“Los gobiernos tienen que trabajar junto con la sociedad civil para asegurarse de que las familias que quedan atrás, sin saber el paradero de sus seres queridos, puedan tener más acceso a los restos de personas que han muerto”, declaró Jorge Galindo, vocero del Instituto Mundial de Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Por Renata Brito y Kerstin Sopke
BERLÍN (AP).— Hace más de una década, la muerte de 600 migrantes y refugiados en dos naufragios en el Mediterráneo cerca de las costas italianas conmocionó al mundo y llevó a la agencia de migraciones de Naciones Unidas a empezar a documentar el número de personas fallecidas o desaparecidas cuando viajaban a otros países para escapar del conflicto, la persecución o la pobreza.
Gobiernos de todo el mundo han prometido de forma reiterada salvar vidas migrantes y combatir a los contrabandistas al tiempo que refuerzan sus fronteras. Sin embargo, 10 años más tarde, un reporte publicado el martes 26 de marzo por el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) mostraba que el mundo no es más seguro para la gente que se traslada.
Al contrario, las muertes de migrantes se han disparado.
Desde que comenzaron los registros en 2014, más de 63 mil personas han muerto o están desaparecidas y dadas por muertas, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos, y 2023 fue el año más mortal documentado.
“Las cifras son bastante alarmantes”, dijo a The Associated Press Jorge Galindo, vocero del Instituto Mundial de Datos de la OIM. “Vemos que 10 años después, la gente sigue perdiendo la vida buscando una mejor”.
Las muertes, señalo el reporte, son “probablemente apenas una fracción de la cifra real de vidas perdidas en todo el mundo” debido a la dificultad de obtener y verificar la información. Por ejemplo, en la ruta del Atlántico de la costa occidental africana a las Islas Canarias españolas se ha reportado la desaparición de barcos enteros, lo que se conoce como “naufragios invisibles”. De forma similar, se cree que innumerables muertes en el desierto del Sahara quedan sin registrar.
Incluso cuando se documentan las muertes, más de dos tercios de las víctimas quedan sin identificar. Eso puede deberse a falta de información y recursos o simplemente a que identificar a migrantes muertos no se considera una prioridad.
Los expertos han descrito el creciente número de migrantes fallecidos no identificados en todo el mundo como una crisis comparable a las víctimas masivas que se producen en tiempos de guerra.
Tras cada muerte anónima hay una familia que enfrenta el “impacto psicológico, social, económico y legal de las desapariciones sin resolver”, un doloroso fenómeno conocido como “pérdida ambigua”, señaló el reporte.
De las víctimas cuyas nacionalidades conocía la OIM, una de cada tres huyó cuando huía de países en conflicto.
Casi el 60 por ciento de los decesos registrados por la OIM en la última década estaban relacionados con el ahogamiento. El mar Mediterráneo es la tumba migrante más grande del mundo, con más de 28 mil muertes registradas en la última década. También se han registrado miles de ahogamientos en la frontera entre México y Estados Unidos, el océano Atlántico, el golfo de Adén y, cada vez más, la bahía de Bengala y el mar de Andamán, donde migrantes rohinya desesperados zarpan en embarcaciones abarrotadas.
“La capacidad de búsqueda y rescate para asistir a los migrantes en el mar debe reforzarse, en línea con el derecho internacional y el principio de humanidad”, indicó el reporte.
Actualmente en el Mediterráneo, “la gran mayoría de la búsqueda y el rescate la hacen organizaciones no gubernamentales”, dijo Galindo.
Cuando comenzó el Proyecto Migrantes Desaparecidos en 2014, la opinión pública europea empatizaba más con la situación de los migrantes y el Gobierno italiano había lanzado “Mare Nostrum”, una gran misión de búsqueda y rescate que salvó miles de vidas.
Pero la solidaridad no duró, y las misiones europeas de búsqueda y rescate se fueron reduciendo de forma progresiva ante el temor de que animaran a los contrabandistas a enviar aún más gente en barcos más endebles y letales. Ahí fue donde intervinieron las ONG.
Su ayuda no ha sido siempre bien recibida. En Italia y Grecia han encontrado cada vez más trabas legales y burocráticas.
Tras la crisis migratoria de 2015-2016, la Unión Europea comenzó a externalizar el control de fronteras y los rescates marítimos a países norteafricanos para “salvar vidas” al tiempo que se impedía que los migrantes alcanzaran las costas europeas.
Los controversiales acuerdos han sido criticados por activistas de derechos humanos, en especial el de Libia. Guardacostas libios con instrucción y financiamiento de la UE han sido vinculados con traficantes de personas que explotan a los migrantes que son interceptados y llevados a precarios centros de detención. Un grupo de expertos respaldado por la ONU ha concluido que los abusos cometidos contra los migrantes en el Mediterráneo y Libia podrían suponer crímenes contra la humanidad.
Pese al auge de los muros fronterizos y la vigilancia redoblada en todo el mundo, los contrabandistas siempre parecen encontrar alternativas rentables, que llevan a los migrantes a rutas cada vez más largas y más peligrosas.
“Hay una ausencia de opciones seguras de migración”, dijo Galindo. “Y esto tiene que cambiar”.
