“El presidente viola todos los días la ley, interviniendo ilegalmente en cosas que le prohibe la ley, en favor de su partido. Aquí hay una presión ilegal e invisible contra el INE y contra el Tribunal”, dijo Aguilar Camín el 15 de abril pasado por televisión abierta. Ya no atendí a lo demás que dijo porque lo de la presión “invisible” me dejó abismado. ¿Qué será una presión que no puede verse? ¿Cómo la del aire en una llanta o más parecida a la fuerza de gravedad que nos mantiene con los pies en la tierra? ¿A qué se refería el “interlocutor de Alito”, como lo llamó su colega, Jorge Castañeda? ¿A algo como el “influjo psíquico” por el que un tribunal de Ecuador acusó a su ex presidente, Rafael Correa?

Después, escuché que más dijo Aguilar Camín esa noche de televisión. Dijo: “Hay una evidente carga de todos los programas sociales que son del gobierno, que los paga Hacienda. Hay una privatización en servicio de Morena que es un interés privado, público, pero particular”. Aquí el interlocutor de Alito se hizo bolas entre público, privado y particular. El conductor del programa de tele salió al quite para avivar la súbita pérdida del hilo de su entrevistado: “Tomando en cuenta la feria de dinero que se repartió en estos meses sobre todo del partido gobernante y tomando en cuenta la participación ilegal del Presidente, que a mi siempre me ha chocado eso, pero es ilegal, yo sí creo que la cancha está dispareja”. Luego, simplemente reforzó la idea: “Si se están dando las condiciones, en el caso de que pierda la oposición, que la oposición diga esta no fue una elección justa, fue una elección inequitativa, por tanto hay que anularla”. Remató tiempo después, Aguilar Camín: “Un gran abogado te construye un caso hacia la nulidad de la elección”.

Un mes más tarde, el equipo de campaña del PRIAN, incluyendo a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, fueron al Tribunal Electoral a sustanciar una posible anulación de la elección. Como siempre, Gálvez dijo cosas contradictorias, tan acostumbrada a mentir dependiendo de su auditorio. Dijo: “La injerencia presidencial tendrá que evaluarse al calificar la elección. El piso está disparejo”. Pero, en otro momento, de la misma conferencia de prensa, también dijo: “La anulación no se puso en la mesa como escenario”. Luego, fiel a su apocamiento retórico, en el que da igual si es del PRI o ciudadana, sostuvo, al mismo tiempo, que Las Mañaneras de López Obrador la perjudican y la favorecen. De verdad. Dijo las dos cosas:“El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que son falsos. Primero diciendo que yo iba a quitar los programas sociales, lo que es falso. Luego aduciendo problemas de corrupción que nunca han existido y en todo eso el presidente incide, se mete en la elección a favor de su candidata abiertamente. La misma injerencia presidencial la que ha generado que crezcan sus preferencias pues la gente ya se dio cuenta que hay un abuso de poder que está intentando imponer a su candidata”. Entonces, tenemos al PRIAN denunciando la famosa inequidad que ya enunciaba Aguilar Camín y su anfitrión en la tele pero tenemos a su candidata diciendo que esa misma disparidad le favorece y le perjudica, al mismo tiempo. Por lo tanto, no toda inequidad es mala para la oposición de la derecha.

Me detengo un momento en este punto. Uno de las fábulas creadas por la oposición sobre la elección presidencial es la idea de que López Obrador y sus programas sociales deberían de desaparecer mientras estén las campañas electorales. Eso ---dicen--- sería “equitativo”. Por eso, supongo, Aguilar Camín utiliza el término tan desafortunado de “presión invisible” para describir a Las Mañaneras. Por eso, supongo, también Xóchitl Gálvez se refirió en su reunión con el Tribunal cuando dijo: “el INE ha dictado al mandatario 51 medidas cautelares, de ellas 17 están en firme y el presidente sigue reincidiendo, pues, apuntó, decidió no cancelar las conferencias mañaneras, mientras que el Tribunal Electoral no se lo ordenó. Ellos (el INE y el Tribunal) argumentan que emitieron medidas cautelares, pero, debido a que la ley no establece sanciones a los funcionarios públicos que violen estas, López Obrador sigue reincidiendo”. El asunto es, pues, que se eliminen las conferencias de prensa donde el Presidente informa de los avances en obras, se presentan denuncias, y se dan cuestionamientos. Si Andrés Manuel no habla, la contienda electoral se hace instantáneamente equitativa. Lo sostiene alguien, como Aguilar Camín, que ha confesado públicamente no haber visto nunca una Mañanera en su vida. Está en contra de algo que nisiquera conoce, él, que también acusa al obradorismo de querer “destruir lo que no conoce”.

Ellos no estuvieron en las batallas que dimos muchos ciudadanos para que Fox no influyera en la elección que terminó en fraude en el 2006. No es que Fox hablara de sus logros, que no tuvo, ni bien de Felipe Calderón, el enviado de su partido, sino de que no hiciera el fraude que hizo. Fox organizó a su propio gabinete con los gobernadores de los estados para que, en complicidad con Elba Esther Gordillo y el sindcato de maestros, rellenaran urnas con el número justo de votos para que Calderón ganara. A eso nos referíamos cuando decimos “inequidad” y piso disparejo. No a que el Presidente hablara en conferencia de prensa. Al final, ni siquiera les alcanzó ese fraude y tuvieron que implementar el cibernético que acabó dando una ventaja del 0.57 al usurpador de Acción Nacional. Y digo que ellos, Aguilar Camín y el conductor de tele, no estuvieron con nosotros en esas batallas, porque públicamente firmaron a favor del fraude de 2006. El 3 de agosto de 2006 aparecieron sus firmas en un manifiesto que validaba el fraude electoral y que dice: “No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude. Nuestras instituciones electorales son un patrimonio público que nadie debe lesionar”. Con ese manifiesto, desviaron la atención de la verdadera “inequidad” que nosotros denunciamos en otro desplejgado, coordinado por Carlos Monsiváis, en el que pedimos el recuento voto por voto y casilla por casilla. Lo que desviaron los entendados de Aguilar Camín fue decir que no había fraude porque decirlo era insultar a los pobres ciudadabnos que contaban votos en las mesas de casilla. Nunca dijimos que ese fuera el problema, sino el uso del poder presidencial de Fox para meter más votos en ciertas secciones que controlaba el sindicato de maestros de Gordillo. Desde ese entonces se nos quiso convencer de que si cuestionábamos a las instituciones electorales, estábamos contra la democracia y que pretendíamos “destruir lo que se ha avanzado”. La garantía de la elección era el pobre escrutador que se había desvelado contando votos. Pero nosotros estábamos hablando de una operación orquestada desde la Presidencia de Fox para variar los resultados de la soberanía popular e imponer a Calderón.

Pero vayamos ahora al otro punto de la “inequidad” de la contienda presidencial: los programas sociales. En un número de la revista de Aguilar Camín, María Amparo Casar, sí, la que cobra una pensión en Pemex a la que no tuvo nunca derecho y pretende que se la sigamos pagando hasta el año 2999, esa misma escribió contra las programas sociales. Su idea es que, para que no pudieran afectar el resultado electoral, los beneficiarios tendrían que creer, que los programas sociales no que son una propuesta y un  proyecto de transformación de la 4T, sino algo que sale de la nada, del aire, cae del cielo o crece en los árboles, de tal manera que no tuviera relación alguna ni con López Obrador ni el obradorismo. Así lo dice: “El clientelismo, práctica política ancestral, no es más que el intercambio de votos y apoyos de un sector de la población a cambio de diferentes bienes por parte de un “patrón”, “jefe” o “capo político”: permanencia en el trabajo, avance en sus carreras o salarios, transferencias en efectivo o ciertos servicios. Esto, bajo la amenaza de que, si el intercambio no se cumple, los beneficios desparecerán”. Como los programas sociales son universales, es decir, que los cobran como derecho hasta las viejitas que van a los mítines de Claudio X. González vestudas de rosa, entonces Amparo Casar tiene que argumentar que existe alguna coerción para el intercambio entre votos y apoyos sociales. Y la presión invisible la encuentra en que la gente cree que es gracias al obradorismo, cuando, de hecho, lo es. Y esa coerción también la encuentra en que Xóchitl Gálvez ha sostenido una y otra vez que los programas deben ser temporales porque desincentivan el esfuerzo y la iniciativa para trabajar. Desaparecerían, auténticamente, los programas sociales con Xóchitl. De eso no hay duda. Pero esa amenaza la toma Casar como si fuera del Presidente López Obrador y no de los que sistemáticamente ha sostenido su propia candidata del PRIAN. No hay tal intercambio de apoyos por votos, ni hay forma de coaccionar a la gente para que no reconozca que el obradorismo es el autor de los programas sociales. Son derechos y, como tales, se pueden reclamar, aunque votes por Gálvez. En eso consiste la universalidad de los derechos, algo que Casar cree que sólo existe para ella y su pensionaria mente.

Toda elección es inequitativa porque siempre va a existir un partido en el poder y otros en la oposición. El que tiene el poder, tiene logros que puede presumirle a los ciudadanos. Pero no siempre. Si el partido en el gobierno siempre tuviera la sartén por el mango, el PRI jamás habría perdido contra Fox o López Obrador no hubiera ganado contra Meade y Anaya. Lo que sucede en México es que siempre se ha necesitado de una cascada inaudita de votos para que el fraude electoral no se haga presente. No es que el INE o el Tribunal garanticen de que no haya fraude, sino que los ciudadanos aseguran la democracia con millones de votos. De eso estamos hablando cuando miramos las encuestas y Claudia Sheinbaum va veinte puntos arriba que el PRIAN. Hay un aprendizaje de la gente: hay que salir a votar en masa y por un mismo partido, de otra forma, puede resultar el fraude electoral.

Ahora quiero señalar una más de las miserables contradicciones de la oposición. Y es el cambio de opinión que tuvieron los abajofirmantes cuando la elección por fraude de Carlos Salinas de Gortari y ahora, que les enerva López Obrador. el argumento de estos mismos opinadores de televisión fue que, si bien la legitimidad ---la justeza del poder--- no estaba en su origen, porque, en el mejor de los casos “no se sabía quién había ganado”, sí existía una legitimidad en el ejercicio del poder, es decir, que Salinas de Gortari se iría “legitimando” con sus políticas, como el clientelar Programa Solidaridad, aunque detentara el poder usurpado a la soberanía popular. Estaba bien que Salinas se fueran “legitimando” desde una silla presidencial robada, pero Andrés Manuel, cuya legitimidad fue respaldada por más de la mitad de los votos, no puede establecer una autoridad basada en sus políticas públicas y programas sociales. De ahí se sigue la actual retórica opositora de que los derechos sociales universales “compran votos”. O la otra, tan en boga en 2019, de que un exceso de democracia destruye la democracia “desde adentro”. De ahí se sigue a la escandalosa “elección de Estado” que la oposición ha retomado de cuando el PRI gobernaba y no bregaba para levantar a su candidata titubeante y contradictoria, Xóchitl Gálvez. Por ejemplo, llamaron “elección de Estado” a la del estado de México donde triunfó Delfina Gómez, sin atinar a notar su propia contradicción: que la maestra Delfina ya había ganado en 2017, cuando Morena no tenía la presidencia de la República. Pero no importa. Debajo de su contradicción existe un principio que no se ha alterado desde 1988: los opinadores no creen en el acto de votar como constitutivo de la legitimidad popular. Son completamente ciegos a la existencia de un movimiento popular que se apropió de las elecciones para dotar, no de adjetivos a la democracia mexicana, sino de un contenido de justicia social. “¿Cuánta pobreza soporta una democracia?”, se preguntó Carlos Fuentes en 1992. Lo que no sabía es que lo pobres se convertirían en ciudadanos altamente politizados.

Del “vámonos legitimando” del Salinismo, al “haiga sido como haiga sido” del Calderonato, los opinadores han pensando que la legitimidad de origen no es el voto sino el procedimiento de la elección: tantas casillas instaladas, actas computadas, resultados. No importa que no coincidan con la voluntad popular. Fue un concepto formalista que, en el fondo, albergó la posibilidad del fraude electoral. En las posturas de los opinadores, tanto en 1988 como en 2006, el tema no era la democracia sino la estabilidad post-electoral, es decir, administrar, “gestionar” la insatisfacción, la indignación moral, y la ira colectivas. Ahora, con las intenciones de voto prácticamente decididas en proporciones que van del 2 o 3 a 1, los mismos opinadores hablan de “elección de Estado” y, ahora sí, por primera vez de “fraude” y “anulación”.

Por último, el PRIAN le presentó al Tribunal Electoral un “mapa de riesgo” de los distritos en que ellos sienten que puede haber violencia el día de las elecciones. Lo primero que me sorprendió es que incluyeron a la CDMX, el territorio donde su candidato, el mafioso del Cartel Inmolbilario, tiene como jefe de seguridad al Jefe Goliat, Barrientos, acusado de trata de mujeres y secuestro. El mismo terriotorio donde el PRI tiene a la huestes de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en prisión por tráfico sexual. El mismo territorio donde el propio candidato del PRIAN ha pactado con el Sindicato Libertad, cuyo lider de las pipas de agua, Hugo Bello, está en la cárcel por cobrar “derecho de piso” y extorsionar a los comerciantes de la capital. Entonces, me pregunto si ese “mapa de riesgo” es un aviso de las porquerías que hará el PRIAN el día de la elección para anular el 30% de las casillas y con ello declarar nula la elección presidencial. Me lo sigo preguntando.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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