En América Latina, los progresos en la eliminación de plazos de prescripción en casos de abuso sexual infantil dan esperanza a víctimas y a la sociedad. El "derecho al tiempo" es un camino para terminar con la impunidad.
Por Victoria Dannemann
Berlín, 22 de abril (DW).- Las víctimas de abuso sexual infantil no hablan cuando quieren, sino cuando pueden hacerlo. "Lo más frecuente es que el niño no lo revele inmediatamente, sino que, como se encuentra con una serie de barreras para la revelación, no sea capaz de procesar, digerir y verbalizar su historia hasta décadas después, cuando ya es adulto”, explica a DW el psiquiatra Miguel Hurtado.
Copresidente del Grupo de Trabajo Global sobre la prescripción de los delitos sexuales contra menores y miembro del Brave Movement, activista y superviviente de abuso eclesiástico, Hurtado se ha movilizado en su España natal y en otros países para crear conciencia sobre la denuncia demorada y lograr que estos delitos no prescriban.
"Es un trauma complejo, ocurre en edades en que la víctima ni siquiera puede entenderse como tal y además la evidencia científica demuestra que se dan procesos de develación tardía, debido a las características propias de la vulneración y de la irrupción de lo sexual adulto durante la niñez; el abuso de poder se expresa en una relación asimétrica, donde además está la dependencia del mundo adulto para su cuidado", señala a DW la psicóloga chilena Vinka Jackson, sobreviviente de abuso sexual infantil, activista y miembro del Grupo de Trabajo Global.
EL TRAUMA DE LO INDECIBLE
Hurtado indica que "un estudio en Alemania con mil víctimas de abuso sexual en instituciones religiosas, tanto católicas como protestantes, muestra que la edad media con que contactaban a las autoridades era de 52 años".
Según el reciente informe sobre América Latina, publicado por el Grupo de Trabajo Global, un alto porcentaje, hasta el 80 por ciento de las víctimas, retrasan la revelación durante años, a menudo décadas. "Y cuando lo hacen se encuentran que legalmente no pueden hacer nada porque los plazos de prescripción son bastante cortos y el delito ya ha prescrito", añade el psiquiatra.
Esto es una vulneración del derecho a acceder a la justicia. Además, implica un peligro para nuevas generaciones: si el criminal no es juzgado ni condenado, no entra en el registro de delincuentes sexuales y puede seguir trabajando o siendo voluntario en contacto directo con niños.
"Hay fenómenos psicológicos propios del trauma, del estupor, de lo indecible y no poder traducir una experiencia insoportable. Están el miedo, los silencios y silenciamientos, intimidación o mensajes inducidos por el abusador. Basta decir quién te va a creer o vas a hacer sufrir a alguien, para que un niño o niña no hable", apunta Jackson.
PLAZO DE PRESCRIPCIÓN CONTRA "DERECHO AL TIEMPO"
Hurtado observa que enfrentarse a un adulto y, todavía más, a una institución poderosa como la Iglesia, es muy difícil, sobre todo en culturas poco abiertas para abordar este tema. Además, sin apoyo y acceso a terapia, que puede suponer un gasto privado que no todos pueden costear, será más complejo procesar y denunciar el crimen.
"Se vive en sociedades donde no se habla de ciertos temas o no existe educación sobre sexualidad, afectividad, buen trato. Las comunicaciones en relación con esos temas son limitadas y de modo accidental alguien puede hacer la detección... Y, pese a todo lo que sabemos, todavía cuando se comparte una historia surge la pregunta de por qué tardó tanto en contar, para qué lo hace ahora", observa Jackson, quien acuñó el concepto de "derecho al tiempo".
"El plazo de prescripción es finalmente un amparo para el abusador y un factor para seguir alimentando la impunidad. Estos delitos quedaban sin castigo simplemente por el argumento del tiempo transcurrido, cuando el tiempo era lo que necesitaban las víctimas", subraya.
Por eso, hay ya 32 países, entre ellos, Reino Unido, Suecia, Corea del Sur y Australia, que no tienen plazos de prescripción para delitos de abuso sexual infantil.
MOVIMIENTO LATINOAMERICANO POR LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
"América Latina está progresando mucho en comparación con otras regiones. Hay un movimiento muy potente a favor de las leyes de imprescriptibilidad y es muy significativo que países muy grandes y líderes regionales, como México, Colombia y Perú, hayan aprobado la medida", destaca Hurtado.
El movimiento toma fuerza: en Bolivia, el Gobierno presentó un proyecto de ley al respecto; en Uruguay, la oposición hizo lo mismo; y en Argentina, donde los plazos se han extendido en forma importante, organizaciones de Derechos Humanos lo reivindican. "Si continúa esta tendencia, Latinoamérica podría convertirse en una de las regiones del mundo donde se han abolido los plazos de prescripción para los delitos de abuso sexual contra menores", destaca Hurtado.
En Chile, esta reforma cumple cinco años. Vinka Jackson fue una de sus promotoras y la califica como "una ley histórica, trascendental. Pero, como no es retroactiva, su impacto real en la vida de las víctimas se irá viendo con el tiempo". La psicóloga destaca su aporte a nivel social: "Creó conciencia sobre las secuelas del abuso infantil y cómo profundizar en el cuidado de la niñez".
Al tiempo que se tejen redes de apoyo mutuo entre sobrevivientes y activistas del continente, Jackson apunta a la necesidad de crear comisiones de reparación para las víctimas: "Que además de comprender y acoger, gracias a esos testimonios, se pueda nutrir la política pública con vistas a la prevención de los abusos".
Junto con el acceso a la justicia que da una ley de imprescriptibilidad, "el desafío permanente es avanzar en prevención y dar una respuesta, desde la salud, a las secuelas médicas y psicológicas que deja el abuso infantil", afirma la psicóloga chilena.
ATRASOS Y OBSTÁCULOS
A pesar de la alentadora tendencia, algunos países se están quedando atrás. En Cuba y República Dominicana, el plazo de prescripción comienza a contar desde que se comete la agresión sexual, mientras en el resto de la región, donde este se mantiene, es al menos desde que la víctima cumple 18 años.
Un importante obstáculo son los Concordatos, presentes en varios países: acuerdos legales entre el Vaticano y un Estado, que regulan privilegios de la Iglesia en áreas económicas, fiscales y educativas, pero también ponen barreras a la investigación penal y dificultan su labor y la de comisiones de verdad, pues el clero puede negarse a entregar archivos. Según Hurtado, "debieran ser abolidos o al menos reformados, para que los religiosos requeridos por la justicia sean tratados como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno, y la Iglesia aporte los documentos solicitados".
Mientras tanto, la región avanza en leyes de imprescriptibilidad que traen un cambio cultural y de actitud hacia las víctimas. Además, tienen un efecto expansivo y son un precedente a la hora de presentar un proyecto legal. "Para las víctimas de países donde aún hay plazos de prescripción este tipo de medidas dan mucha esperanza de que también lo conseguirán", subraya Hurtado.
