La crisis diplomática entre México-Ecuador, estallada la noche del viernes pasado, tras el ataque de fuerzas policiacas y militares a la Embajada mexicana en Quito y el secuestro del refugiado y asilado político Jorge Glas, expresidente ecuatoriano, nos arroja algunas enseñanzas dignas de anotarse.

La mayoría de las veces los conflictos diplomáticos y las tensiones internacionales no son entre pueblos sino entre gobiernos, sin embargo, tienden a desatar reacciones que, en el mejor de los casos, desembocan en algunas manifestaciones de solidaridad a los respectivos gobiernos, pero en el peor de los casos se canalizan hacia un chovinismo y nacionalismo excesivos e insanos. En México, los llamados del Presidente y de la Secretaria de Gobernación a la calma y al respeto de las y los ecuatorianos en el país ha sido un acierto. El llamado debe de incluir a todas las personas migrantes y en tránsito por el país, evidentemente, por ser las más vulnerables y, desde luego, ajenas a este tipo de diferendos. Y lo mismo debería aplicarse para mexicanos y mexicanas en Ecuador.

En los primeros días de esta crisis, en un intento para reducir su impacto, los medios corporativos principales del país andino dieron más relevancia a los justificantes internos, esgrimidos por el Presidente Daniel Noboa y su Secretaría de Relaciones Exteriores, y las presuntas responsabilidades mexicanas en el asunto. Menos espacio tuvieron las graves repercusiones y condenas internacionales, las consecuencias inmediatas y de mediano plazo para el país, y sobre todo el hecho de que se creó un precedente muy peligroso a nivel latinoamericano y mundial que rompe las reglas básicas de convivencia entre Estados y en las relaciones internacionales.

Fue un acto entre lo ingenuo y lo estúpido, pero sí planeado, útil para fines de compactación de la opinión pública interna, con vistas al referéndum del 21 de abril en Ecuador: la consulta pide al pueblo se exprese sobre un paquete de preguntas que cristalizan lo ensayado en los últimos meses, desde que se decretó el estado de excepción y el conflicto armado no internacional, y apuntan a militarizar la seguridad pública y establecer políticas justicialistas y de mano dura. El ataque a la Embajada me parece una acción comparable, en otro contexto y con las debidas proporciones, a la decisión de la junta militar argentina de invadir las islas Malvinas y declarar guerra al Reino Unido en 1982.

Problemas internos de seguridad y económicos, un aumento de las violaciones a los derechos humanos en aras de “conseguir la pacificación”, la lucha contra “enemigos internos” funcionales a mantener enfoques securitaristas y control social, la conformación del discurso y la represión entorno a la lucha contra el narco o la subversión, pero también contra la corrupción, y la voluntad de cementar el consenso interno provocando una crisis con otro país, son elementos presentes en ambos casos.

Jorge Glas es considerado un perseguido político por México según una posición y argumentos legítimos y, en esta línea, por cada vez más integrantes de la comunidad internacional. Recordemos que el expresidente Rafael Correa, involucrado en el mismo caso judicial que Glas, tiene asilo político en Bélgica.  Ya en 2021 y 2022 el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, había expresado claramente preocupaciones por el trato y la seguridad de Glas en prisión, pidiendo medidas de resguardo al Gobierno ecuatoriano y señalando irregularidades en el juicio del “caso Sobornos”.

Los argumentos de la Cancillería y la Presidencia ecuatoriana para justificar la invasión de la Embajada mexicana son débiles y muy probablemente van a ser rechazados ante la Corte Internacional de Justicia, a la que México ya ha presentado el caso y que, a la postre, debería sancionar al país sudamericano con multas y con restricciones a la participación en organismos multilaterales. La sanción o el reconocimiento del atropello al Derecho Internacional deberán ser contundentes para paliar, por lo menos, los daños que el ataque ha causado al sistema de relaciones diplomáticas mundial. 

“La justicia no se negocia”, ha repetido el empresario bananero, mandatario de Ecuador, para justificar la ruptura del Derecho Internacional, y, parafraseando, esto significa que el conflicto interno y el estado de excepción pueden justificar, entonces, cualquier cosa, reforzando así la idea de que el preso Jorge Glas, quien ya cumplió condena, está realmente expuesto y en riesgo.

Tardó bastante Estados Unidos en expresar su condena al ataque contra la Embajada mexicana, debido al juego de intereses geopolíticos en la región y a su interés en mantener a raya el correísmo y a Revolución Ciudadana (partido del expresidente Rafael Correa). El país norteamericano ve con buenos ojos la posibilidad de que se profundice el enfoque militarista y securitarista en el Ecuador, lo que siempre representa un gran negocio para la venta de armas, las agencias injerencistas de aquel país y los sectores económicos del “capitalismo antidrogas”. Asimismo, en el espacio de influencia del Comando Sur estadounidense, la tendencia es apoyar gobiernos, como el de Noboa, que se muestren, como en Argentina con Milei y, antes, con Macri, “necesitados” de capitales y maleables, abiertos a la inversión de compañías norteamericanas, a la explotación y despojo de recursos naturales y humanos o, inclusive, a la instalación de bases y colaboraciones militares.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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