El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere objeción alguna sobre su pensamiento, particularmente aquel que materializa en reformas constitucionales que afectan, o afectarán a todos los ciudadanos, y que, por ende, deberían participar de las mismas.

López Obrador encaja perfecto en una de las definiciones que sobre el autoritarismo establece la Real Academia de la Lengua, “que ejerce la autoridad sin admitir ninguna objeción”, y a propósito de la mayoría recién adquirida en el Poder Legislativo, podría entrar en otra, sobre el régimen que “ejerce un poder sin límites ni control”.

En las postrimerías de su gobierno, el tabasqueño quiere irse a hombros de súbditos y no como triunfador de un debate de ideas y pensamientos con especialistas, ya no digamos contrapesos.

En su andar arrastra con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, no le queda de otra, ha hecho suyas las 20 iniciativas de reforma constitucionales que el presidente envió al Congreso de la Unión justo el día de la Constitución, el 5 de febrero de este 2024.

A diferencia de López Obrador, Sheinbaum Pardo, por lo menos, declaró públicamente que iniciaría foros legislativos para la discusión, particularmente, de la reforma judicial. Ya es una ganancia considerando que el todavía presidente no acepta la opinión de otros, y de manera unilateral, envía las iniciativas para su aprobación, no para su discusión.

Hace unos días, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios del País, publicó un documento de 599 páginas, donde especialistas, eruditos, doctores e investigadores, toman cada una de las iniciativas y las analizan con un enfoque técnico, constitucional, jurídico.

En la universidad, cualquiera no solamente la UNAM, debe prevalecer el espíritu de la divulgación del pensamiento crítico, educado, y el fomento a la investigación por parte de estudiantes, profesionales, maestros, doctores, actores políticos y gobernantes. Las Universidades deben ser ese semillero de ideas y estudiosos para que contribuyan no solo a las políticas públicas de un país, sino también al desarrollo de la sociedad en cualquiera de sus sectores, incluido el público. En muchos países las Universidades son verdaderos tanques de pensamiento que aportan el estudio, el análisis y el contexto para la toma de decisiones. Y participan de los fenómenos sociales no solo investigándolos para comprenderlos, sino para aportar soluciones, llevar a la mesa la opinión técnica, antropológica, económica.

El espíritu universitario se basa en el ejercicio de las libertades, en promover ante los estudiantes, cualquiera sea su edad, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, de cátedra, de enseñanza; el ejercicio de un proceso académico con o para un fin social.

No es este año que por primera ocasión el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, a través de sus especialistas y maestros elaboran un documento análisis de propuestas de gobierno, o legislativas, judiciales o acerca de un fenómeno social presente. En la presentación del documento titulado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5,2024)”. Mónica González Contró, la directora del Instituto, lo explica claramente: “Desde 1940, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM ha cumplido con la función de realizar investigación jurídica especializada del más alto nivel. A través de los trabajos de su personal académico ha contribuido de manera decisiva a la creación y consolidación del Estado mexicano, en concreto de las instituciones jurídicas. El IIJ ha participado en los grandes debates de la vida nacional, y se ha caracterizado por su rigor técnico, su profundidad argumentativa y su pluralidad”.

Se trata, pues, de una opinión técnica, pero al presidente… no le gustó. Y propio de él, hizo una de esas exclamaciones que impactan más en sentido negativo de lo que aportan a la vida democrática en un debate de ideas: “¿qué se tienen qué meter?”. Se trata del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por supuesto que deberían meterse, un presidente que dice escuchar al pueblo también debería escuchar a la academia, y no a posteriori, sino para la elaboración de la iniciativa legislativa. Aunque claro, eso en la personalidad de López Obrador, es “someterse” y a él le gusta andar solo, es su pensamiento, su palabra y la de nadie más.

La frase completa que emitió en una de sus conferencias diarias, fue así: “Salen los de la UNAM, claro, con la línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada ¿no?, ya sé, son predecibles, pero yo les diría: ¿qué se tienen qué meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla, todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más a los expertos, pues ya lo sabemos, cómo opinan los expertos”.

¿A quién invitó el presidente para elaborar sus iniciativas?, ¿a cuáles expertos consultó?; es evidente que a la academia no, pues ahora quiere que lo inviten a él, o a otros que piensen como él, porque, sin ver nada, asume que los expertos piensan distinto. Quienes coordinaron los trabajos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, son personas de probada capacidad y competencia, autores de libros, especialistas en la materia, Sergio López Ayllón, Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar y Diego Valadés, aunque la capacidad es algo que al presidente ni le llama la atención ni le concede crédito como sí lo hace con la lisonja que le rodea.

El documento, disponible aquí, con la opinión de los expertos, lo justificó la doctora González Contró, así: “Nuestro país ha avanzado de manera sustantiva hacia la distribución e independencia de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos,

la sujeción al Estado de derecho, la celebración de elecciones libres y el régimen plural de partidos; todos ellos, elementos sustanciales de la democracia representativa, según el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Toda iniciativa de reforma debe tener como fin el fortalecimiento de estos rasgos… Este libro es una herramienta que debe discutirse, analizarse, argumentarse. Es el inicio de lo que debe constituirse como un gran diálogo nacional, que nos lleve a plantear las mejores soluciones que podamos encontrar para los retos de nuestro tiempo”.

Aun así, cuando el documento intenta abonar al debate nacional y la discusión de las ideas, al presidente no le gustó. Y después de su crítica, y de arengan sobre “¿qué se tienen qué meter?”, la UNAM central, la Máxima Casa de Estudios del País que alberga al Instituto de Investigaciones Jurídicas, publicó un deslinde sobre el documento y lo limitó a las expresiones de los autores, lo cual, pues así es, de hecho, cada análisis está firmado por el autor. Lo terrible es que la UNAM acepte que ya nadie se meta a discutir las iniciativas de reformas presidenciales, sean de AMLO, de Sheinbaum o de quien en el 2030 gane las elecciones. A partir de caer en la narrativa presidencial, la UNAM está fallando al espíritu universitario, a una institución que debe promover la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza, la libertad de ser pensante y libre a partir del conocimiento adquirido en la cátedra y el análisis del contexto en el que el País se desenvuelve.

Pero el presidente, a su modo autoritario, quiere que nadie se meta, solo él, su pensamiento, sus ideas; que no sean discutidas ni en los otros Poderes, en el Legislativo donde ya anticipa una mayoría para su provecho más que para el de su sucesora, y el Judicial, el cual pretende cambiar para someterlo al Ejecutivo.

Adela Navarro Bello

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