Una de las primeras derrotas de la lucha de la diversidad sexual en Argentina fue para la Ley de cupo laboral trans de 2021, que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del uno por ciento de personas travestis, transexuales y no binarias para fomentar su inclusión. Unas 105 personas de este colectivo perdieron su trabajo como funcionarias en los últimos tres meses.
Por Débora Rey
BUENOS AIRES (AP).— Luana Salva no había cumplido ni un año en el primer trabajo formal en toda su vida, como empleada de la Cancillería de Argentina, cuando un telegrama le avisó que sería parte de los miles de trabajadores estatales despedidos por el plan de ajuste del Presidente ultraderechista Javier Milei.
Desocupada, confiesa que podría volver a prostituirse. Las propuestas de trabajo formal y bien remunerado para una mujer trans de 43 años son escasas, y más en el contexto de profunda crisis en el que la economía nacional continúa sumergida.
Argentina, un país que ha caminado en la vanguardia de América Latina en derechos para las minorías sexuales en la última década, está gobernado desde diciembre por un Presidente que critica abiertamente el feminismo y rechaza las políticas de igualdad y no discriminación. Aunque no ha habido regresiones de calado en esos avances durante sus primeros meses de Gobierno, los colectivos feministas y LGTBI+ ven en los pronunciamientos, advertencias y primeras medidas de Milei una amenaza de retroceso en los derechos ya conquistados.
Y una de las primeras derrotas fue para la Ley de cupo laboral trans de 2021, que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del uno por ciento de personas travestis, transexuales y no binarias para fomentar su inclusión.
Si bien la norma estaba estancada sin haber cumplido totalmente sus metas por falta de recursos antes de la llegada al poder de Milei, ahora no sólo quedó aparcada en un rincón, sino que algunas de las contrataciones realizadas han sido liquidadas.
Unas 105 personas de este colectivo perdieron su trabajo como funcionarias en los últimos tres meses, según la Asociación de Trabajadores del Estado. Son pocas en un universo de 15 mil empleos públicos eliminados, pero para un grupo que, de forma crónica, ha visto la incorporación al mercado laboral como un imposible, cada despido es un retroceso vital.
“A nosotras la única opción que nos queda es la prostitución. No quiero, voy a cumplir 44 años y no me veo parada en una esquina, tomando frío, pasando violencia. Pensaba que se había terminado para mí”, se lamentó Salva, quien cumplía tareas administrativas desde julio del año pasado.
Esos despidos operaron en la comunidad trans como una confirmación de los temores que despertó la llegada del ultraliberal al poder por sus posturas antifeministas y contra la inclusión. El Gobierno ha justificado el recorte de puestos de trabajo en una estrategia para equilibrar las cuentas fiscales, en un país con una inflación interanual de casi 288 por ciento en marzo y una pobreza que supera el 40 por ciento.
“El cupo para mí era la posibilidad de cambiar mi vida”, recalcó Salva en una entrevista en la biblioteca de la asociación civil Mocha Cellis, considerada la primera escuela trans-travesti del mundo. “Yo venía de un contexto de prostitución desde los 13 hasta los 39 años. Pensaba que no había más esperanza”.
Aunque el cupo del uno por ciento nunca se cumplió del todo, de acuerdo con cifras oficiales hubo 955 contrataciones de las cinco mil 551 que debían ocuparse en la Administración pública nacional por esta comunidad. Y esto repercutió rápidamente en un descenso sostenido del trabajo sexual como sostén económico a partir de la implementación de políticas públicas a favor de ese segmento de la población, según un informe publicado por el Ministerio Público de Buenos Aires en conjunto con organizaciones que trabajan en la temática en 2023.
Mientras en los años previos, el 90 por ciento de mujeres trans y travestis manifestó vivir de la prostitución, el porcentaje descendió al 70,4 por ciento en 2016 y a 56,1 por ciento en 2022.
Los salarios promedian el equivalente a los 380 dólares mensuales.
Para los que ingresaron al Estado fue una reparación en nombre de una comunidad históricamente excluida del mercado laboral y del sistema de salud y expuesta a una violencia que ubica a las mujeres trans a la cabeza de las víctimas por crímenes de odio en Argentina. La expectativa de vida de la población trans promedia de 35 a 40 años, según el mismo estudio oficial.
“Somos un número, una minoría como siempre excluida. No creo que (Milei) sienta empatía por nada. Es un Gobierno que no tiene conciencia de lo que se construyó para que nosotras nos sintamos incluidas, con perspectiva de género”, cuestionó Salva.
Alba Rueda, activista trans de la organización social Mujeres Trans Argentina y designada primera subsecretaria de políticas de diversidad a nivel nacional durante el anterior Gobierno de centroizquierda de Alberto Fernández (2019-2023), cuestionó que ultraliberales como Milei justifiquen los despidos con “una argumentación económica" cuando "no es en esos términos que se valoran los derechos de las personas”.
Al ser consultado sobre el impacto en el colectivo LGTBI+ del recorte de empleos públicos, el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, comentó que “los cupos no tienen mucho sentido". Y subrayó: "Nosotros vamos a trabajar siempre hasta el último día porque cada lugar esté ocupado por el mejor, el más capaz y el que más cualidades tiene. Sea un hombre, sea una mujer, sea un travesti o sea cualquier otra definición”.
Pero activistas LGBTQ rechazan que los despidos sean justificados como parte de la políticas económicas de austeridad.
“El mercado no resuelve esta desigualdad, jamás la resolvió. Todos los estudios sociales sobre población trans demuestran que tasa de desempleo es mayor a 90 por ciento. El Estado tiene que proteger sus derechos más básicos. El cupo fue una respuesta a ese contexto de desigualdad”, remarcó Rueda.
La Ley obligaba además a que si uno de los empleados que accedió al cupo laboral era cesado en el cargo, debía ser reemplazado en el puesto por otra persona trans. Esto no ha ocurrido hasta ahora.
“Lo triste es que se está desprestigiando la posición de Argentina en lo que hemos logrado. Lamentablemente, estamos en un retroceso”, acotó la exsubsecretaria de políticas de diversidad.
El país fue el primero de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2010, y dos años después, se puso a la vanguardia a nivel mundial con una Ley que reconoce el derecho a la identidad de género como derecho humano.
Pero desde la llegada a la Presidencia de Milei, el mandatario ha tomado medidas en la dirección contraria. Degradó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría, prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), eliminó la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles y canceló programas de capacitación con perspectiva de género.
El mandatario dijo en reiteradas oportunidades que está en contra del aborto, legalizado en 2020. Una Diputada de su partido presentó recientemente un proyecto para su derogación, aunque todavía no ha sido debatida siquiera en comisión parlamentaria.
Milei considera al feminismo “una ideología de género”, en la misma línea que otros líderes de ultraderecha como Jair Bolsonaro en Brasil o Santiago Abascal, referente de Vox en España.
“En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad”, afirmó el Presidente argentino es una reciente exposición en el foro económico de Davos.
La expresidenta de centro-izquierda Cristina Fernández (2007-2015), bajo cuya gestión se sancionaron muchas de las leyes a favor de las minorías sexuales, criticó esta dirección en un pronunciamiento reciente. “Es una pena que haya ese concepto supremacista, masculino, de características medievales. Sobre todo de parte de gente que se quiere arrogar la modernidad. Y la verdad son más antiguos que la ventosa”, reprochó.
Los colectivos afectados han alzado la voz en las calles contra la posición del nuevo Gobierno.
“Esto lo obtuvimos gracias a muchos luchadores que dejaron la vida por esta causa. Están queriendo hacer creer que estos derechos están mal. Es una locura”, manifestó Ariel Heredia, de 36 años y que se identifica como una persona de la comunidad no binaria, en una reciente protesta convocada por el sindicato de empleados estatales en Buenos Aires. Ariel sufrió un despido de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la jefatura de gabinete de ministros.
Sin trabajo, Heredia perdió la cobertura médica para acceder a la medicación para el VIH que necesita.
La Federación Argentina LGBT impulsó una acción de amparo colectivo en la justicia para frenar lo que calificó como “una embestida sin precedentes hacia la comunidad trans”. Otras organizaciones están preparando presentaciones ante organismos internacionales.
“Hay un foco puesto ahí. Muchas de estas personas trabajaban en oficinas de género de reparticiones públicas que fueron desmanteladas”, apuntó Clarisa Gambera, responsable del Departamento de Género de ATE. “Hay organismos donde se dice abiertamente que hay que limpiar de ‘travas’ [adjetivo peyorativo para referirse a travestis] la administración pública”.
Heredia lamenta ahora tener que “disfrazarme de varón cis” —aquel que se identifica con los roles del estereotipo masculino— para buscar empleo. “Porque soy persona no binaria para mí es una contradicción, pero también debo aggiornarme (adaptarme) al sistema. O morirme de hambre. Es así lamentablemente”.
