Una de las acciones de las que pueden hacer uso los consumidores, en caso de que alguna empresa o prestador de servicio incumplan con el producto o servicio que ofertaron, es una acción colectiva, un recurso jurídico que nos permite organizarnos en grupo para denunciar a empresas cuando afectan nuestros derechos como consumidores y consumidoras.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Una de las problemáticas a las que se pueden enfrentar los ciudadanos es cuando alguna empresa vende productos con defectos a un gran número de personas, o que, aún cuando los consumidores y consumidoras pagan, se niegan a prestar un servicio o hacer efectiva la garantía.
En las redes sociales, en medios de comunicación, se han difundido casos de inmobiliarias que venden viviendas con fallas o irregularidades, también historias de aerolíneas que venden boletos, pero cancelan sus vuelos. Estos son solo algunos casos, y para este tipo de situaciones existen recursos de los que los consumidores pueden echar mano.
En esta emisión del programa En Defensa del Consumidor, que se transmite por Estudio B, canal de SinEmbargo Al Aire, la periodista Montserrat Antúnez dio a conocer que existen mecanismos respaldados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que los ciudadanos puedan interponer recursos jurídicos en el momento que se vean afectados por un prestador de servicio.
Una de las acciones de las que pueden hacer uso los consumidores, en caso de que alguna empresa o prestador de servicio incumplan con el producto o servicio que ofertaron, es una acción colectiva, un recurso jurídico que nos permite organizarnos en grupo para denunciar a empresas cuando afectan nuestros derechos como consumidores y consumidoras.
Las acciones colectivas permiten que los afectados se organicen en grupo para denunciar a las empresas cuando afectan los derechos de los consumidores. Por ejemplo, al incumplir la entrega de un bien o servicio, por publicidad engañosa, cobros indebidos, mal servicio o por otras prácticas abusivas.
Se trata de un recurso jurídico al que puede recurrir un grupo de al menos 30 personas afectadas por el mismo problema, o sea, con una causa común o parecida. Estas demandas contra las empresas que afectaron a los consumidores son presentadas a través de la Profeco y a las empresas se les solicita la reparación del daño.
Para ahonda en el tema, Chantal Reyes, abogada en El Poder del Consumidor, explicó que “una acción colectiva es un instrumento o una herramienta jurídica para la defensa y protección de una colectividad o un grupo de personas que han sido afectadas o dañadas por algún proveedor o empresa”, dijo en entrevista con la periodista Montserrat Antúnez.
“Estas acciones colectivas se interponen ante los tribunales federales, es decir, es un juicio tramitado ante un juez y que se emite una sentencia”, detalló Reyes, quien agregó que quienes pueden interponer este tipo de acciones colectivas son actores muy específicos, así como asociaciones civiles.
“Quienes pueden interponer este tipo de acciones colectivas son actores muy específicos por ejemplo, la Profeco, la Profepa, Condusef, Cosefd, las asociaciones civiles pueden interponer acciones colectivas y también colectividades que estén conformadas cuando menos por 30 personas afectadas y mediante su representante legal”, explicó la abogada.
También señaló que los consumidores cuentan con tiempo de hasta tres años y seis meses para interponer la denuncia por el daño que se les generó o la afectación de la que fueron objeto, tiempoen en el que pueden interponer una acción colectiva ante la Profeco o una queja colectiva de esta misma dependencia, lo que dependerá del caso.
“Las acciones colectivas son un juicio jurisdiccional ante un juez, mientras que las quejas colectivas son un procedimiento administrativo, se tramitan directamente con la Profeco, pero si la Profeco se da cuenta que empieza a recibir muchas quejas en torno a una misma afectación en contra del mismo proveedor y empresa, entonces analiza estas situaciones y puede determinar interponer una demanda de acción colectiva por esa afectación en común”, dijo la abogada Reyes.
Para ello se recomienda, en primer lugar, que la persona afectada se acerque “a la delegación más cercana de la Profeco”, a donde deberá acudir con una copia de la identificación oficial, así como con los “estados de cuenta o contratos o aquel documento que compruebe esta relación con este prestador de servicio, con esta empresa y que le permita a la Profeco identificar cuál es la afectación”.
La Profeco será la que te asesorará para determinar si tu inconveniente deriva en una queja o en una acción colectiva que ya está en trámite, a la que cualquier otro afectado por la misma se puede adherir pese a que la acción colectiva se haya iniciado con antelación, siempre con la representación gratuita de la Profeco.
“Algo muy benéfico de este tipo de instrumento es que, debido a que afectan a muchas personas consumidoras, cualquier persona afectada se puede sumar en cualquier momento del proceso. Si ya está abierto y tú te enteras apenas te puedes sumar, incluso hasta 18 meses después de que se emitió una sentencia, se puso fin a este juicio y se determinó la reparación del daño”, destacó la abogada.
“Parte de los beneficios de sumarte a una acción colectiva que ya está en curso es que, por una parte, estás en igualdad de condiciones con estas empresas abusivas o con la situación de daño que estás sufriendo, y al final estás en una igualdad procesal, en la que el juez va a juzgar y va a analizar las pruebas de ambas partes, pero también tú tienes acceso al juicio sin ningún costo. La Profeco hace la representación de forma gratuita”, subrayó.
“Otro de los beneficios es que la sentencia que dicte un juez va a aplicar a toda la colectividad, a todas las personas afectadas así sean millones (...) esto implica apropiarse de las herramientas legales que existen y de alguna forma también interponer estos juicios en contra de las empresas para generar presión y que estas prácticas no se sigan cometiendo”. añadió Reyes.
Sobre los casos de éxito de la Profeco, destaca el que se interpuso en contra de la “empresa llamada Casa Sara, una empresa inmobiliaria. El caso es de 2010 y en esa época la Profeco empezó a recibir muchas quejas individuales en contra de la empresa, estas quejas se convirtieron en quejas colectivas”, recordó la abogada.
“Las afectaciones que señalaban las personas consumidoras es que les entregaban las viviendas en condiciones y una calidad que no habían pactado, o que no les habían entregado la vivienda en el plazo establecido, a partir de esto la Profeco analizó el asunto y determinó que estas acciones, estas quejas colectivas, tenían todos los elementos para transformarse en una acción colectiva”, agregó.
Aunque el litigio duró varios años, en los que se fueron adhiriendo decenas de personas, un juez federal finalmente “determinó que la empresa era responsable y le obligó a pagar una cantidad de dinero, más una indemnización adicional del 20 por ciento por estos daños”, lo que no sólo benefició a las personas que participaron en el juicio, también a personas que no denunciaron pero sí “pasaron por las mismas situaciones de esta inmobiliaria”.
Recientemente, la Profeco ganó un juicio de acción colectiva contra la gasolinera Rojas Pallares Ultraservicio S.A. de C.V, denunciada porque de 2018 hasta agosto de 2020 vendió litros incompletos de gasolina regular, premium y diésel, en Guanajuato. De igual forma, anunció que celebró un convenio judicial con Grupo Naturgy por reclamaciones presentadas de enero de 2017 a julio de 2022, por lo que las y los consumidores aún pueden sumarse a ambas acciones.
La Profeco mantiene abiertos los siguientes juicios de acción colectiva para que las y los consumidores se sumen:
– Contra FunTicket y MusicVibe, por la cancelación unilateral del concierto de Luis Miguel que se realizaría en diciembre de 2023 en Guanajuato.
– *Contra la aerolínea Aeromar, por la cancelación, pérdidas de vuelos, equipaje, negativa a prestar servicios, sobreventa de vuelos y cobros indebidos.
– Contra Ticketmaster y OCESA por la cancelación unilateral de boletos y la negativa a la devolución del monto pagado de 2020 a la fecha.
– Contra Sony México por afectaciones relacionadas con la compa de la consola PlayStation 5.
– Contra Dell México, por la venta de equipos de cómputo.
– Contra la Universidad Autónoma de Durango por afectaciones a estudiantes de medicina, a quienes les cobraron cuotas de inscripción y colegiaturas de perorado y servicio social de los que no les informaron al contratar el servicio educativo.
– En contra de Graduaciones Vallejo, Diamante Graduaciones y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como obligada solidaria. La denuncia se presentó por el incumplimiento en la entrega de paquetes de graduación egresas y egresado de la Facultad de derecho de las generaciones 2013-2017 y 2014-2018
– Contra Novirsa S.A. DE C.V., conocida comercialmente como "Novirsa París" por la venta de "productos engaño", pues no cumplieron con la calidad, características y condiciones con las que fueron ofrecidos originalmente. La acción contempla afectaciones a consumidores y consumidoras entre los años 2019 y 2021.
– En contra de D'Europe Muebles por el incumplimiento o demora en la entrega del producto o la negativa a la devolución de dinero.
