David Fernández Dávalos, miembro del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad (MEH) sobre la guerra sucia, expuso en entrevista cómo el Ejército se negó a transparentar el archivo de la investigación de 2002 sobre los “vuelos de la muerte”.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es el heredero del Centro de investigación y seguridad nacional (Cisen) y de la Dirección Federal Seguridad (DFS), se han negado a entregar una serie de archivos de la guerra sucia, entre ellos los relacionados con los «vuelos de la muerte», que tendrían que estar ya en el Archivo General de la Nación, los cuales fueron sustraídos de nuevo y llevados al Centro Nacional de Inteligencia y que no han sido entregados de nuevo al escrutinio público, denunció en entrevista David Fernández Dávalos, miembro del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad (MEH) sobre la guerra sucia.
“El Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional se han negado a trasladar los archivos de la época relativos a graves violaciones a los derechos humanos también al Archivo General de la Nación, pero incluso nos han obstaculizado y negado la posibilidad de que nosotros investiguemos en muchas carpetas, muchos archivos, que debían estar a disposición del público en el archivo de concentración de la propia Sedena. Es decir, a pesar del mandato del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en un decreto especial, ha sido desacatado y se nos han puesto múltiples obstáculos para la consulta de estos archivos”, señaló Fernández Dávalos a “Los Periodistas”.
El integrante del Mecanismo puso como ejemplo el archivo de la investigación de 2002 sobre los “vuelos de la muerte”, como se le conoce a la práctica perpetrada durante los años 70 por elementos del Ejército que consistía en ejecuciones de disidentes políticos en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, cuyos cuerpos eran arrojados al mar en vuelos nocturnos para desaparecer así todo rastro.
“Nosotros, las personas comisionadas de la Comisión de acceso a la verdad solicitamos el expediente completo. Nos dijeron que nos lo podían dar, pero teníamos que pagar alrededor de 9 mil pesos, 10 mil pesos y que nos iban a dar una versión testada, es decir censurada con tachadas y cosas. Nos dieron la tercera parte de la investigación y nos dijeron que después nos darían las otras dos partes. Acudimos de nuevo a pedir las otras dos partes y nos contestaron que ya no nos las iban a dar porque estaba abierta una averiguación previa sobre el tema y que eso hacía que fueran documentos confidenciales”, expuso.
David Fernández indicó que esto es absolutamente falso, “es un invento de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos las pruebas donde nos responden eso y entonces nunca nos entregaron ni siquiera la versión testada de esta averiguación. Afortunadamente la tiene (la información) el Centro Prodh y la tienen algunos otros periodistas y nosotros hemos podido conocerla, pero quisimos evidenciar que ni siquiera aquellos documentos que tendrían que ser públicos y a los que están obligados a entregar según la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia no han sido puestos a disposición de nuestra comisión y del público en general por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Esos vuelos fueron reconstruidos mediante tecnología 3D por la organización SITU Research de Nueva York y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Siguiendo el rastro de Alicia de los Ríos Merino —una joven militante desaparecida forzadamente en 1978— el proyecto muestra las distintas fases de la práctica, desde el traslado de las víctimas a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta hasta los vuelos.
“Han surgido (estas) nuevas informaciones que han ofrecido algunas víctimas, algunos familiares y también hemos conocido una investigación que el propio Ejército realizó en 2002 sobre estos vuelos de la muerte que están ofreciendo datos respecto del mecanismo que utilizaban para ejecutar estas acciones, los personajes que las operaban y también algunos de las algunos de los perpetradores que ordenaban estas maniobras absolutamente criminales de arrojar personas, algunas vivas, algunas muertas, al mar”, refirió.
El integrante del Mecanismo recordó que los artífices directos de estos vuelos fueron los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro. “Ahora lo que tenemos son pruebas, testimonios directos y también algunos interrogatorios en los que participó Miguel Nazar Haro. Estos tres fueron probablemente los agentes perpetradores. Ya en el momento de emitir nuestro informe se pondrán los elementos que dan sustento a esta afirmación, pero en la misma investigación de los militares, a ésta que me he referido, se señalan las responsabilidades de los dos primeros generales a los que me he referido”.
Cuestionado respecto a un posible involucramiento de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, quienes gobernaron en este periodo de la contrainsurgencia, precisó que desde el mecanismo no se han encontrado elementos para probar que haya habido una instrucción presidencial expresa sobre esta y otras violaciones a los derechos humanos. “Sí podemos hablar de que había una tolerancia de hecho a las conductas que el Ejército realizaba. Es decir, había una autonomía importante de parte del Ejército y una tolerancia de todo el Poder Judicial de todo el Poder Ejecutivo respecto de estos métodos de combate a la insurgencia, armada y a otros grupos de disidencias diversos. Era una especie probablemente de ‘no te informo y no me preguntes’”.
“También podemos afirmar que hubo algún tipo de pacto de impunidad que se mantiene hasta el día de hoy de ‘no te preocupes va a haber respaldo, no te vamos a investigar, no te vamos a castigar, lo importante es detener la subversión castigar a las disidencias que ponen en riesgo, la seguridad Política del Estado’… y esto es lo que ha acontecido”.
—¿Tenemos idea de cuántas personas aproximadamente pudieron haber sido víctimas, específicamente de este método de desaparición de los vuelos de la muerte? —se le preguntó.
—No, desafortunadamente. Lo que sabemos es que se realizaron a lo largo de seis años. Podremos documentar alrededor de 50 vuelos de la muerte que están registrados como vuelos locales y nocturnos o como vuelos al mar también y que en cada uno de estos vuelos, por lo menos cinco personas podían ser llevadas para ser arrojadas al mar. Son los datos de los que disponemos, pero hay que recordar que en este periodo estamos hablando alrededor de 1000 personas desaparecidas, más o menos se discuten los números, pero sí, en estos vuelos de la muerte podemos documentar 50 de ellos con alrededor de 5, seis personas en cada uno de ellos, lo que da una cifra de entre 250 a 300, pero es muy aventurado de mi parte dar una cifra porque hay otros vuelos que no han sido registrados. Por ejemplo, conocemos bitácora bitácoras de uno de los dos aviones Aravá, que por cierto se compraron al Estado israelí o al gobierno de Israel, pero no conocemos los del otro entonces eso eso podría decir.
—¿Hay evidencias de que el Secretario General de la Defensa del Gobierno de Echeverría avaló estas prácticas?
—Sabemos que había una relación muy estrecha y directa, por ejemplo de Acosta Chaparro con el General Secretario en esos momentos. Es lo que nosotros sabemos y sí, hay una serie de operaciones, el plan telaraña, por ejemplo que eran aprobados por los más altos mandos del Ejército en ese momento. Es lo que nosotros podríamos sostener una relación cercana, el conocimiento de los planes operativos contrainsurgentes y la aprobación de parte del General Secretario en ese momento.
