El pasado lunes 18 de marzo, Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, dio a conocer la actualización de las cifras de personas desaparecidas en México. En realidad, presentó avances potenciales en la ubicación de personas que, si fueran verificados y formalizados por la autoridad correspondiente, con la debida participación y notificación a las familias denunciantes, podrían considerarse en algún momento como “localizaciones” y disminuir la cifra de personas actualmente desaparecidas en el país. 

Ya en diciembre y enero se había explicado, en varias ruedas de prensa que comenté en este mismo espacio, cómo la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría del Bienestar, mediante un convenio firmado el 3 de marzo de 2023, estaban trabajando el otrora llamado “censo”, ahora “Estrategia de Búsqueda Generalizada”, con el fin, teóricamente, de progresar en la localización de las casi 115 mil personas desaparecidas en el país, que son las reportadas todavía hoy en el Registro Nacional (RNPDNO). 

Convenio

Por el momento, a un año de comenzada la estrategia, el desenlace no es muy tangible y, en cambio, ha habido varios momentos de zozobra y controversia. Ha sido mínimo el esfuerzo para la identificación de los más de 52 mil cuerpos no identificados, resguardados en instalaciones forenses de todo el país, pues el Centro Nacional de Identificación Humana de la CNB, el Banco Nacional de Datos Forense, que no ha querido implementar la Fiscalía General de la República, y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, son logros de luchas legales y sociales movimiento de familiares que han sido desactivados. 

El referido convenio, que todavía fue firmado por Karla Quintana y Alejandro Encinas, del lado de Gobernación, y Ariadna Montiel, por Bienestar, tenía por objeto establecer la colaboración entre las dos instituciones para “validar la información con que cuenten”, o sea, hacer el cruce de bases de datos para cotejarlas, y “realizar acompañamiento para acciones de búsqueda en vida”. Esto último ha sido objeto de polémica y crítica porque finalmente los servidores de la Nación, mucho más numerosos que los funcionarios de la CNB, han terminado por suplantar a la Comisión en las labores de búsqueda que son su prerrogativa. Quintana en agosto de 2023 dejó su cargo, mencionando que se debía, en aquel momento, a “los contextos actuales”, de los que también es parte la aplicación de la citada estrategia de búsqueda.

Necesariamente, para acompañar en campo las búsquedas y las visitas a domicilio, han tenido que manejar datos delicados y protegidos que estaban en poder de la Comisión, relacionados con las familias y los casos de las personas desaparecidas, contradiciendo partes del mismo convenio (cláusula segunda), en donde se establece que dichas acciones “en ningún sentido” implicarán “la transferencia por parte de la CNB a Bienestar de datos personales y/o datos personales sensibles”. Aquí, hubiera sido correcto y fundamental comunicar mejor y acordar con las familias, los colectivos y personas buscadoras modalidades, preavisos y permisos para hacerlo, en su caso.

Desde hace un año, este tipo de búsqueda se ha implementado mediante cruces masivos de bases de datos con lo asentado en el Registro Nacional y, posteriormente, mediante visitas a domicilios particulares u otros tipos de instalación, en que pudieran encontrarse personas denunciadas como desaparecidas, para verificar su identidad.

Cuestionamientos

Un primer cuestionamiento es que en muchos casos las visitas a las casas han sido sorpresivas y realizadas por parte de las y los “servidores de la Nación” de la Secretaría del Bienestar y no por personal capacitado de la CNB, por lo que terminan por ser revictimizantes para las familias y poco profesionales, pues pueden despertar expectativas en las víctimas indirectas y hay testimonios de que se plantearon preguntas incómodas o exigencias a las propias familias por parte de los funcionarios públicos. 

Otro problema lo apunta Edgar Cortez en la página Red Lupa del IMDHD: “Las personas que la autoridad asegura ya fueron localizadas, es que no se dispone de evidencia que permita verificar esta afirmación; mientras que existen trabajos periodísticos que dan cuenta de casos donde la autoridad asevera que la persona ha sido localizada, mientras que las familias afirman lo contrario”. 

Alcalde dio el dato de 15 mil 158 personas localizadas con la estrategia del Gobierno, y una cifra de personas desaparecidas que, entonces, pasaría de 114 mil 815, como está todavía en el Registro Nacional, a 99 mil 729 personas. Supongo que en algún momento este nuevo dato, menor, se verá reflejado también en el Registro, mientras tanto coexisten los dos, generando incertidumbre en dos sentidos. 

Uno es que no sabemos cuándo y por parte de qué institución pública serán confirmadas las localizaciones y efectuadas “las bajas” en el Registro (o su cambio de categoría, de desaparecidas a localizadas) y su formalización legal. Es decir, con cuáles criterios y verificaciones exactamente. Pese a tener convenio, en efecto, la Secretaría del Bienestar evidentemente no está facultada para hacerlo, y deben ser los ministerios públicos (o las comisiones de búsquedas) quienes intervengan para formalizar la localización y notificarla, ya sea con o sin vida. 

Por eso entiendo que Gobernación muestra ciertas cifras, que son posibles o probables localizaciones, pero aún no puede modificar el Registro, pues sin formalización incurriría en un acto ilegal. Entonces, la estrategia comunicativa de las ruedas de prensa parece ir en la dirección de preanunciar avances potenciales, sin tenerlos todavía en los hechos, y con fallas que las familias han ido documentando poco a poco. 

¿Está trabajando la Comisión Nacional de Búsqueda en coordinación con las fiscalías y las comisiones estatales para superar estos problemas? ¿Cómo? Más que las cifras, sería interesante conocer detalles y posibles correcciones del diseño, implementación, objetivos concretos y evaluaciones de la estrategia. 

¿Por qué el Gobierno no invita o, mejor dicho, no empuja con decisión a las fiscalías estatales, a la federal y las comisiones de búsqueda a que, en el plazo de un mes, por ejemplo, ajusten y perfeccionen todas las entradas del Registro Nacional que están mal y dificultan la búsqueda, en lugar de sólo solicitarlo a las familias denunciantes? Hace falta un enfoque integral e interinstitucional. Lo mismo sucede con los demás Registros, que incluso no han sido creados, como el de Fosas Comunes y Clandestinas nacional y los estatales, o los Registros de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas que fiscalías y comisiones deberían integrar.

En el caso del llamado “censo” hubiera sido más prudente esperar, construir una estrategia compartida con los colectivos y las víctimas, capacitar mejor a funcionarios para que pudieran hacer las visitas a los domicilios, coordinarse con las fiscalías y comunicar unos resultados verificados y definitivos, en vez de adelantos bastante confusos, parciales o potenciales. Claro que eso toma tiempo, pero a la vez cimenta la confianza y la solidez de la política pública.

Fallas por atender

Otro aspecto de incertidumbre lo describió hace un par de semanas el portal A dónde van los desaparecidos, en donde el periodista de investigación Efraín Tzuc publicó testimonios de familiares dentro de una nota muy precisa sobre las fallas en al menos treinta casos de presuntas localizaciones de personas que en realidad no lo son. Dos de éstas, además, fueron borradas del Registro. Tzuc reporta las quejas de las familias, compartidas por personas académicas y activistas que trabajan sobre este tema, acerca de las “nuevas categorías” extralegales de “Personas ubicadas”, ”Con indicios”, “Con identidad sin datos adicionales” o ”Se busca reportante”, las cuales que aparecen en la clasificación y resumen de resultados de la estrategia gubernamental. 

Podrán ser provisionales y funcionales a la subdivisión de los casos en el Registro y para fines internos, sin embargo, su uso y presentación pública repentina fue desatinada. Sobre todo, si se considera el contexto crispado de la elección fast track, semirregular y sin consulta ciudadana, de la nueva Comisionada Nacional, Teresa Guadalupe Reyes, el pasado mes de octubre, lo cual no abonó a la confianza de las víctimas y a la credibilidad de las políticas en materia de desaparición y búsqueda: como con el caso Ayotzinapa, se habían logrado avances significativos e inéditos en los primeros cuatro años de la presente administración, pero finalmente se estancaron. Sería deseable que la misma Comisionada presente y encabece la comunicación pública de esta política y se abra al diálogo sobre cómo rectificar los errores. 

Cargas masivas, datos y fiscalías locales

Otro elemento dudoso es el tema de las cargas masivas de datos al Registro que deben efectuar las fiscalías y comisiones periódicamente para actualizarlo: la última reportada en la página del RNPDNO es del 30 de mayo de 2023, por la fiscalía y comisión estatal de Querétaro, con registros de años que van del 2019 al 2022. Es la más reciente, ninguna autoridad más ha aportado datos en bloques después de las de Querétaro, o bien, la página lo omite o no se mantiene al corriente. 

Otro caso es que, en Guanajuato, según el Registro, hay dos mil 633 personas desaparecidas al 19 de marzo de 2024. En el último año, curiosamente, la cifra se ha mantenido estable, alrededor de las dos mil 500 personas. Sin embargo, con datos obtenidos por transparencia de la Fiscalía General del Estado, éstas eran tres mil 951, del 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2024. 

Constantemente ha habido una diferencia entre las dos fuentes de al menos mil y hasta mil quinientas personas desaparecidas. ¿Realiza la Fiscalía de Guanajuato cargas masivas o individuales al Registro Nacional con regularidad y periodicidad? Si sumamos a la cifra de la Fiscalía los 168 casos anteriores al 2012, reportados en el Registro, tenemos en Guanajuato a la fecha cuatro mil 119 personas desaparecidas. 

¿Por qué la Fiscalía de Guanajuato comunica sus datos, restringiéndolos al periodo 2012-2024? ¿Cuántos de estos registros contienen alguna imprecisión, falla u omisión y, por tanto, no son del todo idóneos para realizar cotejos masivos de bases de datos? ¿Hay un programa urgente para corregirlo? ¿La Comisión Nacional está coadyuvando al respecto? 

La precariedad del Registro y de los resultados de la estrategia se deben a la mala construcción de ambos: los vicios de origen del Registro Nacional, heredados incluso del anterior RNPED (Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas), en su mayoría no han sido subsanados. Y la responsabilidad recae en fiscalías, comisiones locales de búsqueda y la Nacional, pues es su responsabilidad gestionarlo. Los resultados del “censo” o de la “búsqueda generalizada” se ven limitados por múltiples fallas, por la metodología adoptada, los actores involucrados, la prisa de mostrar avances y los problemas con la verificación y formalización definitiva de las localizaciones y las “bajas” de las personas desaparecidas del Registro. En tiempos electorales, se extrañan al respecto propuestas concretas, claras e integrales por parte de las candidatas y el candidato a la presidencia.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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