El domingo pasado le tocó a la candidata Claudia Sheinbaum, pero no sólo en Chiapas, en muchos lugares de México son frecuentes los retenes de encapuchados colocados con motivos diversos, que detienen a quienes transitan por los caminos tomados por particulares. Los que en Motozintla pararon a la candidata de Morena se presentaron como una suerte de vigilantes, de autodefensas que actúan para defender su pueblo de los del pueblo de enfrente, pero bien podría tratarse, como afirman personas en quienes confío y que conocen la zona porque trabajan ahí desde hace muchos años en labores de investigación científica, de bandidos vinculados al tráfico de drogas que controlan territorios y están en competencia con otras bandas de bandidos no sólo por las rutas de tráfico, sino también para establecer sistemas privados de exacción.

El gesto de la candidata, que tomó el incidente con una normalidad pasmosa, es reflejo del grado de normalización que la privatización de la violencia tiene ya en México. Se alcanza a oír en el video que ha circulado profusamente que Sheinbaum les dice “sí, está bien” o algo parecido y le extiende la mano a uno de los asaltantes, pues no son otra cosa quienes de manera privada se hacen con el control de una carretera federal. El vocero del grupo insiste en que no están en contra del Gobierno, que sólo están cuidando a su pueblo.

Se trató de un hecho inaudito que causaría gran alarma y escándalo en cualquier país donde el Estado tenga capacidad de imponer el orden jurídico como base de la convivencia social, pero en México una de las dos candidatas con posibilidades de triunfo reacciona como si se tratara de un incidente menor, pero lo que resulta todavía más alarmante es que ni su principal contrincante, ni el tercero en discordia le han dado la menor importancia al incidente, por llamarlo de alguna manera.

Lo ocurrido en Motozintla es sólo una pequeña muestra, aunque de la mayor gravedad por tratarse de una candidata a la Presidencia, de la descomposición del Estado mexicano, incapaz de controlar los caminos y de garantizar la convivencia entre los pueblos de una región, como dicen los encapuchados de esta historia, ni de evitar que, como en el siglo XIX, las bandas de bandidos aterroricen a la población y capturen importantes tajadas de rentas de las actividades productivas, con efectos negativos sobre las economías regionales. Ahí donde hay un cultivo rentable, una explotación que genera riqueza o un comercio floreciente aparece un grupo de extorsionadores que vende protección bajo amenaza, mientras el Estado, pasmado e impotente, se desvanece.

Es evidente que, en muchos casos, quienes deberían ejercer la autoridad formal están coludidos o son parte de las organizaciones dedicadas al bandidaje. Si en el origen fue el tráfico de drogas, propiciado por la absurda prohibición impuesta por los Estados Unidos, la principal fuente de ingresos del bandidaje, ahora esa es sólo una de sus actividades depredadoras y muchas bandas ni siquiera tienen ya el narcotráfico como uno de sus negocios, pues armados hasta los dientes como están pueden controlar diferentes actividades, a costa de la productividad general de la economía.

Así como el domingo fue un grupo de supuestos vigilantes el que detuvo a Sheinbaum, es frecuente que el retén sea mucho menos benévolo y que quienes caigan en él se queden sin pertenencias o hasta sin coche, cuando no pierden la vida en el atraco. Lo aterrador es que la normalidad anecdótica con la que tomó la candidata el asunto se ha contagiado a buena parte de la población, que no considera el tema como una causa para castigar electoralmente al partido en el Gobierno, como si no tuviera nada que ver el desastre de política de seguridad militarizada con la situación que se ha vuelto cotidiana.

A la científica Sheinbaum le pareció tan normal el asunto que declaró, oronda, que no va a presentar denuncia de los hechos ante alguna Fiscalía, ya sea la de Chiapas o la federal. Eso mismo acaban decidiendo miles de mexicanos que han sido víctimas de hechos de este tipo: no denuncian, ya sea porque les parece normal el hecho o porque no tienen confianza alguna en que el ministerio público investigue y arme un caso sustentado contra los perpetradores.

La evidencia de la crisis estatal está ahí, ante nuestros ojos y los de la candidata, pero ni ella ni sus contrincantes ha hecho algún planteamiento serio para enfrentarla. La función básica de la organización estatal, la de garantizar la seguridad del territorio, está hecha añicos, pero también muchas otras de sus tareas, como la educación o la sanidad, han quedado en estado calamitoso, lo mismo que las infraestructuras básicas, que se caen literalmente a pedazos.

Sin embargo, pereciera que buena parte de la sociedad no asocia estos fallos con los gobernantes a los que ha dado su voto, como si el desastre fuera una calamidad provocada por un destino ajeno a la acción de los políticos que piden el voto. Día a día se puede notar el deterioro de la vida cotidiana en el país –el caso del agua de la Ciudad de México es otro tema que debería haber provocado una rebelión ciudadana– pero los políticos en campaña siguen haciendo payasadas y miran a otro lado.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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