La Máxima Casa de Estudios en México destacó en su comunicado que cualquier posición oficial de la universidad debe ser claramente diferenciada de las opiniones individuales de sus académicos.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se deslindó oficialmente esta noche del documento titulado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República”, elaborado por un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En un comunicado, la UNAM enfatizó que el documento en cuestión no refleja el posicionamiento institucional ni el sentir de su comunidad, sino únicamente la opinión de los autores del análisis.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó enérgicamente en su tradicional mañanera a un grupo de especialistas de la UNAM –ligado al grupo que lidera Lorenzo Córdova Vianello– por involucrarse en el análisis de las reformas promovidas por su Gobierno, argumentando que tales estudios reflejan una agenda preconcebida y cuestionando la necesidad de su intervención en estos temas. Durante su conferencia matutina, AMLO expresó que el análisis de las reformas debe realizarse en un contexto amplio, invitando a todas las voces y no solo a los expertos, ya que según Primer Mandatario del país, estos tienden a tener opiniones previsibles y alineadas con intereses de un grupo de élite.
“Ahora, ayer, antier, estaba yo leyendo, salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. […] Pues ya ni vi nada, ya sé, son predecibles. Yo les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde se tiene que dar el debate, el análisis para transformarla (reforma judicial), todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos, ya sabemos cómo opinan”, dijo López Obrador en Palacio Nacional.
AMLO se lanza contra la @UNAM_MX
"Los directivos en la UNAM muy conservadores, se derechizó la UNAM", asegura @lopezobrador_. pic.twitter.com/zhsC9467yE
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 17, 2024
AMLO defendió sus reformas argumentando que buscan erradicar la corrupción en el Poder Judicial y promover un verdadero Estado de derecho. Criticó a las élites y grupos de interés que, según él, han capturado tanto al Poder Judicial como a los organismos autónomos, impidiendo que estos trabajen en beneficio del pueblo mexicano. En la visión del Presidente, las reformas propuestas ayudarán a restaurar la justicia y la imparcialidad, mejorando la imagen del país a nivel internacional.
El documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas advertía sobre los riesgos de retroceso en la independencia judicial y la imparcialidad en el acceso a la justicia que podrían resultar de las reformas propuestas. Sin embargo, este análisis ha sido categóricamente desvinculado por la UNAM como institución. La Máxima Casa de Estudios en México destacó en su comunicado que cualquier posición oficial de la universidad debe ser claramente diferenciada de las opiniones individuales de sus académicos.
"De ninguna manera representa un posicionamiento de la UNAM ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural", señaló la Máxima Casa de Estudios en su boletín.
La UNAM informa: pic.twitter.com/KKwLr7kLfN
— UNAM (@UNAM_MX) June 18, 2024
EL ABC DEL PLAN C
¿Cuáles son los cambios más significativos de la propuesta de reforma Constitucional que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero del 2024, relativa a la transformación y rediseño del Poder Judicial de la Federación?
La iniciativa, que ha suscitado polémica, es un documento de 110 páginas que propone una transformación profunda, en la cual el cambio medular es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo de los ciudadanos. Además de la creación de nuevas instituciones que regulen la disciplina y combatan la corrupción en ese poder, cuya función primordial y sumamente delicada es administrar justicia.
La iniciativa presidencial propone reformas constitucionales para modificar de fondo toda la estructura del Poder Judicial de la Federación con el siguiente argumento:
“El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
En la exposición de motivos de la iniciativa que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados se señala que “la paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y en la síntesis de los cambios propuestas por la administración de López Obrador se precisa: “La presente iniciativa tiene por objeto reformar el sistema judicial mexicano e incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguardas y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Jusrticia de la Nación (SCJN), las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público”.
El presidente propone reformas al artículo 94 constitucional para que quede en los siguienter términos: “La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial […] La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes (actualmente son 11), Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno”. Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo doce años (actualmente el periodo es por 15 años).
La reforma propuesta al mismo artículo 94 explica que, “el órgano de administración judicial determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito”.
Más adelante el presidente propone reformas al artículo 96 constitucional, para que se establezca que “las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda”.
¿Qué es lo que cambia? Bueno, actualmente ese artículo 96 de la Constitución General de la República establece que “para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
Y agrega el mismo artículo 96: “En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
— Con información de Pedro Mellado Rodríguez
