La impunidad es es un problema gravísimo en México, pero no podrá ponérsele freno mientras los delincuentes salgan con impresionante facilidad de las cárceles, en muchos casos sin siquiera ser sometidos a proceso; mientras que miles de inocentes permanecen tras las rejas, porque no cuentan con recursos e influencias para seducir a la justicia.
Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este jueves 2 de mayo del 2024 que el Poder Judicial tiene que cooperar en la pacificación del país, pues no puede lavarse las manos ante el grave problema de la inseguridad.
Las controvertidas resoluciones que emiten jueces, magistrados y ministros, bajo sospecha de corrupción y de complicidad con el crimen organizado, profundizan el clima de impunidad que históricamente ha dañado a la sociedad.
La premisa de que en México la justicia tiene precio y que por lo tanto no está al alcance de los pobres, hace imperativa la necesidad de que en el próximo gobierno se promuevan profundas reformas para fortalecer la seguridad preventiva; la procuración de justicia y la investigación de los delitos; así como una administración de justicia pronta y expedita, en manos de juzgadores honrados y valientes.
La impunidad es un problema gravísimo en México, pero no podrá ponérsele freno mientras los delincuentes salgan con impresionante facilidad de las cárceles, en muchos casos sin siquiera ser sometidos a proceso; mientras que miles de inocentes permanecen tras las rejas, porque no cuentan con recursos e influencias para seducir a la justicia.
El estudio denominado “Percepciones de impunidad 2023”, elaborado por la consultora Impunidad Cero, advierte que en México la impunidad es un problema estructural. Más del 90 por ciento de los delitos que se cometen no son denunciados por la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades de procuración y administración de justicia.
Esto se suma a la baja capacidad de las instituciones para investigar delitos y perseguir delincuentes, lo que deriva en que, la posibilidad de que un delito sea esclarecido es de apenas del 1 por ciento, advierte la organización Impunidad Cero, en su reporte publicado en junio del 2023. Sintetiza: desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, el 18 de junio del 2016, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria.
Además de la alta percepción de impunidad, persiste una sensación generalizada sobre cómo la presión mediática ayuda en el esclarecimiento de los delitos. Esta percepción puede contribuir a la no denuncia, puesto que si las personas consideran que sus casos no se resolverán en tanto tengan alguna cobertura mediática, es menos probable que denuncien los delitos de los que son víctimas. En este sentido, en todos los años considerados de 2019 a 2022, la mayoría de las personas entrevistadas declaró estar algo o totalmente de acuerdo con que la presión mediática y política influye en el esclarecimiento de los delitos. Sólo alrededor del 17% está algo o muy en desacuerdo con esta aseveración en todos los años considerados.
La gran mayoría de las personas entrevistadas ven a la prisión como sinónimo de justicia. Es decir, persiste una perspectiva punitivista respecto al sistema de justicia, y esta visión se ha intensificado en los últimos años. En 2022, el 86% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con que todos los delitos se deben sancionar con cárcel. El porcentaje de personas que están muy de acuerdo con esta aseveración aumentó 7 puntos porcentuales respecto al levantamiento anterior y 13 puntos porcentuales respecto al 2019. En 2022, solo 13% consideró estar algo o muy en desacuerdo con esta aseveración.
La encuesta también muestra que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con el uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa. En 2022, el 76 por ciento de las personas entrevistadas dijo estar algo o totalmente de acuerdo con que todas las personas acusadas de un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron, mientras que únicamente 22 por ciento declaró estar algo o muy en desacuerdo con esta medida. Esta percepción se ha incrementado en cada levantamiento de la encuesta.
Lo anterior es preocupante –considera la organización Impunidad Cero- debido a la prevalencia de la prisión preventiva entre las personas imputadas. Para finales del 2022, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encontraban en espera de una sentencia. Esto a pesar de que se ha demostrado que el uso de la prisión preventiva de forma injustificada no es una medida efectiva para disminuir la impunidad. Un ejemplo de ello es el homicidio doloso ya que, a pesar de que se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa desde el 2008, las víctimas registradas aumentaron 73 por ciento de 2015 a 2022, mientras que la impunidad acumulada para este delito es de 93 por ciento.
Respecto a las opiniones ciudadanas sobre cuáles son las principales causas de la impunidad, las personas entrevistadas logran identificar retos en todas las etapas del proceso penal. El 13 por ciento considera que la principal causa es que las autoridades están coludidas con los delincuentes, 11 por ciento que los jueces liberan a los delincuentes, 10 por ciento que la ciudadanía no confía en las instituciones, 10 por ciento que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 9 por ciento que los policías no detienen a los delincuentes y el 31 por ciento restante considera que todas las anteriores son causas de la impunidad. Únicamente 5 por ciento considera que la falta de recursos presupuestales de las instituciones es la principal causa de la impunidad.
Casi 8 de cada 10 personas entrevistadas está a favor de mantener a las fuerzas armadas en las calles para combatir la inseguridad. Estas opiniones sobre la militarización se relacionan con las preocupaciones sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país, en las que se ve a las Fuerzas Armadas mejor preparadas para resolver este problema, concluye el diagnóstico de Impunidad Cero. El equipo de la candidata Claudia Sheinbaum tendrá que analizar con mucho cuidado y detalle, las características de una reforma en procuración y administración de justicia, que verdaderamente resuelva los problemas de inseguridad e impunidad en favor de las mayorías, de los más pobres y desprotegidos.
