Los opositores señalaron que el proyecto de Ley era inconstitucional, y dijeron que llevaría a que se produjeran incidentes de perfilación racial y crearía varios millones de dólares en costos adicionales de vigilancia policial que el estado difícilmente puede permitirse.
Por Anita Snow y Jacques Billeaud
PHOENIX (AP).— El Congreso de Arizona, de mayoría republicana, aprobó el martes a una propuesta en la que se solicita a los votantes que conviertan en un delito estatal el ingreso de no ciudadanos al estado a través de México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, enviando la medida a la boleta del 5 de noviembre.
La votación se produjo mientras el Presidente Joe Biden presentó planes para restringir el número de migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al asegurar que “esta acción ayudará a ganar control de nuestra frontera, restaurar el orden en el proceso”.
La propuesta de Arizona, aprobada con 31 votos a favor y 29 en contra en la Cámara de Representantes del estado, permitiría que la policía estatal y local arresten a las personas que cruzan la frontera sin permiso. También facultaría a jueces del estado a ordenar que las personas declaradas culpables por ese delito sean enviadas de regreso a su país de origen.
La propuesta evita a la Gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien había vetado una medida similar a principios de marzo y ha criticado los intentos de llevar el tema a los votantes.
Hobbs arremetió contra la aprobación del proyecto de Ley, diciendo: “Los extremistas en la Asamblea Legislativa han elegido dar prioridad a sus agendas políticas en lugar de encontrar soluciones reales”.
Afirmó que la medida “perjudicará a las empresas de Arizona, enviará empleos fuera del estado, dificultará el trabajo de las fuerzas policiales y reventará el presupuesto del estado. No resguardará nuestra frontera”.
Los representantes republicanos cerraron el acceso a la galería superior del recinto antes del inicio de la sesión del martes, argumentando preocupaciones de seguridad y posibles interrupciones. La medida no tardó en desatar las críticas de los demócratas, quienes exigieron la reapertura de la galería.
Los representantes de la cámara baja votaron en proporción partidista, con los republicanos a favor de la propuesta y los demócratas en contra.
Los defensores del proyecto de Ley dijeron que era necesario para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, y que a los votantes de Arizona se les debería dar la oportunidad de decidir el tema por sí mismos.
“Cuando el Gobierno federal falla, el estado tiene que intervenir”, dijo el representante estatal Timothy Dunn, un republicano que creció en Yuma, Arizona, cerca de la frontera con México.
Los opositores señalaron que el proyecto de Ley era inconstitucional, y dijeron que llevaría a que se produjeran incidentes de perfilación racial y crearía varios millones de dólares en costos adicionales de vigilancia policial que el estado difícilmente puede permitirse.
La representante estatal Analise Ortiz, una demócrata cuya familia ha vivido en Estados Unidos durante generaciones, dijo que de acuerdo con esta la Ley, “mi piel morena podría permitir que un agente de policía me detenga bajo sospecha en el estado en el que nací”.
La propuesta es similar a una Ley de Texas que fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras es impugnada.
Aunque la Ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes hacia Estados Unidos, los defensores de la medida afirman que es necesaria porque el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que las personas crucen irregularmente por la extensa y porosa frontera entre Arizona y México. También señalaron que las personas que entran a Arizona sin autorización cometen usurpación de identidad y se aprovechan de los beneficios públicos.
Los opositores afirman que la propuesta cargaría al estado con nuevos costes a las agencias policiales sin experiencia en Leyes de inmigración, además de perjudicar la reputación de Arizona en el mundo empresarial.
Pero los partidarios han descartado estas preocupaciones, diciendo que los agentes locales aún tendrían que tener una causa probable para detener a personas que ingresen a Arizona entre los puertos de entrada.
Los defensores también aseguran que la medida se enfoca únicamente en la región fronteriza del estado y, a diferencia de una emblemática Ley de inmigración de Arizona en 2010, no apunta a personas en todo el estado. Los opositores destacan que la propuesta no contiene límites geográficos a los lugares en donde se puede aplicar.
La propuesta contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y no están relacionadas directamente con la inmigración. Entre ellas figuran la tipificación como delito punible con hasta 10 años de prisión por la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y el requisito de que algunas agencias gubernamentales utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir prestaciones.
Al advertir sobre los posibles costos jurídicos, los opositores mencionaron la prohibición al contrabando de inmigrantes que estableció el estado en 2005 y que en su momento utilizó el jefe de policía del condado de Maricopa Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullajes de tránsito a gran escala que tenían como objetivo a migrantes. Esto condujo a un veredicto por discriminación racial en 2013, y costos legales y de cumplimiento financiados por los contribuyentes, que ahora suman 265 millones de dólares y se tiene previsto que alcancen los 314 millones de dólares para julio de 2025.
De acuerdo con la propuesta actual, una primera condena por cruzar la frontera sería un delito menor con una sentencia de hasta seis meses de cárcel. Los jueces estatales podrían ordenar a las personas que se envíe a las personas de regreso a sus países de origen después de cumplir un periodo de encarcelamiento, aunque los tribunales tendrían el poder de desestimar casos si los arrestados aceptan volver a su país.
La medida requeriría que el departamento de prisiones del estado ponga bajo custodia a personas que sean acusadas o declaradas culpables si las agencias policiales locales o del condado no tienen espacio suficiente.
La propuesta incluye excepciones para personas a quienes se les ha otorgado estatus de presencia legal o asilo por parte del Gobierno federal.
La disposición que permite los arrestos de quienes cruzan la frontera entre puertos no entraría en vigor hasta que la Ley de Texas o leyes similares en otros estados hayan estado en vigor durante 60 días.
Esta no es la primera vez que los legisladores republicanos en Arizona han intentado penalizar la migración.
Cuando se aprobó su Ley de inmigración de 2010, la Asamblea Legislativa de Arizona sopesó la posibilidad de expandir la Ley de allanamiento del estado para tipificar como delito la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Sin embargo, la redacción sobre allanamiento fue eliminada y reemplazada por un requisito de que, al momento de aplicar otras leyes, los agentes policiales hagan preguntas sobre el estado migratorio de las personas si se cree que están en el país de forma irregular.
El requisito interrogación finalmente fue ratificado por la Corte Suprema a pesar de las preocupaciones de perfilación racial por parte de los detractores, aunque los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la Ley.
