En la mañana del 2 de abril intervine en Esteri, el programa dedicado al análisis de noticias internacionales de Radio Popolare, histórica emisora radiofónica de Milán, mi ciudad natal. La inquietud desde el otro lado del charco, respecto de México, era conocer los motivos y las dinámicas de la violencia, sobre todo en este periodo electoral y en el estado de Guanajuato, en Celaya, tras el asesinato de Gisela Gaytán, aspirante a la Alcaldía por Morena. 

Violencias en Guanajuato

Esto ocurrió justo el día de arranque de las campañas electorales locales, en el contexto de violencia que azota la entidad, con más de tres mil 100 homicidios en 2023 y, desde 2018, en el primer lugar por este tipo de delito a nivel nacional. Celaya ha sido, junto con Irapuato, Salamanca y León, un epicentro de la inseguridad dentro del corredor industrial en sus múltiples facetas: desigualdades, conflictos laborales y dinámicas de expulsión; polos de crecimiento económico que conviven con territorios y poblaciones segregadas; grupos armados criminales y alta presencia de fuerzas militares; masacres endémicas, desapariciones y fosas clandestinas; disputas de negocios, nodos logísticos y de distribución, guaridas y casas de seguridad o entrenamiento, laboratorios, áreas territoriales y recursos varios por parte de “cárteles” como Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima y sus aliados dentro de los poderes político y económico. ¿Qué es o quiénes son el “crimen organizado” en Guanajuato? El contexto local puede describirse como un entramado macrocriminal complejo y articulado de cogobierno y contubernio. Tocar estos intereses o simplemente declarar intenciones de mover equilibrios establecidos puede costar la vida.

Según la investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE en el micrositio Votar Entre Balas, en lo que va del sexenio hubo mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra funcionarios del ámbito político y gubernamental o instalaciones de partidos o gobiernos, y Guanajuato lleva la delantera en este tipo de violencia, pues fueron 129 los asesinatos: Celaya, Tarimoro e Irapuato han sido los municipios con más casos, así que lamentablemente la tendencia de los poderes fácticos criminales armados a establecer control violento sobre los municipios guanajuatenses no es nueva, al contrario. 

Y Celaya

En varias administraciones locales priman esquemas de paralegalidad y gobernanza político-criminal, en donde las zonas “grises” de interacción y colaboración entre el crimen y las instituciones configuran espacios de impunidad para los perpetradores y de indefensión de las víctimas y la sociedad en general. 

Esto se refleja, a mi juicio, en el gran y acelerado crecimiento de delitos y violaciones graves a los derechos humanos en Guanajuato, como son las desapariciones, que pasaron de 621 en 2018 a cuatro mil 119 en enero de 2024, y las más de 400 fosas clandestinas halladas en los últimos cuatro años, algunas de las cuales son masivas y han sido excavadas impunemente en contextos que podemos definir como “sitios de exterminio”. Celaya, con tan solo el 6.1 por ciento de la población guanajuatense, tiene el dato de 502 personas desaparecidas, lo que representa el 12.2 por ciento del total en el estado.

Gisela fue asesinada con disparos de arma de fuego detonados desde una moto cerca del mercado de San Miguel Octopan, un pueblo conocido porque el 2 de mayo de 2023 allí fue víctima de homicidio la buscadora Teresa Magueyal, del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien buscaba José Luis Apaseo Magueyal, su hijo desaparecido en Celaya el 6 de abril del 2020. Ella es una de las nueve personas buscadoras que fueron asesinadas desde 2018 en Guanajuato, mientras que sigue desconocido el paradero de Lorenza Cano, del colectivo Salamanca Unidos Buscado Desaparecidos, privada de su libertad por un comando armado en Salamanca el pasado 15 de enero.

Votos, drogas y violencia

Sandra Ley y Guillermo Trejo, en su libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México (debate, 2022) elaboran un enfoque original, aplicando la ciencia política al crimen organizado y a la violencia a gran escala, que es muy pertinente para tratar de comprender las posibles causas y los contextos de los 86 asesinatos políticos que registra la página Votar Entre Balas en lo que va del año. Veamos sus principales y valiosos aportes.

La “zona gris de la criminalidad” se define como un “espacio ecológico” de intersección del Estado y del crimen. La conjunción de “especialistas estatales en violencia” y criminales genera el fenómeno del crimen organizado. Esto es más común en regímenes autoritarios o en transiciones deficitarias a la democracia, en donde las élites gobernantes no abrieron procesos serios de justicia transicional, no quisieron o no pudieron reformar las fuerzas de seguridad, el sistema judicial heredado de la época anterior o las fiscalías. Así, se dejaron semillas para el mantenimiento de “la zona gris” y de violencias criminales a gran escala, relacionadas con la competencia electoral, el pluripartidismo y la descentralización del poder político. Los especialistas estatales tienden a entremezclarse o ser reclutados en las filas de grupos armados paramilitares y criminales como los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.

Los cárteles mexicanos escalaron el conflicto en ciertas regiones, cuando el país, entre finales de los 80 y los años 90, transitó del autoritarismo monopartidista al pluralismo electoral y de Gobierno, ya sea por la vía democrática, como en Baja California en 1989, o de forma pactada, como en Guanajuato en 1991. La policía y las autoridades judiciales estatales tuvieron un papel central en el desarrollo de redes informales de protección de grupos criminales organizados durante la era priista, por lo que el comienzo de la alternancia partidista y los movimientos en puestos clave en ciertos estados fue un posible factor explicativo del estallido de la violencia y disputas criminales en aquel entonces.

¿Cómo? Digamos que la alternancia y la remoción de personal judicial, policiaco y de las fiscalías, junto con los cambios abruptos en la economía local y global tras la firma del TLCAN, en estados en que ganó la oposición política del PAN o del PRD, fueron factores que trastocaron temporalmente las redes de protección criminales preexistentes. Ante esta incertidumbre los grupos delincuenciales formaron milicias privadas de defensa y, luego, de ataque a territorios colindantes o, inclusive, lejanos, en contra de sus adversarios, sobre todo en municipios en donde estos también iban perdiendo temporalmente la protección estatal. Este proceso causó también una escalada armamentista y de ejércitos privados, en el contexto del creciente contrabando de armas y drogas, y del aumento exponencial de los flujos lícitos e ilícitos a través de las fronteras norte y sur. Asimismo, fue modificándose paulatinamente la relación de fuerza dentro de las áreas grises de cooperación o connivencia político-criminal-empresarial.

El giro dramático del 2006

Desde 2006, se da un giro y la violencia relacionada con los llamados “cárteles”, la cual crece tras la intervención federal y la militarización de la “guerra a las drogas” de Felipe Calderón. La evidencia documentada por Trejo y Ley es contundente: en el contexto de polarización política postelectoral del 2006, en que el proceso resultó viciado y Calderón ganó con un margen muy pequeño y dudoso, el Gobierno politizó la aplicación de la Ley, el Poder Judicial, la ayuda a los estados, la seguridad pública y la intervención militar, lo que ha estimulado aún más la violencia letal en México, pero especialmente en los estados gobernados por la oposición política de izquierda. Veamos algunas de sus conclusiones:

• La violencia ligada al narcotráfico y los grupos criminales fue más intensa en municipios de estados gobernados por la izquierda en el periodo 2006-2012;
• Lo anterior no se debió a “incompetencia”, sino al conflicto intergubernamental (entre niveles de Gobierno con partidos distintos en el poder), reforzado por Calderón en contra de la entonces izquierda partidista que no había reconocido su victoria;
• Hay ejemplos de estados fronterizos con dinámicas parecidas, pero con tasas de violencia homicida muy distintas: Michoacán y Guanajuato, Michoacán y Jalisco, Michoacán y Guerrero (o Zacatecas, de izquierda, vs Chihuahua o Baja California, de derecha)

La intervención federal se desagrega en el ámbito militar, judicial, comunicativo y de política social, por lo que hubo distintas trayectorias de ésta, ya sea siguiendo patrones de cooperación, cuando los gobiernos locales eran del PRI o del PAN, o de conflicto partidista entre niveles de Gobierno, cuando se trataba de la oposición: entonces, los grupos delincuenciales aprovecharon estos conflictos para invadir territorios desprotegidos, escalar la violencia y atacar a políticos locales, con el fin de articular “regímenes de gobernanza criminal” desde lo local y, luego, en territorios colindantes. Atacaron más a políticos y candidatos en donde era alto el conflicto partidista intergubernamental y en donde estos eran considerados más vulnerables, desprotegidos, sobre todo durante los ciclos electorales o en la fase de instalación de los gabinetes. Lo descrito fue amplificado por una serie de acciones deliberadas desde la Presidencia de la República.

Los grupos criminales atacaron cada vez más a políticos y candidatos para infiltrarse en las campañas y los gobiernos locales, transformándose en gobernantes locales de facto: lo anterior permite una mejor comprensión de los motores de la violencia criminal en México (y América Latina), enfocándose en los detonantes políticos y electorales del crimen organizado, y la violencia criminal a gran escala, de la cual son muestras los asesinatos de funcionarios y candidatos que se intensifican en época de campañas. 

Regreso al 2024

La evidencia analizada por Trejo y Ley se refiere a los sexenios anteriores y a un régimen político, económico e ideológico distinto del que, aun con altibajos, se está construyendo en el México de la 4T. En este sentido, una línea abierta para la investigación es justamente dar continuidad y examinar el sexenio qua va acabando. Considero que la relación entre violencia política, electoral y criminal, por un lado, y los conflictos entre niveles y partidos de Gobierno, por otro, pudo haber cambiado, al menos en parte, porque las políticas y enfoques de seguridad, los programas sociales, las instituciones dominantes y la gubernamentalidad neoliberal de las presidencias de Calderón y Peña Nieto también han tenido transformaciones. Aun así, ciertas dinámicas se han vuelto inerciales, casi estructurales, con tendencias de largo plazo que todavía no se revierten porque no han culminado procesos de reforma de la procuración e impartición de justicia a todos los niveles o de esclarecimiento histórico de crímenes del pasado más o menos reciente, así como reformas policiacas de gran calado y asentamiento de una democracia plena, más allá de las alternancias.  

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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