C. dijeron a SinEmbargo que «las personas a las que hace referencia la nota periodística, Raymundo González “N”, Julieta Gonzalez “N” y una persona de la cual no se precisa su nombre, son una minoría de tres individuos, entre la comunidad de más 3 mil familias que integran Villas del Campo. Dichas personas presentan adeudos en el pago de sus cuotas de mantenimiento (…) es realmente grave que los tres vecinos difamen a una asociación sin fines de lucro, la cual esta integrada por más de 3 mil familias».
El abogado de la A.C. Fernando Mendoza mostró que dichas personas, Julieta y a quien le embargaron el auto en 2022, firmaron «de forma voluntaria» una carta para adherirse a la asociación civil y las obligaciones de pago, lo cual se encuentra protocolizado ante notario público. La cuota mensual es por 650 pesos para vialidades y 750 pesos para privadas. También precisó que la inmobiliaria no «cedió» sus derechos y obligaciones, pero el proyecto se dividió en dos: Villas del Campo I (Geo) y Villas del Campo II (Parnelli y Asociación Civil).
El abogado e hijo de Julieta González «N», Raymundo González, acusa que la Asociación Civil ha «privatizado los servicios públicos» al cobrar estas cuotas de mantenimiento (jardinería, seguridad, administración) cuando el municipio es quien debería otorgarlos tras el acta de entrega recepción.
Y, a pesar de que el servicio de recolección de basura se empezó a proporcionar hasta 2021 con intermitencias, a los vecinos que no pagan las cuotas de mantenimiento los abogados de la Asociación Civil los demandaron en juzgados del municipio Tenango del Valle por supuestos adeudos de entre 50, 100 y 200 mil pesos y los amenazan con «embargar» sus bienes.
«En el Primer y Tercer Juzgado de Tenango del Valle llevan las demandas con irregularidades, con ilegales emplazamientos y de repente se aparecen a embargar sus bienes, los espantan judicialmente», dijo el habitante de Calimaya, Raymundo González, quien agregó que ya hay denuncias ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía contra los servidores
públicos.
SinEmbargo reportó previamente señalamientos de presunta corrupción dentro del Tercer Juzgado de Tenango del Valle. Un cártel inmobiliario, coludido presuntamente con una casa de reposo en Tultitlán, abogados, jueces del Juzgado Tercero de Tenango del Valle y funcionarios del DIF Tultitlán del Estado de México, así como notarios de la Ciudad de México, secuestraron a José de 78 años, como acusa su familia. Luego lo despojaron de su casa en Lomas Verdes, una de las colonias de clase media alta en el Edomex, y también le robaron documentos de identificación, dinero de cuentas bancarias y todos los muebles.
Los representantes legales de la Asociación Civil aseguraron sobre esas denuncias en los juzgados de Tenango del Valle que: dichos procedimientos derivan de juicios civiles, entablados y dirimidos por autoridades jurisdiccionales y han sido sujetos de revisión y medios de control local y federal, inclusive por Tribunales Federales, todos han coincidido en que a la Asociación le asiste la razón jurídica y por lo tanto se emitieron sentencias definitivas».
Y es que además del embargo del automóvil de un vecino de «Villas del Campo», la madre de Raymundo, Julieta González, también fue demandada en 2021 por un presunto adeudo desde 2009 por cuota de mantenimiento de más de 217 mil 472 pesos. La denuncia (CUA/RVN/VCI/031/254371/23/09) se presentó en dicho Juzgado Tercero Civil de Tenango del Valle.
El emplazamiento (notificar de la denuncia) «se simuló» con José Ramírez Villa, entonces actuario con funciones de notificador del Juzgado y quien ya no labora ahí. Raymundo presentó una denuncia ante la Fiscalía del Edomex por fraude contra ese «notificador» y contra los entonces directivos de la Asociación Civil por cobrar servicios que le correspondía dar a Geo Edificaciones. La investigación no ha mostrado avances en más de un año y la A.C. dice no haber sido notificada.
«La Asociación Civil de Colonos del Conjunto Urbano Villas del Campo sabe perfectamente que no se le debe esa cantidad, ya que los últimos pagos que realizó mi madre a esa Asociación Civil fue en el año 2019 y 2022, y a pesar de eso, la demandan, simulan el emplazamiento con el actuario y le inventan la deuda por más de 200 mil pesos», comentó su hijo Raymundo.
Una habitante del conjunto urbano cuyo esposo está también demandado por presuntos adeudos, requirió a las autoridades municipales que se investigue «el actuar de los integrantes del consejo directivo de la Asociación Civil. Muchos vecinos estamos inconformes por la forma en que actúan y nos tratan. Llevamos más de 12 años sufriendo su abuso», dijo en una rueda de prensa en 2022.
Diversas publicaciones en el Facebook de la Asociación Civil acosan a los vecinos llamándolos «morosos» y se comparten sus nombres con fotografías (anexo), lo cual ya se denunció ante el Ministerio Público de Tenango del Valle para que notificara a la Policía Cibernética, ya que estas publicaciones en redes sociales han incitado a comentarios violentos y amenazantes por parte de los colonos que no están inconformes con el pago de las cuotas de mantenimiento por servicios públicos.
«Abogados de la Asociación le toman fotos a los residentes para exhibirlos. El administrador y el consejo directivo utiliza la red social Facebook para amedrentar, intimidar, discriminar, extorsionar, coaccionar, menospreciar y denigrar a los residentes del conjunto urbano Villas del Campo», dice la denuncia ante el MP presentada desde 2022 acompañada de capturas de pantalla de dichas publicaciones.
El representante legal de la A.C. Fernando Mendoza negó que se publiquen nombres y fotos de los vecinos y «el INAI notificó que no había violación a datos personales».
El Alcalde del Ayuntamiento de Calimaya, el panista Óscar Hernández (2021-2024), se lavó las manos al pedirle a los vecinos arreglar el problema entre ellos. De hecho, el Alcalde Hernández firmó un contrato de comodato con Alex Metta Cohen, representante legal tanto de la inmobiliaria Parnelli como de la Asociación Civil para ceder los bienes públicos donde se construyó el conjunto urbano.
ANEXOS
REPLICA SIN EMBARGO
