“La libertad es una forma de autonomía humana que consiste en pensar por sí mismo y actuar según su propio criterio” 

Michel Onfray.

“La medida de la libertad de expresión es decir a la gente lo que no quiere oír”

 Slavoj Zizek 

La libertad de expresión incomoda, de ahí la necesidad de sus enemigos de intentar hacer imposible su ejercicio. Cuando se extrema su vigilancia, en los hechos, se está suprimiendo el derecho a la opinión personal y pública, con la intención de uniformizar las voces o prohibir el ejercicio de la palabra absuelta, ambos recursos constituyen la mayor afrenta a la libertad, pero, lo que rebasa todo límite es utilizar las instituciones para beneficiar a grupos o partidos políticos cuyos intereses no necesariamente coinciden con el interés general o con el fortalecimiento de la democracia; por lo regular recurren a estos medios agrupaciones que se distinguen en la difusión de mentiras y falsedades para substituir los hechos y la realidad con la intención de engañar a la gente, ocultar su pasado, borrar la memoria histórica y pretender restablecer el pasado para frenar el impulso vital del pueblo por el cambio.

La vulneración de la libertad de expresión se ha vinculado históricamente con gobiernos autocráticos o dictaduras que censuran la independencia, la libertad y la pluralidad de los individuos o de la opinión pública; también se silencia cuando grupos de poder controlan las instituciones.

El 25 de marzo pasado el INE ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no referirse a la oligarquía como “corrupta” y abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir opiniones o hacer señalamientos sobre temas electorales, sea en forma positiva o negativa. No es la primera vez que el INE hace este tipo de ultimátum; lo ha hecho en diferentes ocasiones y el Ejecutivo se ha sometido a sus recomendaciones, sin embargo, sospechosamente no aplica el mismo rasero a la oposición que de manera constante polemiza con él, le falta el respeto, insulta, lo denuesta, lo acusa falsamente de errores inexistentes, escarnece su persona y defenestra la figura presidencial sin recibir el más mínimo apercibimiento.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que comprende la libertad de pensamiento, de expresión, de información, manifestación de opiniones e ideas personales y colectivas, sin censura, sanción, castigo o represalias de cualquier tipo; como todo derecho, la libertad de palabra y opinión conlleva responsabilidades y restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Según las Naciones Unidas, cuando se atenta contra la reputación de otros, del orden público, se comprometa la seguridad de la Nación, la salud, la moral y la tranquilidad publica, se calumnia y se incita a la violencia verbal con la intención de dañar a un individuo o a los miembros de la colectividad. 

Vistas las cosas de esta manera, el corolario es: ¿Quién rehúye el debate público bloqueando al enemigo? ¿Quién niega el derecho de réplica y reprime la crítica? ¿Quién miente para manipular al electorado? ¿Quién mangonea al INE para limitar la libertad de expresión y al mismo tiempo asegura no violarla? La oligarquía corrupta ¿Y el INE, al ponerse a su servicio, no viola las libertades cuando aplica restricciones y censura al Presidente cediendo a la presión de los poderes fácticos y de los partidos de derecha o todavía nuestras instituciones son tan débiles que se dejan corromper y manipular por las élites?

En la actual contienda electoral nadie ignora que las élites buscan recuperar el poder político y el poder sobre los individuos sin importar los medios, en un contexto de esta naturaleza, las instituciones deben mostrar su fortaleza ante las pretensiones de los partidos, principalmente de la derecha; si el INE y los tribunales electorales han demostrado no estar al servicio del Gobierno, entonces no basta con ser neutrales, hay que parecerlo, no cediendo ante la mínima presión de la oposición. Es más, por primera vez la “maquinita de contar los votos” no está controlada por el Gobierno, de ahí que no se valga cedérsela, por presiones o por venalidad, a la oligarquía corrupta. Las élites y la derecha política, todos sabemos, en la actual coyuntura se valen de medios deshonestos e indebidos para combatir al Gobierno y a la izquierda partidaria y están involucrando a las instituciones democráticas pervirtiéndolas que, a los ojos del electorado se ven demasiado blandas con la oposición y excesivamente rigurosas con el ejecutivo. Es obvio, la derecha no está compitiendo electoralmente, está en guerra con el Gobierno, pide su derrocamiento, no por el deseo de servir al país, sino para restaurar sus privilegios; proyecto sólo alcanzable a condición de destruir la base popular que lo sustenta: la popularidad de AMLO. El camino elegido, como se ha repetido hasta el cansancio es la mentira, el engaño, la manipulación y el uso faccioso de la Ley. Intención natural en aquellos que tratan de acumular más bienes, mayor riqueza y cuyas ambiciones no tienen límite; lo que no es válido es que conviertan a las instituciones en cómplices de este insaciable “impulso de poder”, característico de quienes tasan el poder por la riqueza. 

Bien, tanto el INE, como los tribunales electorales deben ser más rigurosos a la hora de juzgar sobre las quejas presentadas por alguno de los bandos, lo que no debe es ceder a los caprichosos deseos y a la voluntad de poder de la derecha; su paroxismo in crescendo es producto del resultado de las encuestas nada favorables a sus candidatos y lo peor, todavía desconocemos los medios a los que recurrirán para satisfacer su hambre de poderío y dominación; pues en política, la  potencia volitiva se desenfrena y en afán de alcanzar el objetivo final dejan de importar los medios. Lo que debe evitarse en este momento es que continúen sometiendo a los organismos electorales para materializar su proyecto; si estos dejaran de ceder a sus reclamos y a la presión de los medios de comunicación con seguridad en la próxima elección se daría un paso gigantesco hacia la consolidación de la democracia en México.   

Ahora bien, este método de instrumentalizar la Ley para imponer fines de clase o de grupo lo denominó Bertrand Russell “poder desnudo”, se caracteriza por el empleo de la propaganda para confundir y fanatizar a la masa, a la que obliga a ir contra sus propios intereses; el proceso se desarrolla, según el filósofo, en tres fases: 1) se fanatiza a los sectores más conservadores y tradicionalistas de la población; 2) se infunde miedo y temor en la población periférica para neutralizarla, hasta hacer que se incline por la restauración de los poderes conservadores y, 3) una vez cumplidas estas dos condiciones, el colectivo, en su mayoría, optará por la restitución de los viejos poderes y callará ante la supresión de toda oposición o disidencia (Bertrand Russell. El poder de los hombres y de los pueblos. Vol. II. Editorial Aguilar); el procedimiento está en uso en Argentina, ahí, el Gobierno de Milei ha aplicado en toda su pureza este poder desnudo, una forma despiadada de gobernar que echa mano de medios violentos para imponer a las masas un Gobierno no sometido a leyes ni regulaciones para implantar el poder desnudo del absolutismo.

Desde la visión del filósofo inglés, este estilo de gobernar, desata la imaginación más perversa y hace de ella un uso malvado de la fuerza material del Estado. El gobernante deja de lado la Constitución y gobierna a través de decretos, una manera facciosa de Gobierno que permite la creación rápida e incuestionable de legalizar abusos extremos en la conducción de la cosa pública; surge cuando un poder fanático compite por el Gobierno y opta por la supresión del otro, al que no ve como un competidor, sino como enemigo al que hay que eliminar. Para Russell, el poder económico, muchas veces desestimado por los dominados, es despiadado a la hora de defender sus privilegios, los pueblos se dan cuenta (como en Argentina) hasta que es tarde para arrepentirse. En el globalizado neoliberalismo esta forma de poder busca la dominación total en la economía, la política y lo social, elimina la democracia e impone el totalitarismo del mercado; lo que en ocasiones no se comprende es que este proyecto se presenta como un programa civilizatorio, principalmente en los medios de comunicación, que identifican esta ideología con el triunfo personal, el éxito, el acceso al consumo, la riqueza y el individualismo. 

Que el INE prohíba al Presidente utilizar términos como “oligarquía corrupta”, que le niegue el derecho de réplica, que lo obligue a no responder a sus detractores, de no referirse a temas electorales ya sea en forma negativa o positiva, en suma, coartar su derecho a decir lo que piensa, a compartir información, mantener la comunicación con el pueblo y expresar sus opiniones va contra una sociedad abierta y contra los derechos individuales, es el equivalente a llevar a la cárcel a un disidente; es un abuso de autoridad que criminaliza la libertad de expresión; el lado chusco del asunto es que quieren controlar hasta la semántica del lenguaje.

Melvin Cantarell Gamboa

https://www.sinembargo.mx/author/melvincantarell/

Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.

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