Los episodios que tuvieron lugar en Quito han sorprendido en una región que se había afortunadamente acostumbrado a que situaciones así no eran factibles, ni podían ser consideradas hipótesis de trabajo para ningún tipo de actor político.
Por Pablo Biderbost y Guillermo Boscán
Ciudad de México, 17 de abril (TheConversation).- Aunque lo acaecido en Ecuador recientemente ha sorprendido al mundo, no es, ni por asomo, una situación excepcional. Los asaltos a embajadas y consulados han tenido lugar con una frecuencia mayor a lo deseable. Hacemos un escueto y variopinto recorrido por eventos similares en los que los espacios físicos asociados a la vida diplomática distaron de ser seguros en distintos continentes.
En 1955, tuvo lugar la toma de la Embajada de Rumania en Suiza por parte de rumanos de la diáspora opuestos al entonces régimen comunista imperante en su país de origen. En aquella ocasión, los perpretadores del asalto fueron capturados y cumplieron pena de prisión.
En 1961, policías venezolanos irrumpieron en la Embajada de Perú en la ciudad de Caracas para detener a cinco militares y tres cómplices civiles, todos ellos solicitantes de asilo en la legación diplomática. Durante el evento, el agregado de prensa fue arrastrado. El entonces embajador presentó una enérgica protesta por el ataque sin precedentes en la historia diplomática del Perú.
La Embajada de Cuba en Canadá (Ottawa) y su consulado en Montreal han sido atacados en reiteradas ocasiones por parte de, aparentemente, grupos opositores al régimen castrista radicados en Estados Unidos. El primer atentado tuvo lugar en 1966 y se registraron hasta iniciada la década de 1980. En uno de estos ataques murió un empleado de la legación. La continuidad de los ataques provocó el traslado de la Embajada a una localización mejor protegida de eventuales ataques.
1975, EL AÑO DE LOS SUCESOS DIPLOMÁTICOS
El año 1975 fue pródigo en este tipo de sucesos. El efecto contagio evidentemente fue el propiciante del ingente número de hechos semejantes en un corto periodo de tiempo. Fue tomada, por un lado, la Embajada de la antigua Alemania Occidental en Suecia por la autodescrita guerrilla urbana comunista Rote Armee Fraktion. Días después, lo fue el consulado de Israel en Johannesburgo por parte de un ciudadano del país anfitrión que asesinó tanto a funcionarios como a ciudadanos.
En aquel año, tiempo después, fue secuestrado el embajador de Egipto en la legación diplomática en Madrid y la Embajada española en Portugal fue atacada por activistas de izquierda en represalia por la ejecución de militantes durante los estertores del régimen franquista.
En agosto de 1998, las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar-es-Salaam fueron atacadas con bombas provocando la muerte de 224 personas. El episodio provocó un descomunal despliegue de funcionarios del FBI, por la cantidad de agentes desplazados, que culminó con la extradición, el juicio y la activación de condenas carcelarias de por vida de los artífices del atentado en territorio estadounidense.
En el año 2012, justo antes de las elecciones de medio término, el consulado norteamericano en Benghazi (Libia) fue brutalmente atacado, provocando la situación la muerte de tres personas (incluyendo al entonces Embajador, activo promotor del apoyo de Washington a lo que se creía entonces era un proceso firme de transición hacia la democracia).
La evidencia de asaltos es diversa si se usan criterios tanto geográficos como políticos. Sin embargo, los episodios que tuvieron lugar en Quito han sorprendido en una región que se había afortunadamente acostumbrado a que situaciones así no eran factibles, ni podían ser consideradas hipótesis de trabajo para ningún tipo de actor político.
Ni las crueles dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Videla en Argentina se atrevieron a tanto. La adhesión y transposición al derecho interno de la Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) y la Convención sobre Relaciones Diplomáticas (Viena, 1961) fueron moldeando un sentido común y un modus operandi que se ha visto quebrantado con lo sucedido en Ecuador.
UN ASALTO QUE NO SERÁ GRATIS PARA ECUADOR
Evidentemente, el asalto a la Embajada de México en Ecuador no va a resultar gratuito. El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había logrado tras de la demostración de fuerza del crimen organizado en enero concitar apoyo político interno y externo. A nivel doméstico, había logrado la aprobación de legislación sin “real” oposición parlamentaria en vistas a dotar al estado de herramientas para combatir eficazmente al crimen organizado.
A nivel internacional, se había desplegado sobre el país cierto halo de sensibilidad y empatía que, si bien no se había materializado en ayuda material concreta de fuste, era motorizada por el temor que tienen otros líderes políticos a que esta realidad se extienda por otras latitudes.
Todo esto parece haberse, parcialmente, desmoronado. Aunque no se cuenta con sondeos de opinión que calibren adecuadamente la respuesta ciudadana a la decisión de asaltar la Embajada, la oposición ecuatoriana ha expresado su preocupación por las implicaciones de lo sucedido en la imagen del país.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha solicitado sanciones internacionales para el país y ha acusado también a la ministra de Trabajo de traición. Aunque el Gobierno ha logrado promover transfuguismo político para mejorar su performance en sede parlamentaria, lo sucedido ha provocado una readecuación en las expectativas exhibidas al interior del sistema de partidos.
REACCIONES
En el plano internacional, México, después de haber roto relaciones diplomáticas con el país agresor, ha presentado una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la violación del principio de inviolabilidad de las sedes que albergan legaciones diplomáticas. En la demanda, se solicita la suspensión del país en las Naciones Unidas y, en caso de comprobarse la existencia de una violación de su carta fundacional, la eventual expulsión.
La actuación mexicana ha contado con la anuencia, bajo distintos mecanismos, de la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Es evidente que, sin el apoyo de estos y otros actores internacionales, resultará complejo para el Gobierno ecuatoriano diseñar y ejecutar una estrategia sostenible de combate al crimen organizado.
