Fabiola Chambi/Latinoamérica21

El narcotráfico en Bolivia se entrelaza a una multiplicidad de factores, desde dinámicas económicas transnacionales, hasta pugnas por el poder. Es predominante en la política actual y un fenómeno con la capacidad de dañar el tejido social y la democracia.

Incautaciones históricas, redadas exitosas, decomisos diarios. El gobierno boliviano es elocuente en su discurso y sus datos sobre la lucha contra las drogas. Pero la reconfiguración del narcotráfico y el avance transnacional pesan más que el optimismo retórico y los récords.

Como tercer país productor de coca en el mundo, luego de Colombia y Perú, Bolivia ha estado en permanente escrutinio internacional, y en el último año además, afrontando una disputa interna del partido oficialista que está tomando como bandera al narcotráfico. Los ataques del expresidente Evo Morales a su sucesor Luis Arce no son simples comentarios a una deficiente gestión, son acusaciones directas sobre supuestos proteccionismos a narcotraficantes que estarían operando en el país.

Expansión del crimen organizado

Según datos oficiales las incautaciones de cocaína en 2023 se incrementaron en un 62% respecto a 2022, lo que puede sugerir eficiencia en los controles, pero también el fortalecimiento de la producción, la corrupción y la violencia. Aunque en Bolivia la tasa de homicidios es menor respecto a los demás países de Latinoamérica, hay algunos hechos concretos que han generado preocupación y mayor debate sobre la política antidrogas en el país.

Las extorsiones y secuestros vinculados a delitos del narcotráfico son más frecuentes y violentos, también la presencia de integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), confirmados por autoridades policiales.

A esto se suma uno de los sucesos más polémicos del 2023 con el narcotraficante uruguayo, Sebastian Marset, que vivió casi un año en Bolivia operando libremente y luego huyó del país, tras un fallido operativo policial. En un caso más reciente, en febrero de este año, la captura del brasileño Máximo da Fonseca, quien desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. El gobierno lo calificó como una “ballena del narcotráfico”.

La realidad es que Bolivia se ha convertido no solo como un país de tránsito, sino también productor y exportador de droga. Su ubicación estratégica, la vulnerabilidad del espacio aéreo, los deficientes controles terrestres, y la demanda de los mercados de Europa y ahora también Asia, la convierten en un corredor atractivo y hasta obligatorio en la región. Por Perú y Bolivia transita la droga, a través de pistas clandestinas,  que luego sale desde Brasil y Paraguay hacia otros mercados.

Luego de la desaceleración por la pandemia del Covid-19, la producción mundial de la cocaína se disparó en un 35% entre 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más importante desde 2016, según el Informe Mundial de la Cocaína 2023, emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Hoy el narcotráfico está sustentado por traficantes hábiles que saben de las viejas mañas y del poder de los vínculos políticos para reforzar el control territorial y las cadenas de suministro. Es innegable que este lucrativo negocio se ha modernizado con una estructura transnacional más efectiva en rutas y tecnología y también porque hay grupos pequeños y medianos con la capacidad de moverse sin necesidad de pertenecer a los grandes cárteles. Mientras la ilegalidad avanza a un paso acelerado, la institucionalidad salpicada por la corrupción, queda en entredicho.

En el Informe de Riesgo Político América Latina 2024, el ranking de los principales riesgos para este año está liderado por la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. En Bolivia la falta de institucionalidad, independencia de poderes e impunidad se han puesto de manifiesto. Una prueba de esto es que al menos una treintena de  policías se han visto implicados en narcotráfico entre el 2022 y 2023, muchos de ellos con procesos penales que no terminan en sanciones e incluso posibilitando su retorno a las filas de la institución. Aun ante los hechos, se mantiene el discurso gubernamental negacionista: el narcotráfico no ha penetrado al Estado.

¿Una lucha conjunta?

El uso tradicional y medicinal de la hoja de coca está contemplado en la Constitución boliviana desde 2009 y actualmente la superficie legal de cultivos es de 22.000 hectáreas. Pero el debate siempre ha estado abierto respecto a la cantidad de producción que se desvía al narcotráfico.

La cifras que valida el gobierno son las que maneja con su propia metodología y contradicen a las presentadas por la Unodc que observa un incremento del 4%, de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.

La lucha antidrogas en Bolivia se asumió bajo el concepto de soberanía y no intervencionismo en los 18 años de gestión que lleva el Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la consigna de que ha sido exitosa. En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) acusándola de financiar un “golpe de Estado fallido” y no se volvió a considerar la posibilidad de este acompañamiento.

Sin embargo la reconfiguración del narcotráfico obliga a que la lucha contra las drogas tenga un carácter más integracionista y transnacional, es decir, con acuerdos multidisciplinarios y acciones coordinadas entre países. Si bien el gobierno boliviano ha mostrado su apertura a la cooperación, resulta hasta cierto punto contradictorio cuando aún prevalece el negacionismo sobre la capacidad de producción y exportación de droga desde el país y el rechazo a los cuestionamientos de organismos internacionales que piden mayores esfuerzos en la estrategia antinarcóticos.

Se plantean entonces interrogantes sobre el verdadero compromiso de Bolivia. ¿Es prioridad del gobierno la lucha contra las drogas?¿Tiene la capacidad de enfrentar al crimen organizado? ¿Puede mostrarse fiable ante la comunidad internacional?

Narcotráfico y poder

Las disputas internas cada vez más radicales del MAS, dividido en dos facciones, la del presidente Luis Arce y la de su predecesor Evo Morales buscan deslegitimar las acciones contra el narcotráfico realizadas en cada gestión, en un juego de poder que tiene en la mira las elecciones generales de 2025.

Las partes conocen bien los puntos débiles, pero también la forma de evadir o minimizar las acusaciones, al final es el mismo oficialismo en un ambiente que ensombrece lo que podría ser una verdadera política antidroga.  En medio de la confrontación, queda un país cada vez más envuelto en la violencia y la expansión del narcotráfico. ¿Cómo puede un Estado, con democracia debilitada, hacer frente a este flagelo?

Latinoamérica 21

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