Panorama forense guanajuatense

En Guanajuato hay casi 4,200 personas desaparecidas, una cifra que ha crecido imparablemente desde 2018. Los hallazgos de fosas clandestinas de los últimos 4 años han sido centenares, y en muchos casos fueron contextos con decenas de inhumaciones ilegales, fosas comunes y entierros masivos.

Las familias y los colectivos de búsqueda les han llamado “sitios de exterminio” y sus nombres han circulado nacional e internacionalmente, trastocando el entendimiento y la vivencia de la toponimia y la historia guanajuatense.

Barrio de San Juan y Rancho Nuevo en Salvatierra; Cañada de Caracheo en Cortazar; Maravillas y Cuenda en Juventino Rosas; Barretos, Medina y Los Ramírez en León; Cerro del Toro en Acámbaro; Cupuato en Uriangato; El Saúz en Celaya; El Conejo y Santa Fe en Irapuato; El Rehilete en Villagrán; o la más reciente, del mayo pasado, en Los Álamos de Abasolo: estos son solo algunos de los nombres que en los últimos cuatro años han marcado la memoria pública y mediática de Guanajuato y han sustituido el imaginario rural y pueblerino de paz y magia de esta parte del Bajío por una geografía forense del terror y la impunidad.

Además, el “panorama forense” de la entidad incluye unos 850 cuerpos sin identificar en las instalaciones forenses de la fiscalía estatal, a los que debemos agregar los cuerpos de personas fallecidas no identificadas que se encuentran en la fosa común o en gaveta individual de los panteones de los 46 municipios de la entidad. Me refiero a “la excavación dentro de un panteón para enterrar por parte de las autoridades a una persona fallecida que no ha sido identificada o que no se ha entregado a sus familiares”, según la definición que brinda la organización civil CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC).

Planes posibles

Justamente, hace más de un año, las familias, los colectivos y las organizaciones civiles solidarias en la entidad vienen solicitando un plan de prospección, de exhumación y de reordenamiento de la información en estos escenarios de búsqueda, pues existe la posibilidad de que ciertos casos de desapariciones de larga data pudieran aclararse de alguna manera, tras un trabajo de revisión en estos sitios. En mi opinión, esto implicaría un proceso con cuatro fases u objetivos.

Primero, organizar en campo (en las fosas comunes de los panteones) y en las bases de datos, que muchas veces están desfasadas o incompletas, toda la información que tienen la fiscalía y los municipios sobre cuerpos o restos no identificados y no reclamados en panteones municipales.

Segundo, establecer un plan de exhumación de estos, para que cuenten con archivo básico y perfil genético, se cotejen en el banco estatal y nacional de datos forenses y, finalmente, se resguarden en el parque funerario (“panteón forense”) de la fiscalía estatal en Guanajuato capital.

Tercero, dar garantía a las familias y personas afectadas o interesadas de cómo han sido procesados, identificados, o bien, catalogados y de cómo están siendo incluidos y cotejados en bases de datos todos los perfiles genéticos y/u otros archivos e indicios que han sido recolectados por la fiscalía en estos años, tanto desde contextos de hallazgo en campo (fosas y otros sitios) como desde las propias fosas comunes municipales.

Cuarto, avanzar en el completamiento y publicación de los Registros estatales que prevén la Ley General y la Ley de Búsqueda de Guanajuato.

Los cuatro procesos deberían pensarse y realizarse en conjunto con las familias de las víctimas, con grupos acompañantes y con especialistas para garantizar los principios de máxima transparencia y de participación conjunta. Para realizar o impulsar estos avances en materia forense y de identificación existen, en los hechos, varios canales y modalidades no excluyentes entre sí.

Caminos posibles

Por ejemplo, en algunos estados, como Puebla, personas buscadoras, universidades y activistas por los derechos humanos han promovido amparos con el ánimo de que la autoridad judicial obligue a la comisión local de búsqueda y a la fiscalía a colaborar para implementar los registros previstos por la ley que, dicho sea de paso, no existen en Guanajuato y deberían contar, según la ley estatal de búsqueda, con una versión publica y una versión para familiares. Hablo del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, del Registro de Fosas Comunes y Clandestinas, del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No reclamadas y del Banco Estatal de Datos Forenses.

No hay que esperar a que la Federación, que también tiene muchos retrasos y fallas al respecto, los implemente para que los estados lo hagan, sino que es una exigencia ya impostergable para evitar sanciones por la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos y, sobre todo, para no prolongar sufrimientos y agravios burocráticos en contra de quienes tienen un o una familiar desparecida.

Otra vía podría ser firmar convenios con el MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, o crear Centros de Identificación Humana especializados e Institutos autónomos de Ciencias o Servicios forenses, quizás apelando al modelo de Jalisco, sin embargo, no son éstas soluciones de corto plazo, sobre todo en el caso de los institutos estatales de ciencias forenses que, sin embargo, pueden ser interesantes en el mediano plazo, sobre todo si gozan de relativa independencia de las fiscalías.

Además, el MEIF y los Centros de Identificación de la Comisión Nacional de Búsqueda por el momento no representan alternativas muy viables, ya que el primero ha sido debilitado estructuralmente en los últimos dos años y los segundos todavía no se desarrollan adecuadamente.

Otra posibilidad sería recurrir o solicitar alguna intervención en Guanajuato de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que creó en 2020 el Módulo de Fosas Comunes (MFC), “una base de datos en la que se concentra y homologa información que detentan los panteones sobre cuerpos y restos inhumados en fosas comunes”, según su página web. El fin es confrontarla periódicamente con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en busca de posibles positivos o coincidencias que, posteriormente, son sometidos a evaluaciones para determinar una eventual localización de la persona desaparecida y detonar la coordinación con autoridades locales.

Este proceso ha sido suspendido, por el momento, tras la salida de personal y los cambios de la nueva gestión de la Comisión desde finales de 2023, por lo que sólo algunos estados fueron alcanzados por esta labor y Guanajuato no está entre ellos.

Otra posibilidad, de mediano-largo plazo, es impulsar una legislación más de avanzada, como fue en su momento el caso del Estado de Coahuila, por ejemplo, con su Ley y los Planes Estatales de Exhumación. Como no ha habido avances en el Plan Nacional de Exhumaciones de la FGR, resulta aún más urgente formularlos a nivel estatal.

La idea sería adoptar un modelo legal como el de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas de Coahuila, o bien modificaciones y mejoras a la Ley estatal vigente en Guanajuato. En Coahuila la Ley tiene por objeto “reconocer y garantizar el derecho a la plena identificación de todas las personas fallecidas en Coahuila o cuyos restos pudieran encontrarse en el territorio del Estado, y los derechos de las familias de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación forense, notificación y entrega de restos humanos”. Asimismo, debe “contribuir a garantizar el derecho de toda persona a ser efectivamente buscada, así como el derecho a la verdad y el derecho a la memoria”.

Las mesas de coordinación forense previstas en la misma Ley, integradas por colectivos, personas buscadoras e instituciones, ha sido un modelo importante para otros estados y agrupaciones de familiares del país. Así las define el artículo 41: “La Mesa de Coordinación Forense tendrá como objeto la supervisión del funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión de Información, así como del Plan Estatal de Exhumación e Identificación de Casos Previamente Procesados y los planes de exhumación e identificación que se generen de acuerdo a lo señalado por esta Ley y de conformidad con los lineamientos y protocolos aprobados para ello”.

Este antecedente me lleva a plantear otro camino posible para lograr de forma colaborativa entre colectivos de buscadoras, sociedad civil y todas las instituciones involucradas en la materia un acercamiento a un plan de exhumaciones para Guanajuato; a mecanismos formales y periódicos de información y supervisión sobre cuerpos no identificados, procedentes de hallazgos en campo, fosas comunes y clandestinas; y cotejos entre bases de datos para su identificación, mediante calendarización de actividades y seguimiento dentro de mesas de trabajo específicas.

Se podría aprovechar el hecho de que, en Guanajuato, en 2021, 2023 y 2024 han estado funcionando con las autoridades mesas de trabajo de este tipo, aunque no especializadas en temas forenses, y que la propia fiscalía en ocasiones ha recibido positivamente la propuesta de llevar ya sesiones periódicas sólo sobre esta problemática.

De hecho, según la ley local de búsqueda, la Fiscalía Especializada tiene las atribuciones siguientes: “solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas u otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas”. Además, también la Comisión Local de Búsqueda tiene atribuciones en este sentido, pues debe de estar consultando constantemente las bases de datos de panteones, crear los registros y puede realizar prospecciones en estos lugares.

Cifras para aclarar y avanzar

Los cuerpos resguardados en los panteones municipales de Guanajuato eran 825 al 10 de marzo de 2023, según datos de la fiscalía obtenidos por Plataforma Nacional de Transparencia.

En cambio, el panteón forense central de la fiscalía mantenía, en calidad de no identificados, al 18 de septiembre de 2023, 847 cuerpos, mientras que los cuerpos resguardados en el panteón forense en calidad de identificados (pero no reclamados) eran 103, siendo el total de 950 cuerpos.

Menos de un año después, la misma solicitud sobre fosas comunes de panteones municipales arrojó una respuesta muy distinta: había 376 cuerpos al 8 de febrero de 2024.

Por otro lado, una investigación preliminar con los municipios y sus panteones arrojó, al 10 de junio de 2024, la presencia de 733 cuerpos sin identificar, y aún faltan algunos municipios por contabilizarse. Entonces, hay tres datos bastantes distintos según el año y la fuente sobre estos cuerpos no identificados.

Según datos de la propia fiscalía, además, los cuerpos trasladados de municipios (de fosa común) al panteón forense central, hasta el 27 de mayo de 2024, fueron 133.

Si hasta 2023 había 825 cuerpos en fosas comunes municipales, y solo 133 fueron trasladados al panteón forense de la fiscalía, ¿por qué en 2024 sólo son 376 los que la misma fiscalía registra como resguardados en fosas comunes? Deberían ser 692 (o sea, 825 menos 133).

Entre cifras discordantes y la aparición endémica de nuevas fosas y hallazgos, es ya urgente aprovechar los canales de comunicación y los caminos emprendidos en Guanajuato para plantear objetivos, planes y rutas para salir de una situación forense constantemente bajo presión y tensión, debido a los altos índices de violencia que aún se mantienen en la entidad.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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