De 2003 a la fecha, Artículo 19 ha registrado la desaparición de 32 periodistas en México, 5 de ellos durante el gobierno de Vicente Fox, 15 en el de Felipe Calderón Hinojosa, 4 durante la gestión de Enrique Peña Nieto y 5 en el presente sexenio. Esta semana esa trágico registro pudo incrementarse con la privación de la libertad y desaparición transitoria de Jaime Barrera, reconocido y querido periodista jaliscience.  Su caso desnuda toda las complejidades de la violencia prevaleciente en el país.

En promedio han desaparecido dos periodistas por año. Tamaulipas es la entidad con mayor registro de casos (6). Le siguen Michoacán (4) y Veracruz (4). Jalisco no figuraba en la lista de estados con periodistas desaparecidos, situación que afortunadamente se mantiene con la liberación de Jaime el miércoles en la madrugada.

Con Jaime, excepcionalmente, se activaron en una búsqueda coordinada las autoridades de los tres niveles de gobierno. Digo que es excepcional porque hoy día las 110 mil personas en situación de desaparición y sus familiares no encuentran respuestas eficaces del Estado. Precisamente lo que debemos exigir como sociedad es que esas excepciones se vuelvan regla para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Hoy realizan las acciones de búsqueda sus familiares, quienes además de no tener apoyo gubernamental, están siendo agredidas y hasta asesinadas. En los últimos 14 años han asesinado al menos a 20 personas buscadoras en México, situación que incluso fue denunciada por colectivos de buscadoras y organizaciones de derechos humanos en la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos hace dos semanas.

Por otro lado, el caso de Jaime refleja la situación del riesgo que enfrenta la prensa en México. Cada 16 horas se agrede a periodistas y medios de comunicación en este país por lo que publican. Jaime fue privado de la libertad por hombres armados y “tableado” por sus captores. La idea era disciplinarlo por lo que escribía sobre la crisis de secuestros y despariciones en la entidad.

Mismo disciplinamiento social que hacen los grupos criminales en sus actividades cotidianas en otras regiones, como las publicadas hace unos días, donde se observa las golpizas a operadores de transporte público en Guerrero. El crimen define quién compra y vende, impone tributos, pero además, qué se publica y qué no. Y eso lo hace con la complicidad de autoridades.

En el caso de Jaime Barrera se cruzan de forma diáfana la crisis de desapariciones y de violencia contra la prensa, con todas las falencias y complicidades de autoridades en un contexto de macrocriminalidad. Pero falta un elemento igual de preocupante: la revictimización social.

Una vez liberado, Jaime y su familia sufrieron una campaña deleznable de cuestionamientos en redes sociales. Señalan que todo fue un montaje para afectar al gobierno de Enrique Alfaro (MC) y beneficiar a MORENA en las próximas elecciones estatales. Este mezquino razonamiento deriva de la militancia de Itzul Barrera, hija del periodista, en el partido MORENA.

Ese país somos, el que impone a las víctimas la carga de probar los hechos que les agravian y el dolor que arrastran. Somos una sociedad frustrada que frente a la inoperancia del Estado entra en un estado de negación profunda. Pero una cosa es el desdén social ante las sucesivas crisis de derechos humanos que ha padecido el país en los últimos 60 años; y otra cosa es subirse a una campaña orquestada desde espacios políticas para desacreditar a las víctimas. Lamentable, pero sobre todo, doloroso en un momento que necesitamos más solidaridad social.

El regreso con vida de Jaime debe ser motivo de celebración, pero sobre todo, de mucha reflexión sobre la situación del Estado y de nuestra sociedad de cara al contexto de inseguridad y violencia imperante.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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