Por: Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

A poco más de una semana de las elecciones presidenciales y con los cómputos finalizados para la integración del Congreso de la Unión, se abren varias interrogantes sobre la agenda de las designaciones públicas. Una de las principales inquietudes, dada la mayoría calificada^[1] de la alianza ganadora en ambas cámaras, recae en si se aprobará el paquete de iniciativas presentadas el 5 de febrero^[2] por el titular del Ejecutivo Federal en septiembre próximo, último mes de la actual administración, o si la presidenta electa delineará otros tiempos, formas y contenidos al llamado “Plan C”. Vale recordar que estas iniciativas son incluidas tanto en el Plan de gobierno 2024-2030, así como en los “100 pasos para la Transformación” de Claudia Sheinbaum ^[3], y en el Proyecto de Nación 2024-2030–MORENA^[4].

Me centraré en dos de estas propuestas que plantean cambios profundos en la materia que nos ocupa, que son las designaciones públicas. Por un lado, se encuentra la relacionada con la eliminación de varios órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para trasladar sus funciones a varias dependencias del gobierno federal. Por el otro, está la reforma al poder judicial que sugiere, entre otros elementos, la elección por voto popular de las personas juzgadoras (ministras, magistradas y juezas) y altas autoridades electorales.

Desde el Observatorio de Designaciones Públicas, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, hemos señalado los riesgos que vemos de ambos planteamientos. En primer lugar, porque el hecho de que una dependencia del gobierno asuma las funciones del INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, y es regresivo en cuanto a su autonomía e independencia. La desaparición del INAI implicaría la eliminación en cadena de los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, poniendo en riesgo el sistema de transparencia del país y el derecho a saber de la sociedad.

En segundo lugar, porque la propuesta para modificar el mecanismo de elección mediante el voto popular aumenta la politización del proceso de designación, ya que no establece ningún mecanismo de preselección, ni criterios objetivos que aseguren la idoneidad de los perfiles que habrían de proponer los tres poderes de la unión. Esto profundiza la discrecionalidad de la decisión, como sucede actualmente con las ternas que envía el Ejecutivo, y la extiende al involucrar al resto de los poderes de la unión sin establecer ningún control. “Además de que genera mayor incertidumbre sobre la actuación imparcial que deben garantizar las personas juzgadoras al condicionar la justicia al voto y reduce la participación ciudadana [al mero acto de votar].”^[5]

Ante estos elementos, naufraga la expectativa –y también el deseo– de saber cuándo y cómo se llevarán a cabo estas propuestas: si se abrirán a una deliberación pública, plural, seria y honesta que permita tomar en cuenta otras variables, o si será una decisión cerrada que la mayoría legislativa procese sin diálogo, continuando así con una estrategia de debilitamiento institucional y del sistema de controles y contrapesos democráticos. Es decir, ¿cuál será el estilo y sello de este segundo piso de la 4T? Sobre todo, en un contexto donde una de las características emblemáticas de la administración saliente ha sido la omisión en las designaciones públicas^[6].

Sería histórico que este segundo piso de la 4T en materia de designaciones cerrará de tajo la práctica de colocar cuates y cuatas en altas responsabilidades, que construyera una política pública que permitiera tomar estas decisiones en un marco de total apertura, de participación efectiva e idoneidad para acceder a tan relevantes encomiendas, sólo a la altura de la primera presidenta que tendremos en el país.

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

^[1] Al corte del 10 de junio, los cómputos del INE prevén 370 diputaciones de un total de 500 y 82 senadurías de las 128 para la alianza ganadora.

^[2] Disponibles en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/GeneracionReportes/reporteAutomatico5feb.php

^[3] En: https://claudiasheinbaumpardo.mx/wp-content/uploads/2024/03/CSP100.pdf

^[4] Disponible en: https://www.proyectodenacion.mx/_files/ugd/19cb2a_580f26a904754bc48e58da2cc40b79c5.pdf

^[5] En: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/independencia-judicial-designaciones

^[6] Ver nuestro último conteo: https://x.com/designaciones/status/1800217687379112178

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